Las oenegés recelan del traspaso de inmigración a Catalunya: "Si la competencia es para expulsar a gente será un retroceso"

Las entidades sociales y los movimientos de acogida a los migrantes en Catalunya se muestran expectantes y precabidos ante el pacto entre Junts y el PSOE para transferir las competencias en materia migratoria a la Generalitat. El hecho de no conocer ni el alcance de la medida ni cómo se estructurará ese traspaso de competencias hace que muchas oenegés duden del acuerdo.

"Nadie sabe qué efectos tiene este acuerdo. El poder de la gestión de la inmigración es muy importante y queremos saber para qué lo quieren"

Sin embargo, todos coinciden en subrayar la necesidad de que esas competencias deben ofrecer derechos humanos a los migrantes. Y aluden a las palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha defendido que Catalunya pueda decidir si expulsa o no a migrantes que sean delincuentes multirreincidentes. "Si Junts pide el traspaso para expulsar y hacer más devoluciones de personas, el traspaso será un retroceso. Iremos mal", insisten varias asociaciones consultadas por EL PERIÓDICO.

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La gestión de la inmigración en España es por ahora una competencia exclusiva del Ejecutivo central, capitaneado por el Ministerio de Inclusión en lo que respecta a la acogida y por el Ministerio del Interior en relación a las devoluciones y permisos legales. Esto incluye el control de la frontera sur, la devolución de inmigrantes a otros países, pero sobretodo la gestión de los permisos de residencia y de trabajo.

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Las entidades sociales que atienden a los migrantes conocen de sobras los resortes e incapacidades de este sistema. Recuerdan, ejemplo, la saturación en Barcelona del sistema de citas para pedir asilo, renovar o tramitar un permiso de residencia y de trabajo en España. "Llevamos meses con el sistema de citas colapsado, no hay forma de hacer un trámite", se queja Maria Creixell, miembro de la Coordinadora Obrim Fronteres.

Dos opciones: más o menos derechos

"Nadie sabe en serio qué efectos tiene este acuerdo. Estamos todo a la expectativa. Es evidente que el poder de la gestión de la inmigración es muy importante y nos interesa saber para qué lo quieren, qué quieren hacer con este poder, qué propuestas tienen", plantea Creixell. Ella, y otras muchas entidades, ven dos opciones: o que el traspaso suponga apostar por los derechos humanos y las vías legales y seguras para que los migrantes lleguen a Catalunya y no mueran en el mar, o que suponga la opción securitaria que prime las devoluciones y las restricciones de derechos.

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Por ello, las declaraciones de Jordi Turull sobre la expulsión de migrantes que sean delincuentes multirreincidentes ha alertado a las oenegés. Obrim Fronteres lo relaciona con VOX y la ultraderecha independentista. "Si la intención es regularizar las condiciones de vida digna y el acceso a los derechos de los migrantes, estamos de acuerdo con el traspaso. Pero si prefieren agilizar las expulsiones de caracter administrativo, estamos totalmentente en contra ya que no se estarán respetando las garantías y derechos", apunta Soraya Ares, directora de la oenegé Bayt al-Taqafa.

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"Hay que poner en el centro la atención a las personas, especialmente las que están en situación administrativa irregular, y trabajar en políticas de acogida y la convivencia", insiste también Maria del Carmen de la Fuente, directora de la oenegé Migrastudium.

Populismo y racismo

"Nos preocupa que después de este acuerdo se prime el discurso antisolidario de Junts que manipula y simplifica los datos para hacer creer a la sociedad que tenemos un problema con los extranjeros y la delincuencia. Esto es solo populismo que alimenta el discurso del odio", lamenta por su parte Sonia Ros, portavoz de la plataforma Stop Mare Mortum.

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"Lo preocupante aquí es que quien está negociando este posible traspaso de competencias no lo plantea para mejorar los derechos de los migrantes en Catalunya, sino que lo hace con un discurso que vincula los estereotipos racistas, los relaciona con la delincuencia y la necesidad de fomentar las expulsiones", opina el abogado del colectivo Iridia, Andrés García Berrio.

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De hecho, la idea que tienen las oenegés de cómo debería gestionarse la inmigración va en el sentido opuesto. Por una parte, piden permitir la expedición de visados en los países de orígen. "Si la gente que quiere pedir asilo o quiere viajar a España lo puede hacer de forma legal desde su país, evitaríamos las muertes en el mar", expone Ares.

La apoya Creixell, que también propone más personal de atención para facilitar y agilizar las citas y los trámites de extranjería en Catalunya. "No puede ser que haya personas sin papeles y sin derechos porque el sistema de citas está colapsado", denuncia.

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De la Fuente también se pregunta si este acuerdo permitiría acabar con la ley de extranjería y crear una ley propia en Catalunya. "Necesitamos flexibilizar los criterios para que una persona pueda tener permiso de residencia y de trabajo, hay miles de personas sin derechos y totalmente excluidas socialmente", insiste De la Fuente. De hecho, el pasado diciembre el Gobierno anunció una reforma del Reglamento de Extranjería "para simplificar trámites y mejorar la protección de los derechos".

Papel mojado

Las entidades consultadas temen que, de tener las competencias, la Generalitat no esté por la labor. Ya ocurrió con la competencia de acogida a los refugiados, que a pesar de estar transferida, es inexistentes. "La Generalitat dice que es porque el Gobierno no les transfiere los fondos", señala Creixell. "La Generalitat siempre ha vulnerado los derechos de los migrantes. Estamos cansados de los planes de asilo que no aplican nunca, son papel mojado. De las mesas simbólicas de expertos, de las meras declaraciones de que si tuvieran competencias lo harían mejor: cuando lo han podido demostrar no lo han hecho", se queja Ros. Hace referencia, por ejemplo, a la acogida de los menores migrantes solos, cuya acogida es competencia exclusiva de la Generalitat.