El transporte público bonificado y el precio de la energía generan un sobrecoste de 240 millones de euros en Catalunya

Bonificar el transporte público y que Vladimir Putin invada Ucrania son realidades que no parece que vayan a converger. Pero sí, porque el sobrecoste energético que ha generado la guerra también ha afectado a la línea de flotación de la movilidad compartida, sufragada por la Administración. El Departament de Territori ha hecho públicas este jueves las cifras de 2022. Se ha hablado de usuarios, de nuevos hábitos, del riesgo de que se generen desequilibrios. Pero también del precio de la fiesta. Todo sumado, en Catalunya, genera una factura extra de cerca de 240 millones de euros, 71,6 de los cuales son computables a los descuentos y unos 170 al precio disparado de la energía. La buena noticia es que parece que va a estar todo pagado.

Pere Torres, director de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), ha sido el encargado de desgranar los datos de la demarcación de Barcelona, que son los que, por volumen, más pueden marcar la tendencia de hacia dónde van las cosas. A pesar de que el pasado mes de septiembre compartía ciertas dudas sobre la sostenibilidad del sistema, este jueves se ha mostrado algo más esperanzado, puesto que las partidas que corresponden al Estado, unos 50 millones de los 70 que costó la bonificación del tercer cuatrimestre en el ámbito barcelonés (por 1,6 millones de las demarcaciones de Lleida Girona y Tarragona), ya se han asignado a las administraciones catalanas receptoras.

A la espera de la ley

"El sufrimiento por la disponibilidad de recursos es inherente a mi cargo -ha sostenido-. Año tras año irán aumentado los costes de explotación, y si no hay una modificación del modelo de financiación en el ámbito estatal, seguiremos sufriendo. Necesitamos una reforma a fondo". Se refiere a la ley de Movilidad Sostenible que sigue su lenta tramitación en el Congreso de los Diputados y ahora atraviesa la fase de enmiendas.

Cualquier decisión que se tome en materia de financiación del transporte público depende ahora de la predisposición que exhiban las administraciones implicadas, sean locales, autonómicas o estatales. Un marco legal claro facilitaría mucho las cosas y daría tranquilidad a los gestores. A pesar de ello, para tranquilidad de los operadores de transporte público de Catalunya, Torres ha avanzado que tendrán "los recursos necesarios para poder hacer las compensaciones", es decir para pagar las bonificaciones que han tenido que avanzar.

A esto hay que sumar el sobrecoste energético derivado de la guerra de Ucrania. Torres no ha querido dar cifras este jueves, pero el pasado septiembre habló de unos 170 millones de euros, de los que cerca de 92 debe asumirlos el ATM y el resto, tanto el Estado (Rodalies) como las administraciones locales que gestionan líneas de bus urbano. En total, unos 240 millones no previstos a 1 de enero de 2022 y que, en principio, podrán salvarse. Para el curso en marcha, ya se verá.