Los pleitos por impagos o desahucios tardan hasta tres años en resolverse por falta de personal

De un año y medio a tres. El primer periodo es el que se tardaba en 2019 en tramitar un pleito civil en los juzgados de la provincia de Barcelona (excluyendo la capital catalana) y en las secciones de la Audiencia de Barcelona. El segundo es el tiempo que dura el proceso en 2022. Son asuntos que afectan de una forma más directa en los ciudadanos, como ha remarcado el presidente de la Audiencia, Antonio Recio Córdova. Se trata, por ejemplo, de demandas hipotecarias, arrendamientos, desahucios, impagos, herencias, cobro de indemnizaciones en general o de accidentes de tráfico o de asuntos vinculados al derecho al honor, entre otros. De hecho, los ingresos de casos no paran de aumentar en los juzgados: de 151.381 en 2019 a 208.944 en 2022. También los recursos, que han pasado de 15.129 a 19.215.

Lo único que funciona medianamente bien en la jurisdicción civil son las resoluciones de los conflictos de familia. El proceso por un divorcio suele durar en la actualidad seis meses en el juzgado. En el supuesto de que se recurra a la Audiencia de Barcelona por disconformidad con la primera sentencia, el plazo se amplía a un año. En este sentido, los juzgados de familia han ingresado menos demandas: de 12.276 en 2019 a 11.815 en 2022. En estos momentos hay 5.729 asuntos tramitándose. “Hace unos años la situación era muy preocupante, pero ahora la carga de trabajo es asumible”, según Recio. 

Urgen 38 jueces

“Nuestra preocupación más importante es el retraso que hay en la jurisdicción civil en la Audiencia de Barcelona porque afecta de manera relevante a la ciudadanía. Se está prolongado en exceso la tramitación de los asuntos”, aseguró Recio. Los magistrados que resuelven los recursos no dan abasto y superan con creces los módulos de carga de trabajo que fija el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cada juez de estas secciones de la Audiencia debería resolver 200 pleitos y ahora ese baremo se dispara a los 300.

En los últimos dos años el Ministerio de Justicia ha denegado varias comisiones de refuerzo. Ante ese cúmulo de trabajo y para paliar una situación que está al borde del colapso, se reclaman ocho nuevos togados para estas secciones civiles de la Audiencia. En global y para los tribunales y juzgados de la provincia de Barcelona, las autoridades judiciales requieren 38, cuando para Catalunya únicamente hay previstos 10 u 12.

Reformas paralizadas

“Si en la Audiencia de Barcelona (donde se resuelven los recursos de pleitos civiles) no mantiene el nivel de calidad se irá en detrimento de la ciudadanía”, subraya Recio. Además, todavía faltan por llegar a la audiencia los recursos de la cantidad de asuntos que todavía están por resolver en los juzgados de primera instancia y en los mixtos (penal y civil) de las localidades como Sabadell, Terrassa, Badalona, Santa Coloma y l’Hospitalet de Llobregat, unas ciudades sumamente pobladas.

“Las reformas legislativas lejos de ayudar nos crea más problemas”, asegura el presidente. “Hacen falta reformas que agilicen los procedimientos y métodos que permitan disminuir la letigiosidad”, sostiene. La convocatoria de elecciones ha paralizado algunas leyes en el ámbito jurídico que son trascendentes para agilizar la administración de justicia.

Aumento de juicios con jurado

Otro de los problemas a los que se enfrenta la Audiencia de Barcelona es el aumento de los juicios por jurado, que pasaron de 59 en el 2019 a 72 en el 2022. Los presidentes de todas las Audiencias de España propusieron en una reciente reunión que se retirara de la ley del jurado los delitos de allanamiento de morada. Este tipo de procesos no necesita, en opinión de Recio, el esfuerzo de componer un tribunal del jurado.

En muchas ocasiones, acaban con una pena menor o de multa. Los números de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona, en cambio, están estables, aunque Recio también ha reclamado seis magistrados más. El caso es que no todas las salas se pueden desdoblar para hacer frente a macrojuicios (deberían tener cada una seis magistrados y algunas solo tienen 5, con lo que se debe recurrir a un refuerzo). La gran sopresa en los juzgados sociales ha sido que ha disminuido la entrada de asunto, de 16.461 en el 2018 a 11.766 en el 2022. En la actualidad se tramitan 8.252 casos.