Trabajadores de la DGAIA denuncian que "no está protegiendo" a los menores

Una veintena de trabajadores de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) se han manifestado este jueves a las puertas de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies para reclamar unas condiciones de trabajo "dignas y seguras". Estas, según ellos, están tocadas desde hace años pero, especialmente, desde el último, porque se han mezclado con el colapso de las infraestructuras de la DGAIA con motivo del aumento de menores extranjeros no acompañados ('menas'), algo para lo que no ha habido "planificación". Desde el 1 de enero hasta el 1 de octubre de este año han llegado ya a Catalunya 3.033 adolescentes y jóvenes migrantes sin referentes adultos ni familiares, el doble del año pasado.

Por la tarde, siete delegados de UGT y CC.OO. de la DGAIA han mantenido una reunión con la directora, Esther Cabanas, la secretaria de Infància, Georgina Oliva, y el secretario general, Josep Ginesta. Según fuentes consultadas, se ha reclamado una reducción de horas de atención directa para los educadores y auxiliares mayores de 58. La DGAIA ha manifestado que debe estudiar el impacto de esta medida y por eso ha emplazado a los sindicatos a otra reunión la próxima semana.

Sobresaturación

La sobresaturación que desde hace tiempo vive la DGAIA afecta, en primer lugar, a los 'menas', que llegan a Andalucía, Melilla y Catalunya (las tres principales comunidades autónomas receptoras) en busca de una vida mejor. Huyen de situaciones especialmente delicadas en sus países de origen (Marruecos, principalmente, y África subsarahiana). Pero la situación de la entidad afecta también a sus trabajadores.

"La DGAIA nunca ha estado preparada para atender flujos migratorios"

Carmen Redondo

— Educadora social y miembro de UGT

"La DGAIA nunca ha estado preparada para atender flujos migratorios, ni en infraestructuras ni en educadores", ha relatado Carmen Redondo, educadora social Centre Residencial d'Atenció Educativa (CRAE) Maria Assumpta, en Badalona, y delegada sindical de UGT en este centro. Según Joaquín Seisdedos, trabajador en el Centro Residencial de Educación Intensiva (CREI) Can Rubió de Esparreguera, "todos los centros de la DGAIA están saturados un 40%" por encima de sus posibilidades. En Can Rubió hubo en julio dos amotinamientos de menores.

Personal envejecido

Los sindicatos reclaman la aplicación de las medidas aprobadas en el 2016 en el Comité de Salud Laboral y que en los calendarios de trabajo del 2019 se aplique una reducción de horas de atención directa para el personal educativo mayor de 58 años. En un comunicado, UGT ha explicado que se trata de un colectivo "con muchos años de dedicación a un trabajo que supone un desgaste emocional, físico y cognitivo difícilmente comparable a otras profesiones" y con una media de edad del personal fijo que supera los 55 años.

"Cada vez hay más chavales y menos educadores. No se respetan las ratios. Y hay más agresiones físicas porque no podemos atenderlos como se merecen, así que se cabrean y la lían", ha contado Redondo. Según el comunicado de UGT, en el 2017 se registraron un total de 235 agresiones en los 14 centros de la DGAI y este 2018 se volverán a repetir las cifras.

"No nos negamos a atender 'menas', pero pedimos los medios y las herramientas necesarias"

Jordi Sabaté

— Educador social y miembro de UGT

Jordi Sabaté, educador en el CREI Els Castanyers y también delegado sindical de UGT, ha reclamado "condiciones óptimas" para él y sus compañeros, lo que pasaría, entre otras cosas, por "recuperar compromisos" como las pagas extra. "En ningún momento nos negamos a atender 'menas' –ha precisado Sabaté-, pero queremos los medios y herramientas necesarias". Sabaté también ha denunciado que en los centros de al DGAIA no se están respetando los protocolos y, por tanto, hay menores que ingresan sin haber pasado una revisión médica. 

"Ha habido casos de educadores contagiados por sarna y tuberculosis", ha afirmado. Ante esta afirmación, fuentes de la DGAIA replican que en Catalunya se les hace un reconocimiento médico a los menores y que si llegan con una enfermedad es porque en Andalucía, puerta de llegada, los servicios del estado no hacen una buena revisión. Redondo, Seisdedos y Sabaté han asegurado, además, que, debido a que no hay camas suficientes, algunos menores duermen en colchones en el suelo. 

"No los estamos protegiendo como deberíamos", ha insistido sin embargo Redondo, quien también ha denunciado que la situación es en parte resultado de la ausencia de "planificación" por parte de la DGAIA, lo cual la empuja a "improvisar".

"Maltrato institucional"

El responsable de UGT de los centros públicos de la infancia de la DGAIA, Pedro González, ha remarcado que la situación que se vive ahora "no es más conflictiva que hace cinco años, cuando no había 'menas'". "Hace años que vivimos esta sobresaturación y que denunciamos también el envejecimiento de la plantilla", ha dicho. También ha calificado de "maltrato institucional" mezclar a niños de 0 y 17 años, como se está haciendo.

"Es un momento complejo y hay que dar respuesta. Tenemos una obligación moral, ética y jurídica"

Chakir El Homrani

— 'Conseller' de Treball, Afers Socials i Famílies

"Nuestros centros estaban diseñados para atender a menores en situación de desamparo. Ahora estos niños se mezclan con otros que tienen problemas de toxicomanía, y ahí empiezan los conflictos. Los 'menas' solo han desbordado un vaso que ya estaba muy lleno", ha señalado González. Según él, lo que se hace es ir cubriendo huecos libres en cada centro y "muchas agresiones se evitarían si los menores fueran enviados a los centros que les tocan".

Esta misma tarde el 'conseller' de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha anunciado tener "casi cerradas" entre 800 y 900 plazas nuevas en centros de segunda oportunidad" para 'menas' con un perfil más alto de emancipación. En cuanto a la sobreocupación de la que se quejan algunos centros, El Homrani ha remarcado que "es un momento complejo en el que hay que dar respuesta", ya que existe una "obligación moral, ética y jurídica".