Nuevo récord: el precio de la electricidad se dispara hasta los 216,01 euros

En plena escalada sin precedentes del coste del gas natural en los mercados internacionales, el precio de la electricidad en el mercado mayorista sigue imparable y ya supera la barrera psicológica de los 200 euros. Este viernes marca un nuevo máximo diario de 216,01 euros el megavatio-hora de media, en plena batalla entre el Gobierno y las eléctricas por el plan de choque para mitigar los efectos de estos precios sobre el bolsillo de los consumidores.

El efecto de estos precios mayoristas sobre los consumidores es limitado, al afectar solo a 11 millones de usuarios (de los 29 millones de consumidores eléctricos) que tienen una tarifa regulada (PVPC) indexada a la cotización del mercado mayorista. Para hacerse una idea, con el precio del día anterior (189 euros), una familia que consumiera 9 kilovatios-hora (el consumo medio diario de un hogar en España, según Red Eléctrica) pagaría 2,45 euros el jueves, en vez de 1,01 euros del año pasado, es decir, 1,44 euros más. 

Rusia, el país donde la factura de la luz no pasa de 20 euros

El gas se encuentra en una situación coyuntural excepcional en Europa marcada por una alta demanda, en plena senda de recuperación del coronavirus, y una competencia agresiva entre Europa y Asia a la que hay sumar un reducido suministro ruso que genera una presión al alza mayor en la oferta. El precio del gas, como el de los derechos de emisión de CO2, afecta directamente a las centrales de ciclo combinado --queman gas natural-- y estas, a su vez, inciden en los precios del resto de tecnologías. El mercado español es marginalista, es decir, la última tecnología en casar oferta y demanda cada hora es la que marca el precio. A falta de suficiente eólica o fotovoltaica (si no hace mucho viento o sol) quien suele marcar el precio es el ciclo combinado o, en su defecto, la hidráulica que se rige por el coste de oportunidad, por lo que tiene el mismo precio que esas centrales.

Para limitar el efecto de estos precios sobre los consumidores, el Gobierno puso en marcha un plan de choque que, desde mediados de mes, rebajó el IVA al 10%, el impuesto especial de la electricidad al 0,5% y recortó en 3.200 millones la parte regulada del recibo con la minoración de los beneficios extra que, según el Ejecutivo, las eléctricas reciben por el alza del gas natural cuando producen electricidad en sus centrales nucleares, hidráulicas y renovables.

Presión de las eléctricas

Las grandes eléctricas defienden que no tiene esos ingresos extraordinarios que dice el Ejecutivo porque no negocia la electricidad de estas centrales en el mercado diario sino que la vende un año o dos antes con contratos a precios inferiores a los que marca actualmente el denominado 'pool'. Por ello, las dos principales compañías, Iberdrola y Endesa, han enviado una carta a la Comisión Europea, junto a la portuguesa EDP y varias patronales como Aelec, Eurelectric, WindEurope o Solarpower, en la que piden al Ejecutivo comunitario que analice "de forma inmediata" el impacto de este decreto, así como la minoración de los beneficios de estas centrales por el alza del CO2 (en tramitación parlamentaria), para "encontrar soluciones" "que no distorsionen el mercado y salvaguarden la confianza de los inversores".

Este jueves, además, las compañías han recibido el apoyo de la agencia de calificación Standard & Poors (S&P) que ha publicado un informe sobre el decreto del Gobierno en el que afirma que no perjudicará a los perfiles crediticios de las empresas, "si sigue siendo temporal"; pero a largo plazo "podría socavar la confianza de los inversores". Además, la agencia de 'rating' subraya que estas medidas llegan "solo un año después" de que las eléctricas aumentaran sus programas de inversión y sus proyectos renovables en el mercado nacional. "Y aunque es demasiado pronto para sacar una conclusión, una reasignación de las inversiones fuera de España por las empresas matrices, que son actores mundiales, obstaculizaría el éxito del PNIEC", añade S&P.

Las grandes eléctricas también han pedido una gran reforma de la tarifa regulada con el argumento de evitar, así, la "volatilidad" de estos precios. Una idea que no descartó en su momento la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; pero que según el consejero de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Mariano Bacigalupo, no será "políticamente viable", después de que el regulador la "encumbrara como la mejor tarifa", ante la oposición de organizaciones de consumidores como Facua u OCU. Bacigalupo se expresó así en una jornada organizada por la Universidad Pontificia Comillas en la que la presidenta del OMIE, Carmen Becerril, lamentó que solo se cuestione el mercado mayorista cuando suben los precios y no cuando están a 30 euros, como en 2020.

Suscríbete para seguir leyendo