niños vulnerables

¿Qué es un CRAE y por qué la Generalitat retira custodias?

2.000 menores viven en Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) porque sus familiares no pueden hacerse cargo de ellos

Catalunya mantiene medidas de protección a 8.448 niños y adolescentes, el 0,6% del total de la población menor de 18 años

Acogida 8Una menor, en el CRAE Maria Assumpta de Badalona.

Acogida 8Una menor, en el CRAE Maria Assumpta de Badalona.

Elisenda Colell

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Catalunya mantiene medidas de protección a 8.448 niños y adolescentes, el 0,6% del total de la población menor de 18 años. Un total de 1.998 de estos menores viven en Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) de la Generalitat, espacios con acompañamiento educativo, en la mayoría de los casos gestionados por entidades sociales o fundaciones. Residen ahí porque no tienen otro espacio al que acudir: la Generalitat decreta que sus padres no pueden hacerse cargo de ellos (el Govern asume su tutela) y tampoco sus familiares ni familias de acogida. Como estos menores, hay otros 2.846 niños y adolescentes viviendo en centros parecidos pero con otras particularidades, y 3.578 más que sí residen en el hogar de una familia, ya sean tíos o abuelos, o familias de acogida temporal.

La ley catalana de Derechos y Oportunidades de la Infancia (14/2010) regula las situaciones en las cuales la Generalitat debe intervenir para detectar situaciones de riesgo para los menores y, en caso de confirmarlas, actuar retirando la custodia de los padres. Los casos pueden llegar a través de una llamada telefónica de alerta de un vecino o familiar, un aviso de los Mossos, la escuela, los servicios sociales o los pediatras. Si es un caso grave que requiere actuación de urgencia acude la Unidad de Detección y Prevención del Maltrato Infantil (UDEPMI), un servicio que funciona las 24 horas del día y vinculado al teléfono Infància Respón (116 111).

Si el caso no es grave, o se trata de una sospecha, son los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) quienes acuden al domicilio donde vive el menor, investigan a la familia y hacen una valoración. En muchas ocasiones, plantean planes de parentalidad, es decir, ayudan a los padres a cambiar sus hábitos y comportamientos con los menores. En otros, o cuando este trabajo no se cumple, estos servicios deciden aplicar una retirada de tutela de los padres o tutores legales. Una decisión administrativa que los padres pueden recurrir judicialmente.

Agresiones, abuso o explotación

Según dicta la ley, el expediente de desamparo, que implica una medida de protección al menor, se puede activar si al menor "le faltan elementos básicos para su desarrollo integral". Y la ley contempla varios supuestos. En primer lugar, que los padres hayan abandonado al niño o niña. También entran en este apartado los maltratos físicos, psíquicos y el abuso sexual de los niños por parte de los padres o con su conocimiento. Que los padres induzcan, o permitan, que sus hijos practiquen la mendicidad, la delincuencia, la prostitución o cualquier otra explotación económica es motivo de retirada de custodia. A su vez, la presencia de violencia machista en el hogar o entorno del menor que dificulte su desarrollo correcto influye en el diagnóstico.

Además, se considera maltrato que la madre embarazada no cuide del feto, entre otras, tomando drogas. También se pueden aplicar retiradas de custodia si los padres suministran drogas a los hijos o permiten su ingesta, así como si los padres consumen drogas, poniendo en riesgo a los menores.

Luego están los apartados de la desatención física, psíquica o emocional o las negligencias. Que los padres no les aseen ni les faciliten ropa limpia. Que no les lleven a la escuela de forma reiterada y sin justificación, que no les lleven al médico o que les ignoren en su día a día, provocando problemas psicológicos y emocionales en los menores.

Varios tipos de centros

Según los últimos datos publicados por la Generalitat, el 42,4% de los niños con medidas protectoras, 3.578 menores, viven en el seno de familias: ya sean familiares de sus padres (2.397 niños) o en familias de acogida temporal (1.181 niños). Más de la mitad viven en centros de la Generalitat, distribuidos por toda la geografía catalana. El 8% del total de niños desamparados residen en centros de acogida. Son centros temporales, de máximo seis meses de estancia, donde se decide el mejor lugar para el menor.

En los CRAE están el 23,6% del total. Luego se encuentran los CREI, que son centros de más alta intensidad con medidas de mayor seguridad, dado que los menores que viven en ellos tienen problemas de conducta o son más agresivos. Allí residen 165 menores, el 1,9% del total. Cabe destacar las 1.123 plazas creadas para niños migrantes que llegan a Catalunya solos, aunque hay más de 1.500 niños migrantes atendidos en estos momentos por la Generalitat. En los pisos de inserción sociolaboral para los jóvenes de 16 y 17 años residen cerca del 6% de total, 504 menores.

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