La deuda de la pobreza energética se duplica este año en Catalunya

Los efectos devastadores de la crisis social causada por el coronavirus y la subida sostenida del precio de la luz está disparando el número de hogares que no pueden pagar los suministros básicos de su hogar. En Catalunya, la única comunidad que tiene una ley que protege las familias vulnerables de los cortes de suministros, la deuda acumulada por parte de estas familias afectadas este año ya duplica los datos de los dos años anteriores, según datos de la Conselleria de Drets Socials. En menos de 30 días la Generalitat tiene previsto pagar la deuda que las familias pobres acumularon en 2020 y 2019. En los últimos cinco años, más de 200.000 hogares catalanes no han podido hacer frente a los costes del agua, el gas y la electricidad.

"Es evidente que, con la subida sostenida del precio de la luz, además del encarecimiento del gas natural, la pobreza energética va a empeorar", avisa la portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano. Los datos de la Generalitat y de la principal distribuidora energética en Catalunya, Endesa, ya lo demuestran. La deuda que acumulan las familias pobres en lo que llevamos de 2021 ya superan las cifras de los dos últimos años. Lo ha dicho la secretaria general de Drets Socials, Anna Figueras, en unas jornadas especializadas organizadas por APE y el colectivo Enginyeria Sense Fronteres (ESF).

Deudas condonadas en octubre

Para entender la magnitud del asunto hay que situarse en el 29 de marzo de 2021. Fue el día en que, por fin, Endesa y la Generalitat llegaron a un acuerdo para financiar la deuda de las familias pobres que están protegidas de los cortes de luz a raíz de una ley aprobada en 2015. Endesa se comprometía a condonar las facturas impagadas de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. A partir de entonces, la Generalitat pagaba la mitad de las facturas de 2019, 2020 y todos los años futuros. En menos de un mes, y siete meses más tarde desde que se anunció, todos los clientes vulnerables que debían dinero a Endesa recibieron una carta conforme su deuda ya está saldada. Lo confirman a este diario fuentes de la compañía y de la Generalitat, que dicen, llevan meses trabajando en el asunto. El Govern, a través de Drets Socials y de la Consellería d'Empresa, abonará este octubre 10 millones de euros a Endesa, aunque parte de este dinero proviene de las cuatro diputaciones catalanas y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Ahora la Generalitat debe crear un fondo de solidaridad, una especie de hucha que servirá para pagar las deudas de 2021 y los años siguientes. "A finales de junio nos comunicaron que el gasto que nos tocará pagar a nosotros para 2021 ya está alrededor de los 10 millones de euros. Este 2021 se duplicará todo lo que se ha generado en los últimos dos años: el precio de la luz y los efectos de la pandemia no facilitan resolver esta situación", ha dicho la secretaria Figueras ante un foro de trabajadores sociales y regidores municipales en Barcelona que ha organizado el APE. Una charla en la que han asistido muchos trabajadores sociales, que han constatado cómo no dan abasto y van sobresaturados para atender a todas las familias necesitadas que les piden ayuda.

"No nos sorprende. Nunca nos habíamos encontrado con personas con trabajo que, a pesar de no cumplir los criterios de pobreza estrictamente, no pueden pagar los recibos de la luz y hacen auténticas virguerías para no gastar. Y ya lo estamos viendo", ha explicado Campuzano. Sin embargo, hay otras compañías en Catalunya que aún no han firmado dicho convenio, como Gas Natural o Iberdrola, y por lo tanto sus clientes vulnerables aún están pendientes de la cartas y de las llamadas de recobro.

A la Alianza le preocupa especialmente la situación de las familias afectadas alrededor de España. "La moratoria estatal para evitar los cortes de luz acaba el 31 de octubre, se tiene que prorrogar. Además no afecta al suministro de gas, y esto, de cara al invierno, hay que cambiarlo", señala Campuzano. En Catalunya, todas las familias que se encuentren en una problemática social están legalmente protegidas contra los cortes de la energía: basta con que acudan a los servicios sociales para confirmar su situación. El problema está en el resto de España, donde no existe ninguna legislación similar.

Más de 200.000 afectados

Desde que existe esta ley histórica en Catalunya, promovida desde los movimientos sociales a través de una iniciativa legislativa popular, ya se han evitado más de 200.000 cortes de luz. Las cifras las han obtenido la APE y el ESF recopilando datos de casi 700 municipios catalanes que representan cerca del 66% de la población catalana. Los servicios sociales han atendido a 285.000 hogares vulnerables que no podían pagar la luz, el agua o el gas y han dado ayudas económicas para pagar los recibos por valor de 35 millones de euros. Además, las empresas municipales de agua han colocado casi 200 contadores de agua a familias que, mientras esperan un piso de alquiler social, están ocupando una vivienda por necesidad. El convenio con Endesa también estipula que la empresa debe colocar contadores sociales de luz para los ocupas por necesidad. De momento, solo se han colocado seis en un municipio: Sallent.