Educación y protección de datos

Las escuelas de España usan Google. Dinamarca ha dictaminado que viola la privacidad de los niños.

Primera trinchera de escuelas para ofrecer una alternativa a Google

Cinco años de la ley de europea de privacidad de datos

Libros, lápiz y ordenador, la realidad de la educación contemporánea

Libros, lápiz y ordenador, la realidad de la educación contemporánea / EDUARDO PARRA

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

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Mientras las escuelas de España siguen usando los servicios de Google de forma generalizada, Dinamarca va camino de restringirlos. La autoridad danesa de protección de datos (Datatilsysnet) ha descubierto que el uso que el gigante tecnológico estadounidense hace de los datos de los estudiantes viola la ley europea sobre privacidad.

En un comunicado emitido el miércoles, el regulador danés dictaminó que Google no tiene base legal para extraer y utilizar "para sus propios fines" los datos de los alumnos que realizan sus tareas escolares con el ordenador portátil Chromebook y con el servicio de aprendizaje Google Workplace for Education.

Ordena a 53 municipios del país que ajusten sus prácticas para dejar de transferir datos de los estudiantes al gigante tecnológico

Hasta ahora, Google ha usado los datos de los estudiantes para medir el rendimiento y desarrollar nuevas funciones —algunas de ellas basadas en inteligencia artificial (IA)— para su plataforma educativa, pero también para su navegador Chrome y su sistema operativo. La interpretación de Datatilsysnet es que ese uso contraviene la legislación al no garantizar la privacidad de los niños y las niñas.

La decisión no se traduce directamente en una prohibición de los Chromebooks, pero sí establece importantes límites

El regulador sí permite el uso de datos para la prestación de servicios, la mejora de su seguridad, facilitar la comunicación y cumplir con las obligaciones legales.

Prohibición a la vista

En su resolución, la autoridad afirma que las ciudades danesas no hicieron un trabajo suficientemente exhaustivo para determinar el riesgo que suponen los productos de Google antes de autorizar su uso en los colegios locales. En consecuencia, ordena a un total de 53 municipios del país ajustar sus prácticas para dejar de transferir datos de los estudiantes a Google u obtener una base jurídica y garantizar que la compañía se abstenga de ese uso ilícito.

Los ayuntamientos tienen hasta el 1 de marzo para explicar cómo acatarán la decisión. A partir del 1 de agosto se prohibirán completamente los usos no autorizados de los datos. Esa restricción no se traduce directamente en una prohibición de los Chromebooks, pero sí establece importantes límites. Google podría optar por cambiar sus métodos para adaptarse a la ley europea de protección de datos. De no hacerlo, sí se podría llegar a la progresiva eliminación de estos ordenadores de las escuelas de Dinamarca.

En 2022, Datatilsysnet ya dictaminó la prohibición del uso escolar de los productos de Google, pero solo en la localidad de Helsingør.

La autoridad danesa ha tardado cuatro años y medio en llegar a su conclusión. Fue entonces cuando un padre y activista preocupado por la presencia de Google en las escuelas, Jesper Graugaard, advirtió al regulador de que la compañía podía estar incurriendo en un uso idebido de los datos de los menores, como así se ha documentado.

¿Y en España?

Los chromebooks de Google llevan años extendiéndose por los colegios de los países europeos, entre ellos España. Su implantación ha generado recelos especialmente entre los defensores de los derechos digitales, que exigen a las autoridades apostar por alternativas públicas que no se lucren con los datos de los estudiantes. "Es preocupante que las instituciones no vean sospechoso que una empresa comercial con tantos beneficios esté dispuesta a digitalizar gratuitamente un ámbito como la educación", explica Simona Levi, fundadora de la plataforma activista Xnet. "Los centros educativos tienen que ser soberanos de los datos y los contenidos que generan".

Preguntada por EL PERIÓDICO, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha señalado que no ha recibido denuncias similares al caso danés. El regulador español contempla en su estrategia investigar las herramientas digitales que se usan en los centros educativos y garantizar que estas se adecuan a la normativa.

El año pasado, la AEPD abrió un expediente sancionador a la Consejería de Educación de Canarias por no incluir una evaluación de impacto en su convenio con Google, lo que supone una violación de la ley europea. Sin embargo, varios expertos, entre ellos los de Xnet, lo tacharon de insuficiente. "Aunque es cierto que están extremadamente desbordadas, las autoridades regulatorias están siendo demasiado prudentes cuando deberían ser proactivas", valora Levi. "No hay que esperar a las denuncias de particulares e ir instituto por instituto, sino actuar como lo que es: un problema sistémico".