decisión judicial

La jueza investiga el patrimonio de los imputados en el 'caso Bombers'

  • Dos altos cargos del cuerpo muestran su malestar porque Interior no les preguntó antes de denunciar las presuntas irregularidades ante la fiscalía

Los Bombers de la Generalitat realizan tareas de extinción en un incendio en un barco del Port de Badalona.

Los Bombers de la Generalitat realizan tareas de extinción en un incendio en un barco del Port de Badalona. / Bombers

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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La jueza que instruye el 'caso Bombers' de supuestas irregularidades en el servicio de mantenimiento de vehículos del cuerpo de extinción de incendios de la Generalitat ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que investiguen el patrimonio de los imputados, entre ellos miembros de su cúpula. El objetivo es detectar posibles ingresos ilícitos relacionados con las presuntas anomalías en la contratación desde el 2002 de este servicio de la empresa Iturri.

El proceso judicial se abrió a raíz de un informe que el 'exconseller' de Interior Miquel Sàmper envió a la fiscalía, después de que una abogada de este departamento que se reunió en 2021 con el entonces director general de Prevención y Extinción de Incendios, el investigado Manel Pardo, diera la voz de alarma a sus superiores porque este había escrito en un documento sobre contratos de mantenimiento de vehículos la expresión "+ 2 %".

La jueza considera que pudo haber una gestión "irregular" del mantenimiento de vehículos, pues la Dirección General de Prevención continuaba con la ejecución del presupuesto de Iturri una vez este se había agotado, acumulando la deuda con la empresa para compensarla en el siguiente contrato. Sin embargo, no apreció, de entrada, indicios de pago de comisiones a los funcionarios implicados, ni de amaño en las adjudicaciones. No obstante, ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar el patrimonio de los imputados. Algunas defensas se han adelantando y han aportando certificaciones de ingresos de sus clientes.

Las declaraciones

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La jueza interrogó este lunes a dos de los investigados: el subdirector general de Administración y Recursos Humanos, Joan Navarro, y el responsable del Parque Móvil de Bomberos, Julio Vázquez, quienes, como hicieron en días anteriores otros encausados, lamentaron que no se les preguntara por las supuestas irregularidades en el expediente interno abierto por la Conselleria de Interior y antes de que se denunciara el asunto ante la fiscalía.

El subdirector admitió, en la línea de la versión ofrecida por otros imputados, un desfase temporal en la facturación de los servicios de mantenimiento, que se cargaban en el ejercicio posterior cuando la administración no tenía suficiente presupuesto para hacer el pago, lo que generaba una acumulación de deuda con la empresa adjudicataria. Sostuvo que los responsables del cuerpo de bomberos advirtieron de que el presupuesto anual era insuficiente para atender las reparaciones necesarias en el parque móvil, pero incidió que este no pudo ampliarse porque las cuentas de la Generalitat estuvieron prorrogadas entre los años 2017 y 2020. En ese sentido, ha lamentado ante la juez que los responsables de Bomberos investigados sean precisamente los que intentaron "solucionar" el problema presupuestario.