Balance local

La remunicipalización del agua en Terrassa cumple 5 años ante "el impás de saber si la empresa es rentable”

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Un grifo de agua abierto

Un grifo de agua abierto / Pixabay

Clàudia Mas

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Este diciembre de 2023 se cumplen cinco años desde que se hizo efectiva la remunicipalización del servicio del agua en Terrassa (Vallès Occidental). En 2018, Taigua, la empresa pública de gestión de agua de la ciudad, tomó el relevo de la compañía privada MINA Aigües de Terrassa, fundada en 1842. Una medida impulsada por el consistorio liderado por el entonces socialista Jordi Ballart, hoy reelegido alcalde con Tot per Terrassa, que fue incentivada desde el movimiento social, capitaneado a su vez por la Taula y el Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT).

A pesar de este cambio, MINA aún mantiene dos contratos abiertos con el Ayuntamiento, algo que no favorece la culminación del traspaso total a manos públicas. Algo a lo que se le añade el recelo del OAT, que sigue desde sus inicios el proceso con lupa: “Como colectivo, garantizamos la rigurosidad de la gestión para velar por la accesibilidad del agua, un servicio básico”, dicta la presidenta de la entidad, Sonia Giménez, quien lamenta que no se tenga lo “suficientemente en cuenta su opinión en las decisiones estratégicas”. 

Por su parte, desde el consistorio hacen un balance positivo desde que el servicio pasó a manos públicas: “Nos permite aplicar medidas de forma ágil y priorizar inversiones más convenientes”, afirman fuentes municipales, y añaden la importancia de este servicio público ante el contexto actual de sequía. ¿Pero, actualmente, cuál es el balance de la situación en cuanto a beneficio económico, ingresos, nuevas tarifas? Estas son las claves para entender las luces y sombras en torno a la remunicipalización del agua en la cuarta ciudad con más habitantes de Catalunya.

Datos e inversiones

La municipalización de la gestión del agua no comporta beneficios económicos como tal. O, al menos, así lo apuntan fuentes del Ayuntamiento de Terrassa. La fórmula que emplean (compartida con la mayoría de administraciones en los servicios municipalizados) es invertir el capital del resultado de ejercicios anteriores para mejorar el servicio como resultado de los. 

Durante el primer año, explican desde el consistorio, no se contabilizaron las inversiones. En cambio, entre 2020 y 2022, las inversiones medias fueron de 2,5 millones de euros anuales. El 2023 se prevé cerrar con 5 millones y para 2024 se proyecta una financiación de <strong>8 millones de euros</strong>

Por su parte, la Taula del Agua y el Observatorio del Agua (OAT), que actualmente forma parte del Consejo de Administración de Taigua, cuestiona la posibilidad de realizar todas inversiones que se quieren proyectar. Así, la presidenta del OAT, Sonia Giménez, manifiesta que actualmente “Taigua se halla en el impás de saber si la empresa es rentable”, fruto de las grandes inversiones "necesarias" que se plantean.

Giménez lo tiene claro: para que la empresa sea solvente, se necesitan unas tarifas adecuadas: “Los precios han de ser suficientes y ajustarse tanto para la ciudadanía como para la empresa”. 

Manifestación por la municipalización del agua en Terrassa, el pasado domingo.

Manifestación por la municipalización del agua en Terrassa, el pasado domingo. / ACN

Nuevas tarifas 

Ante la necesidad de adaptarse al contexto actual, el consistorio ha realizado una modificación de las tarifas, que se habían congelado durante estos últimos cinco años (de hecho, los precios no se han modificado en los últimos diez años y durante dos décadas habrían mantenido el mismo sistema tarifario). Un cambio del cual el Ayuntamiento de Terrassa se enorgullece, debido a su “carácter progresivo”. Así, las nuevas tasas se han delimitado con<strong> tres tramos de consumo</strong>, con una penalización al segmento que más agua gaste, para cada vivienda. 

Por su parte, el Observatorio critica una doble vertiente, más allá del ‘calendario’ para modificar la tarifas que para los socialistas -el principal partido de la oposición- se tendían que haber modificado previamente "y no esperar a qué pasaron las elecciones", tal y como denuncia Alfredo Vega, primer secretario del PSC en Terrassa y y que también fue alcalde tras heredar la municipalización. Por su parte, la presidenta del OAT critica, por un lado, la falta de imponer cuatro tramos para penalizar a los que consuman más agua; y, por otro lado, lamentan la que la ciudadanía no tenga la suficiente accesibilidad para conocer los cambios de la tarifación. 

De todos modos, la presidenta aporta una visión realista: “Es evidente, ante el contexto actual, que necesitamos que la gente consuma menos agua y así ahorrar, pero a su vez, la empresa más que nunca necesita obtener más ingresos”. Al final, lo reduce a una “paradoja” que es “necesario tener en cuenta” tanto por el contexto de crisis climática como el de inflación y los precios al alza.  

Contratos abiertos con MINA 

El traspaso de la antigua empresa MINA, que estuvo en funcionamiento durante 75 años en la ciudad, se convirtió en un largo entramado que llegó a los tribunales (con varios contenciosos cruzados entre la empresa privada y el consistorio). De hecho, aún quedan dos contratos abiertos por los que MINA aún sigue cobrando del consistorio. 

Así, para realizar la transición del nuevo servicio, el consistorio optó por formalizar múltiples acuerdos con MINA para “agilizar y garantizar un buen traspaso”. De todas formas, gran parte de los contratos ya han finalizado o lo harán este año, como es el caso del alquiler de las oficinas (a partir de enero ya se realizará el traslado a unas nuevas dependencias). De todos modos, el contrato que sí seguirá vigente durante el 2024 es el de soporte informático, cuando Taigua haya finalizado la migración a los nuevos sistemas.

Una situación criticada por el PSC, ya que para ellos “cinco años más tarde, el proceso podría haber sido mucho más ágil”. Vega, por su parte, no descarta la posibilidad de que el consistorio tenga que “prorrogar el contrato”, un hecho que tilda de “preocupante”. 

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