El TSJC condena al Govern a pagar a Renfe una deuda de 81 millones por los servicios no incluidos en el traspaso de 2010

La separación de poderes tiene momentos deliciosos. Como que en plena negociación entre el PSOE, Junts y ERC para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, con el traspaso de Rodalies sobre la mesa, una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condene al Govern a pagar 81 millones de euros a Renfe por una deuda contraída durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. Es el montante que, según la sala de lo contencioso-administrativo, la Generalitat le debe al operador por la puesta en marcha de servicios extra que se han ido añadiendo al primer traspaso, pactado en 2010.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, hace referencia a la financiación de los Rodalies del Camp de Tarragona, La RG-1 o la prolongación de trenes de Mataró hasta Arenys de Mar. Incluye tanto el coste de Renfe como los cánones ferroviarios que hay que pagar a Adif, el gestor público de la infraestructura. En el acuerdo de traspaso de Rodalies se estableció que todas las mejoras que se introdujeran (nuevos servicios o más frecuencias, por ejemplo) correrían a cargo de la Generalitat. Entre 2011 y 2016 se cumplió con casi todo. Es a partir de 2017 cuando la cosa estalla. Sucede en el momento en que Adif incrementa el cánon por el paso de trenes y Renfe decide repercutirlo directamente en la factura del plan de acción. El Govern se opone porque asegura que este cobro no aparece en el acuerdo de traspaso. Y de ahí a los tribunales.

152 millones en total

Si se lo preguntan, sí, el Govern ha seguido sin pagar desde 2019. El primer 'sinpa' se perpetró en tiempos del 'president' Carles Puigdemont, que asumió el cargo en enero de 2016, pero sus sucesores, primero Quim Torra y luego Pere Aragonès, han mantenido la misma vía. Para el último ejercicio, el de 2022, el ejecutivo catalán envió una carta al presidente de Renfe, Raül Blanco, en la que le informaban de que no se harían cargo de la factura anual solicitada por el operador, que ascendía a 25,95 millones de euros.

Sumados todos los años en los que la Generalitat no ha abonado las dolorosas correspondientes, la cifra asciende ya a 152 millones de euros, 133,43 de plan de acción y 43,38 de los cánones. Por ahora, un total de 81 millones ya han caído del lado de Renfe por la vía judicial. Todo, a la espera del recurso de casación que, previsiblemente, presentará el Departament de Territori y en el que alegará, entre otras cosas, que el dinero debe salir de las arcas del Estado.

La propia sentencia señala que el Govern admite parte de esta deuda. En concreto, 57,6 millones de euros a los que se ha dado forma con "una partida reservada -indica el fallo- en el Compte General de la Generalitat" y que estaría "destinada a estos pagos". Sobre la deuda, sin embargo, y aunque la jueza da la razón a Renfe, el texto dice lo siguiente: "La Generalitat no puede oponerse a su pago, sin perjuicio de reclamar ante el Estado la transferencia que en su caso corresponda". Es decir, el operador tiene que cobrar del titular del servicio, el ejecutivo catalán, que es quien ejecuta el plan de acción, y luego ustedes -Govern y Gobierno- ya se pelearán sobre el origen de la financiación.

Contrato programa

El Govern, además de los 80,9 millones de euros, deberá pagar los intereses de demora y hacerse cargo de las costas judiciales, con un importe máximo de 3.000 euros. El Govern tiene ahora 30 días para presentar un recurso de casación. Un trámite que coincide en el tiempo con la negociación por la investidura de Sánchez. En caso de conseguir las competencias absolutas de Renfe, lo que podría incluir la infraestructura y los trenes, haría bien la Generalitat en blindarlo todo para evitar nuevos sustos judiciales.

Eso podría conseguirse con un contrato programa, el que jamás se ha firmado entre Renfe y la Generalitat en estos 13 años, desde que se consignó el primer traspaso. Por parte del operador ha habido predisposición. No así desde el Govern, que sin decirlo directamente, no quiere atarse a una empresa para la que parecen tener un substituto claro: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que de hecho ya opera líneas de cercanías hacia el Vallès, Manresa o Igualada, y en el futuro se encargará de la lanzadera hasta el aeropuerto.

Esta circunstancia, no disponer de contrato programa, provoca que, cada año, los aproximadamente 300 millones de euros que cuesta prestar el servicio de Rodalies en Catalunya van directamente del Estado a Renfe, con lo que Catalunya no tiene capacidad de maniobra.