La jueza del 'caso Bombers' centra su investigación en posibles facturas falsas

La jueza de Barcelona del 'caso Bombers' de presunta corrupción está centrando su investigación en las facturas duplicadas o triplicadas por un mismo servicio que giró la empresa adjudicataria de los trabajos para la reparación y mantenimiento de vehículos del cuerpo, según confirmaron a este diario fuentes jurídicas. La magistrada ha vuelto a citar a declarar como imputados a siete cargos de Bombers de la Generalitat, entre ellos el exdirector del cuerpo, Manel Pardo, a su sucesor, Joan Delort, y al responsable en Catalunya de la empresa contratista. Al entender de la togada, se sospecha de la existencia de una "mecánica irregular" consistente en continuar con la ejecución de un contrato aunque se hubiera agotado el presupuesto.

La togada ha empezado este lunes los interrogatorios con dos testigos. Uno de ellos es la abogada de la Conselleria de Interior que destapó el caso. En una reunión, Pardo entregó a esta letrada un documento en el que con un bolígrafo anotó “+2%”, mientras decía en voz alta: “Estas son las facturas más el 2%”. La funcionaria pidió explicaciones al alto cargo que respondió: “No nos podemos quejar porque antes la cifra a pagar era mayor”.

La abogada replicó que esperaba que lo que estaba sugiriendo no fuera lo que sospechaba y le advirtió de que trasladaría todo a su superior, el jefe de la asesoría jurídica de Interior, Francesc Claverol, que este lunes también ha comparecido como testigo. Este jurista elevó el suceso al entonces conseller de Interior, Miquel Sàmper, que encargó una información reservada a la secretaria general, Elisabet Abad. Los dos abogados que han declarado ante la magistrada han relatado como sucedieron los hechos, aunque al ser preguntada la letrada de Interior sobre el 2%, esta contestó que desconocía si ese porcentaje era pago de comisiones ilegales.

Reconocimiento extraordinario

En el medio de este proceso judicial está la empresa Iturri que se encargaba desde el 2014 de la revisión de los vehículos de los Bombers de la Generalitat. Según las fuentes consultadas, los presupuestos anuales para este servicio a agotaban antes de finalizar el año y se debía recurrir a lo que se denomina "reconocimiento extrajudicial de crédito", un sistema que era aprobado por el Gobierno catalán. Sin embargo, a partir del 2021, la que era secretaria general de la Conselleria de Interior rechazó seguir con este procedimiento porque no es una figura que, al parecer, pueda usarse de forma continua en la contratación pública.

En los mismos pliegos de condiciones del contrato, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO, aparecen porcentajes de hasta el 9,5% si se producen retraso de gestión. Fuentes de la defensa de los imputados sitúan el famoso 2% que aparece en los documentos, precisamente, en esos recargos adicionales. La juez tiene abierta la investigación por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad y fraude en la contratación. Los imputados declararán a partir del 18 de febrero.

En la investigación interna de la Conselleria de Interior salieron a relucir las supuestas irregularidades, como facturas de revisiones hechas varias veces al mismo vehículo, reparaciones a camiones con matrículas que no se correspondían y facturas sin conceptos, entre otros indicios. El que fuera 'conseller' Miguel Sàmper leyó el informe y lo envió a la fiscalía que, posteriormente, presentó la denuncia de la que se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona.