Trastornos mentales, abandono escolar y conductas de riesgo: la Síndica señala los efectos de internar a menores en centros

A día de hoy, en Catalunya hay 8.186 niños y adolescentes tutelados por la Generalitat, ya que sus progenitores no pueden hacerse cargo de ellos. Más de la mitad, el 56%, viven en centros de menores de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). "Estos niños son víctimas por partida doble: han sufrido en sus casas, porque por algo se retira la tutela, pero también viven esta separación de sus padres como un doble castigo", ha señalado la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas. Esta mañana la Sindicatura ha presentado un informe en el que señala los déficits que tienen estos menores por no poder vivir en una familia, y pide cambios a la Conselleria de Drets Socials para que cambie este funcionamiento lo antes posible.

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La fecha para presentar este informe sobre la desinstitucionalización de los menores protegidos por el Govern no ha sido casualidad. Este lunes es el Día Internacional de los Derechos de los Niños, y uno de ellos es poder vivir en el seno de una familia. Hoy existen 4.589 menores en Catalunya que no cuentan con esa suerte. "Tienen derecho a vivir en una familia, y el hecho de estar institucionalizados tiene impactos negativos en su desarrollo: están separados de su entorno, de todos sus familiares, de su escuela, de sus amigos y de sus rutinas diarias. Se les pide un enorme esfuerzo de adaptación, siendo víctimas de sus progenitores. Sin embargo, los centros están regulados por criterios organizativos y no tanto con los vínculos afectivos de un hogar", ha expuesto Giménez-Salinas.

La Síndica reclama más apoyos para la familias y para los padres de acogida, y cuestiona el funcionamiento de algunos centros de menores

De hecho, el informe subraya algunos de los déficits que sufren estos menores. "Tienen mayor prevalencia de abandono escolar y más problemas de salud mental, trastornos y malestar. Y en la adolescencia desarrollan conductas de riesgo: los chicos se escapan de los centros, tienen problemas con la justicia y registran mayores tasas de consumo de sustancias y de conductas heteroagresivas. Las chicas, por su parte, son más propensas a la victimización sexual, buscando vínculos que no han tenido", ha expuesto Bernat Albaigés, asesor de Infancia de la sindictura. El informe también señala que más de la mitad de estos centros tienen más de 20 plazas. "Hablamos de niños que tienen convivir con otros 40 o 50 que también cargan mochilas como las suyas, no son los tipos de centros deseables, deberían tener menos de 20 plazas", ha añadido Albaigés.

Dos años, de media

De media, los niños se pasan dos años en cada centro en el que viven. Solo el 19% vuelve a casa con sus padres. El 80% restante cumple la mayoría de edad en los centros de la DGAIA. "Hay que trabajar para que puedan volver con sus padres o para que puedan ir con una familia", insiste la Síndica. Salinas se ha mostrado alarmada por el número creciente de niños menores de 3 años que ingresan en los centros de protección. "Esto no puede ocurrir, que haya niños que hayan vivido más tiempo en un centro de menores que con una familia", ha insistido. A día de hoy, hay más de un centenar de menores de 0 a 3 años en estas circunstancias.

Recursos para las familias

Según la Síndica, no se trata de que no haya medios suficientes, pero urge cambiar la forma de actuar. Primero, ha pedido más apoyo para las familias antes de que se tome la decisión de retirar la tutela y separar a los niños de sus padres. Uno de cada tres actos de desamparo se toma por negligencias en la crianza. "Son imprudencias o conductas no intencionadas, porque son padres que no tienen habilidades parentales de las cuales ellos a veces también han sido víctimas o debido a la situación socioeconómica", ha apuntado la Síndica. "En algunos casos, una ayuda económica o apoyo parental podría ayudarles y evitar muchas retiradas y separaciones", ha insistido Giménez-Salinas.

Polvorín en los centros de menores tutelados por la Generalitat

Salinas también ha reclamado medios para las familias extensas. Es decir, aquellos familiares de segundo o tercer grado que se hacen cargo de los menores cuando a los padres se les retira la tutela. "Hay familias que no se pueden hacer cargo porque no tienen recursos. Si se les pudiera ayudar más, estos niños tampoco terminarían en centros", ha añadido. A día de hoy, hay 2.359 menores viviendo con familiares de segundo o tercer grado. Menos de un millar permanecen con familias de acogida. "Hay que potenciar esta tipología de familias y entornos acogedores", ha insistido la Síndica, recordando también que existen varios modelos de familias profesionalizadas que no se han desplegado pero que sí funcionan en otros países de nuestro entorno.

El informe también hace una leve crítica al funcionamiento de algunos centros de menores. Según su estudio, los trabajadores son muy jóvenes y existe una alta rotación, lo que impide que se puedan estrechar fuertes vínculos y tener algún tipo de apego emocional parecido al de una familia. También ha insistido en que el gasto de un centro de menores es diez veces mayor del que implica una familia de acogida. "Estos medios se podrían reconvertir para hacer mucha más prevención", ha insistido Salinas.