Datos de la Fiscalía provincial
Los juzgados de BCN provincia alcanzaron su máximo de condenas por delitos de odio en 2021
De 123 sentencias judiciales dictadas en la demarcación barcelonesa, 106 (el 86,5%) son condenatorias, superando el dato precovid del año 2019
2021 también fue el año que registró mayor proporción de condenas sobre el total de denuncias: una de cada tres denuncias acabó en condena penal
Francisco José Moya
Infografía
Manuel Arenas
Redactor y coordinador del equipo de información del área metropolitana de Barcelona
Periodista de información y audiencias locales del área metropolitana de Barcelona. Antes trabajé en la productora audiovisual Clack, donde investigué y desarrollé guiones de documentales, y colaboré con EL PERIÓDICO firmando la contraportada del diario y publicando reportajes en las secciones Gran Barcelona, Sociedad y Entre Todos. Empecé en la prensa local de mi ciudad, Santa Coloma de Gramenet, concretamente en el Diari de Santa Coloma.
Los juzgados de la provincia de Barcelona alcanzaron el pasado año 2021 su máximo de condenas judiciales -y de sentencias en general- por delitos de odio, superando así el dato prepandemia de 2019, tal y como se desprende de las memorias anuales facilitadas a este diario por la Fiscalía Provincial de Barcelona, que aglutina casos no únicamente acaecidos en Barcelona ciudad sino también en L'Hospitalet de Llobregat, Badalona o Mataró, entre otras grandes urbes con fiscalía de área propia.
El informe, que contempla datos desde 2015 -Interior comenzó a publicar estadísticas de estos delitos en 2013- de procesos judiciales conocidos fundamentalmente por la Audiencia Provincial de Barcelona, los juzgados de lo Penal y los juzgados de Instrucción en delitos leves, muestra que en 2021 se dictaron en la provincia de Barcelona 123 sentencias por delitos de odio, el 86,5% de las cuales, unas 106, condenatorias.
Esas 123 sentencias convierten el año 2021 en el ejercicio con más resoluciones y más condenas por odio en la provincia de Barcelona. Hasta la fecha, el 2019, año anterior a la pandemia, era el ejercicio con mayor número de condenas (118 sentencias en total, de las cuales 75 condenatorias), seguido de 2018 (112 sentencias, 65 condenatorias) y a más distancia de 2020 (86 sentencias, 67 condenatorias) y 2017 (86 sentencias, 47 condenatorias).
A ojos de Miguel Capuz, presidente de la Sección de Derecho Penal del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), "los datos sobre condenas de la Fiscalía son los que tienen valor real debido a la distancia que existe entre las denuncias totales y los casos que efectivamente se acaban condenando".
2021: una de cada tres denuncias son condenadas
Los datos de la Fiscalía muestran asimismo que 2021 es, desde 2016, el año que registra mayor proporción de condenas por delitos de odio en relación a la suma total (377) de denuncias ante los cuerpos policiales (Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil): una de cada tres denuncias (el 33%) son finalmente condenadas en los tribunales.
La citada proporción ha ido creciendo con los años, teniendo en cuenta que los datos no contemplan los casos de odio que por diversas casuísticas no terminan en denuncia propiamente. En 2020, un 31% de denuncias acabaron en condena (86 condenas de 277 denuncias); en 2019, un 19% (75 condenas de 391 denuncias); en 2018, un 17% (65 condenas de 386 denuncias); y en 2017, un 14% (47 condenas de 333 denuncias).
En cuanto a la motivación vinculada al odio apreciada en las sentencias del 2021 (bien como tipo penal, bien como agravante), la más frecuente es la de orientación sexual, seguida de las de ideología, xenofobia, género, racismo, identidad de género, aporofobia y religión. Estas motivaciones van aparejadas a tipos delictivos como lesiones, daños, amenazas o coacciones.
"Barcelona es una ciudad muy cosmopolita, muy receptora, y eso desgraciadamente tiene un coste en términos de tolerancia", concluye Capuz, que enfatiza la existencia de un "error" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "Si no hay autor conocido, la denuncia ni entra en el Juzgado de Guardia, cosa que debería ocurrir para que fuera el propio juez quien de oficio pudiera impulsar investigaciones".
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