El avance electoral en Catalunya deja en el limbo leyes sobre vivienda y protección del litoral y la alta montaña

El 'no' a los presupuestos de la Generalitat para el presente año ha derivado en un avance electoral en Catalunya. Pero más allá de los efectos políticos, están las consecuencias legislativas, pues todas las leyes que estaban en proceso de debate y posterior aprobación o denegación en el Parlament han vuelto a la casilla de salida. El próximo Govern deberá terminar la faena, pero también podría echar por tierra todo lo hecho hasta ahora. El Departament de Territori ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, con las normativas de su negociado que han quedado congeladas. Tienen que ver con el derecho a la vivienda y también con la protección tanto de la montaña como del frente litoral.

Una de las leyes cuya tramitación se ha detenido es la de Alta Muntanya. Es probablemente el caso más sangrante de todos, pues se trata de una normativa que ya se quiso actualizar en 2011. La ley vigente se aprobó en 1983, y la renovación parte de la idea de dotar al territorio de más autonomía y mayor poder de decisión, entre otras cosas, con la creación de la Oficina Tècnica d'Alta Muntanya, que haría las funciones de observatorio y elaboraría un plan de actuaciones estratégicas a seis años vista.

Exposición pública

La nueva ley abarcará el Aran y las comarcas de la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà y el Ripollès. En conjunto, son 144 municipios que ocupan el 27,8% de la superficie de Catalunya y que aportan el 2% de la población. El Departament de Territori tenía previsto someter la ley a exposición pública este mes de marzo, de manera que pudiera ser aprobada a finales de 2024. Por ahora, no sucederá ni una cosa ni la otra.

Pasa algo muy parecido con la ley del Conservatori del Litoral de Catalunya, que la Generalitat ha sometido a información pública durante el primer trimestre de 2024 con el objetivo de que pasara el corte del Parlament antes de dar el salto a 2025. Está destinada a ser una herramienta de protección y recuperación de las zonas del litoral más amenazadas por la urbanización a lo largo de 580 kilómetros de costa. Con estas dos leyes se habría dado forma al mismo tiempo a la protección de la costa y de la montaña, una coincidencia seguramente buscada que por ahora deberá esperar.

Otra reforma legal cuya tramitación queda detenida por el avance electoral es la Llei de Territori, un proyecto que se arrastra desde 2017, cuando su anteproyecto se sometió a exposición pública. La reforma debía llegar al Parlament después de verano, pero ya no podrá ser. O si más no, será el próximo ejecutivo catalán el que deberá decidir qué hacer con esta normativa destinada a sentar las bases de las futuras actuaciones de ordenación del territorio en Catalunya, con la mirada puesta, sobre todo, en las zonas más ruralizadas. Uno de los objetivos de la ley, de hecho, es dejar de plantear el urbanismo desde el punto de vista metropolitano, de manera que cualquier actuación tenga una visión estratégica de país.

Promotores sociales

Por último, el bloqueo presupuestario que ha derivado en las elecciones del 12 de mayo ha frenado dos modificaciones legislativas que tienen que ver con la vivienda. La primera es la reforma del decreto ley 1/2015 para poder ampliar el derecho de tanteo en las zonas de mercado residencial tensionado. La segunda es la modificación del artículo 51 de la Llei pel Dret a l'Habitatge de manera que se pueda ampliar el marco legal para favorecer la aparición de más y nuevos promotores sociales en Catalunya.

En lo que sí sigue trabajando el Departament de Territori, a pesar del avance electoral, es en la ley de transporte en vehículos de hasta nueve plazas. La actual normativa se aprobó en 2003, cuando no existían plataformas como Uber o Cabify y las VTC se limitaban al público exclusivo. Los teléfonos, de hecho, todavía no tenían el apellido de 'inteligentes'.

Cada uno en su sitio

La idea del Govern es poner orden en la batalla que desde hace casi 10 años mantienen los taxistas y las licencias de alquiler de vehículos con conductor. Guerra a la que, en los últimos tiempos, se han unido las plataformas de intermediación como Free Now. Los responsables de transportes de Territori han mantenido varias reuniones con los representantes del sector, y la idea es que la nueva ley siente las bases sobre lo que pueden y no pueden hacer cada uno de los protagonistas: taxistas, VTC de plataforma, VTC clásicas y compañías de contratación del servicio de taxi. El siguiente equipo que tome posesión de la conselleria se encontrará el trabajo hecho, pero puede suceder con que no comulgue con las decisiones tomadas. Y vuelta a empezar. Como con todo.