Listas de espera y escaso apoyo: las cinco trabas con que se topan los menores tutelados con discapacidad a los 18 años

Tutelas para los casos más graves

"Hace más de 25 años que hay un circuito para estos casos", responde Josep Treserras, gerente de Som Fundació Catalana Tutelar y experto en protección jurídica de las personas con discapacidad intelectual de la fundación Dincat. "Cuando la Generalitat detecta un menor tutelado alrededor de los 17 años, se abre un expediente para decidir si es necesario solicitar al juez que le delegue un asistente que se haga cargo de él, lo que antes entedíamos por incapacitación o asunción de tutela", cuenta Treserras.

Una comisión de expertos en la Direcció d'Atenció a la Infància y l'Adolescència (DGAIA) decide expediente por expediente, elige qué entidad es la más idónea para asumir su tutela y se lo comunica al juez. "A nosotros nos llama el juzgado para confirmar si aceptamos el caso", sigue Treserras. La fundación tutelar, pues, pasa a hacerse cargo de las necesidades del joven adulto. Por ejemplo, tramita ayudas sociales o le busca una vivienda. "Hablamos de los casos en que su autonomía es muy complicada y necesitan asistencia de por vida para tomar decisiones", agrega Treserras. También pueden asumir esta tutela las familias de acogida.

Vivienda y lista de espera

"En cuanto cumplen los 18 años, la Generalitat busca una plaza de forma urgente para los jóvenes con discapacidad, normalmente en residencias de personas con discapacidad", explica Treserres. Habla por los casos de los chicos tutelados por su fundación, que no pueden regresar con su familia biológica ni tienen un lugar al que ir. "La lista de espera suele ser bastante larga, y los chicos pueden llegar a quedarse más de tres años en los centros de menores esperando la plaza para la residencia, pero sitio tienen, no se quedan en la calle", sigue el experto. Lo confirma la asociación ASPASIM, que gestiona un centro de menores tutelados con discapacidad del 85%. "Encontrar un recurso adecuado para personas con necesidades tan particulares es complicado. Cuando no pueden acceder porque no hay ninguna disponible, se quedan unos meses, incluso años, con nosotros, hasta que acceden a su plaza definitiva más adecuada. En ningún caso se quedan en 'tierra de nadie'", cuentan desde la entidad.

El problema está con los chicos más autónomos que no cuentan con este apoyo externo, a juicio de Marta Ruiz, trabajadora social de la fundación Maresme, que acoge a estos jóvenes. "Algunos acaban en residencias con personas de 50 o 40 años, y ese no es el lugar para ellos. Y conocemos casos de chicos que han terminado en la calle o en pisos ocupas porque se quedan sin ningún acompañamiento y no quieren ir al sitio que les proponen", explica Ruiz. "Sería necesario que pudieran acceder a pisos asistidos con una vida independiente lo máximo posible, pero no hay recursos suficientes", se queja.

"Necesitamos continuidad en los recursos y no la hay. Algunos van a los pisos de autonomía de la Generalitat, pero si encuentran trabajo les echan... Es un parche", insiste la trabajadora social. También señala que no hay pisos de urgencia social para estos jóvenes. "Es terrible, quedan desprotegidos", lamenta. "A nadie le sorprende que no haya suficientes recursos residenciales especializados para mayores de 18 años con discapacidades más leves. Creo que la voluntad de la Generalitat es crecer en este ámbito", explica Ferran Rodríguez, presidente de la Federación de Entidades con Proyectos y pisos Asistidos (FEPA). También corrobora esta demanda histórica Rita Grané, directora de Punt de Referència.

Prestaciones y ayudas sociales

Los que tienen una discapacidad superior al 65% pueden acceder a una prestación por incapacidad permanente, que se sitúa en los 500 euros al mes. Las fundaciones tutelares las tramitan para los chicos que están bajo su asistencia. "Aunque el trámite puede tardar varios meses" reconoce Tresserra. Otra vez el problema está en los que no tienen este apoyo.

Si la Generalitat ve viable su emancipación, acceden a la ayuda para jóvenes extutelados. Son 600 euros al mes durante tres años, gestionados por el Àrea de Suport al Jovent Extutelat (ASJET). Rodríguez también añade que los plazos no ayudan. "A veces disponemos de muy poco tiempo para evaluar la discapacidad, la burocracia se eterniza y llegamos a los 18 sin los deberes hechos", reconoce. Aunque asume que también hay casos de éxito en este modelo.

"Sin embargo, hay otros casos con los que no se ve viable esta emancipación y se quedan sin nada, tienen que hacer ellos los trámites, los centros de menores que deberían hacerlo no saben ni por dónde empezar.... Están desprotegidos económicamente", se queja Ruiz. "Nosotros nos hemos quejado porque al final acabamos corriendo con sus gastos de ropa, actividades... Ni la DGAIA ni nadie se hace cargo", cuenta Ruiz, sobre los chicos que viven en sus pisos o residencias. Por su parte, la Conselleria de Drets socials responde que no se deja a ningún joven sin prestación. "Siempre se ofrece la opción más ventajosa para el joven", mantienen.

Trabajo

Los que sí pueden trabajar cuando son adultos se encuentran una doble dicotomía, a juicio de las entidades sociales que les atienden. Por un lado, hay largas listas de espera para poder acceder a los Centros Especiales de Trabajo, que pueden ser una alternativa para muchos jóvenes. "Es una muy buena solución para los chicos que tienen que salir sí o sí de los centros de menores, pero no siempre hay plazas", cuenta Ruiz y confirma Rodríguez.

Pero a la vez, los que sí reciben la prestación de extutelado, cuando consiguen un empleo, deben abandonar los pisos asistidos y pierden todos los apoyos del ASJET. "Porque se considera que ya han conseguido la emancipación", sigue Ruiz. Cuenta el caso de un joven que podría quedarse en la calle porque ha conseguido un contrato. "Sabemos que no le da para pagar un alquiler, pero le están obligando a abandonar el piso donde está viviendo: es un drama sin ningún sentido", añade.

Referentes y apoyos

"Estos chicos necesitarán un apoyo de por vida vida, siempre que el joven quiera, porque sufre ciertas limitaciones y no tiene familia a su lado", señala Rodríguez. "Viva donde viva, debemos garantizar un referente: pueden tener crisis, descalabros o problemas de habilidades para afrontar lo que les ocurra", insiste Rodríguez. La FEPA, con fondos Next Generation, está impulsando un proyecto piloto de este tipo. "A ver si somos capaces de que las administraciones lo repliquen", aventura.

El presidente de la FEPA también recuerda que, una vez los chicos son mayores de edad, hace falta que la red existente les dé alguna respuesta. Recuerda, por ejemplo, las listas de espera para los centros de salud mental o el derecho a la vivienda, que va más allá de la DGAIA. "Implica a toda la Generalitat, a todos los departamentos y administraciones", señala.

"Necesitamos continuidad, no puede ser que todo termine cuando llegan a la edad adulta", reclama Ruiz. Opina que los CRAES, los centros donde viven estos niños, no tienen suficiente formación. "No tienen clara la orientación de cómo abordar los trámites y a qué prestaciones pueden acceder. Los niños deben salir del centro con todos los trámites y gestiones hechas, y esto no ocurre", lamenta la trabajadora social.