Familias de acogida denuncian "desprotección total" de los niños con discapacidad al cumplir los 18

"La sensación es que la Generalitat deja en una situación de desprotección total a los chavales en acogida con problemas cuando llegan a la mayoría de edad", se queja Anna Ollé, madre de acogida de un niño con un 65% de discapacidad que ya ha cumplido los 18 años. No es la única que carga contra la Direcció General d'Atenció a la Infància i la Adolescència del Govern (DGAIA). "Yo no pido dinero para mí, sino para él... Lo que más rabia me da es que se desentiendan cuando ha cumplido los 18 años porque saben que no lo dejaremos tirado”, critica Cristina Núñez, otra madre de acogida de un joven con el 70% de discapacidad. Estas familias denuncian que, al llegar a la mayoría de edad y perder las prestaciones por ser menores tutelados, la Generalitat no les acompaña en el laberinto burocrático de nuevas ayudas a las que tienen derecho y que, en muchos casos, las subvenciones son de menor importe, cuando las necesidades son las mismas. La Conselleria de Drets Socials, por su parte, asegura que no se "priva a nadie de prestación" y que estudian "caso por caso".

Las familias denuncian que, al llegar a la mayoría de edad, la Generalitat no les acompaña en el laberinto burocrático de nuevas prestaciones y que en muchos casos son de menor importe

La acogida que protagoniza Cristina Núñez comenzó hace 13 años. Ella y su pareja se apuntaron con “entusiasmo” al primer programa de acogida de niños con discapacidad destinado a profesionales que, por su formación, están más capacitados para ocuparse del cuidado de menores tutelados y con algún tipo de discapacidad. Cristina es psicóloga. Cuando sus tres hijos crecieron, se “emocionó” con la idea de acoger a niños vulnerables.

Anna Ollé, en cambio, tenía un enorme deseo de ser madre cuando descubrió que el hijo de un familiar lejano, recién nacido, estaba en un centro de menores. Era el año 2004. "Me dijeron que era la única pariente viable para que el niño saliera a un hogar y acepté", explica.

En el caso de Cristina Núñez, la experiencia ha sido agridulce. Por un lado, ha sido “maravilloso” poder cuidar de Eloi y Pau, dos hermanos a los que acogió con 5 y 4 años, como dos miembros más de su familia. Pero cuando Pau ha cumplido 18, pese a tener una discapacidad del 70%, la Generalitat “se ha lavado las manos” y lo ha dejado “tirado a su suerte”, se queja.

Para Anna Ollé tampoco ha sido un camino de rosas. "Como somos familia extensa, me dieron una ayuda de 284 euros al mes que no te llega ni para pañales ni por supuesto para fisios, terapias, gafas, estudios", se queja la mujer, ya acostumbrada a pedir dinero prestado a familiares y amigos. Cuando el pequeño tenía 3 años, llegó el diagnóstico: autismo, TDAH, dislexia y una dependencia de grado 2 (severa). "Yo no reclamo dinero para mí sino para cubrir las necesidades del niño", insiste la mujer.

La carta a los 17 años

Hubo un momento, además, en que la Generalitat perdió el expediente de Ollé por un cambio de domicilio. "Es escandaloso, durante cinco años no existimos para ellos", critica. Cuando el chaval cumplió 17, les llegó una carta. "Ya para empezar él tiene un problema muy grave de comprensión lectora", explica la mujer. "En el escrito se decía que se tenía que empezar a espabilar", añade. La madre reclamó que el chico tuviera el seguimiento durante tres años que ofrece el Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat, con una prestación de 600 euros al mes. "Vinieron a mi casa a decirme que no hacía falta ni que la pidiera. Es una discriminación flagrante. Además, le preguntaron al niño si quería seguir viviendo conmigo... Él estuvo meses sin poder dormir por miedo a que le echara de casa", explica Ollé.

Disparidad entre hermanos

El caso de Cristina Núñez es paradigmático. Eloi, el hermano mayor, sí disfruta de esta ayuda de extutelado, pero Pau no la puede solicitar porque tiene una discapacidad muy elevada. Se considera que no puede ser autónomo. Tiene un retraso cognitivo que se evidencia sobre todo en el habla y en la adquisición de conocimientos. “Habla con dificultad y le cuestan operaciones simples como restar”, explica Cristina.

Pau acude a un colegio de educación especial concertado, necesita de un psicólogo y un sexólogo, y está apuntado a extraescolares como montar a caballo, que es su gran pasión. Pero estos gastos, más la comida o la ropa, tienen que ser sufragados ahora por la familia de acogida, que hasta ahora invertía íntegramente los 1.100 euros que otorga la Generalitat a los gastos de Pau. Ahora están tramitando una pensión no contributiva que asciende a unos 450 euros, pero no tienen nada claro que se la vayan a conceder. A su vez, a Anna Oller le cuesta pagar la escuela de educación especial de su ahijado.

A esta situación se ha llegado pese a las advertencias de la familia de acogida de Pau, que ha mantenido hasta tres reuniones con el Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) en busca de la mejor opción. En dichos encuentros, la Generalitat aseguró que Pau mantendría la prestación, pero que lo haría a través de una fundación tutelar. Sin embargo, cuando ha cumplido 18, la ayuda se ha esfumado y la única oferta por parte del Govern es trasladar a Pau a una residencia. “Alucino que prefieran pagar su estancia allí, que puede costar unos 4.000 al mes, en lugar de darnos una prestación de menor cuantía a nosotros y que siga viviendo con su familia, donde le damos el cariño y el apoyo que necesita”, lamenta Cristina.

Ayuda en los trámites

Ollé, en cambio, ya es la tutora legal de Oriol, y está intentando tramitar la prestación por discapacidad permanente, que llega a los 500 euros al mes. "Te dicen: ¡ya te espabilarás! A mí me habría gustado que la Generalitat le hubiera preparado una especie de maleta con todos los trámites hechos, o al menos iniciados", se queja. Esta madre ha pedido la ayuda de orfandad para su hijo acogido a través de una demanda judicial. Núñez, en cambio, está encontrando muchas complicaciones debido a los "miles" de requisitos que necesita.

La Generalitat no ha querido dar detalles de los dos expedientes de estos casos. Señala que no deja a ningún chico sin prestaciones y explica que propone las opciones más adecuadas para cada caso, en función de la situación de los menores y las familias. "Valoramos cada perfil y qué necesidades hay que cubrir, tanto desde la DGAIA como desde la dirección de Prestaciones Sociales", responden fuentes de la Conselleria de Drets Socials.

Prueba de ello, sostienen, son los 267 chicos con discapacidad que, a pesar de haber cumplido la mayoría de edad, están siendo atendidos por la DGAIA. "No desatendemos a los chicos y chicas extutelados con discapacidad", insisten. Añaden que "siempre se ofrece la opción más ventajosa para el joven" y que "orientamos a las familias acogedoras para que soliciten la prestación no contributiva, que es para siempre". Las entidades sociales, por su parte, denuncian que el sistema de atención tiene flaquezas sobre todo cuando se trata de menores con discapacidades más leves que no tienen a nadie a quien acudir.

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