El curso de los desahucios empieza sin tregua

El caso de Maribel reúne muchos de los elementos que han marcado la historia reciente de la lucha por el acceso a la vivienda en Barcelona. Compró un piso cuando todo empujaba a ello que, con el tiempo, no pudo pagar. Se lo embargaron, pero logró una dación en pago y un alquiler social gracias a la 24/2015, norma catalana impulsada por los movimientos sociales que obliga a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables, como es su caso. Siempre achuchado por esos activistas, el Govern amplió dicha norma con el decreto ley 17/2019, que, entre otras cosas, obligaba a renovar esos alquileres si la situación económica de las familias no mejoraba, como es el caso de Maribel. Una normativa tumbada por el Constitucional, hecho al que se acogió el fondo inversor propietario del piso de Maribel para no renovarle el contrato.

La primera orden de desahucio era para marzo de 2021, pero su abogado de oficio pidió al juez acogerse a la moratoria estatal por la pandemia -cumple todos los requisitos- y este, en aquella ocasión aceptó y puso una nueva fecha para este martes. Pese a que el Gobierno amplió la moratoria hasta el 31 de octubre, en esta ocasión el juez ha decidido no volver a aplicársela al considerar que ya lo hizo una vez y que en este tiempo los servicios sociales ya tenían que haber encontrado una solución para la mujer, algo que, obviamente no ha sucedido (la lista de espera en la mesa de emergencia habitacional en Barcelona es de unas 600 familias).

Condena a la soledad

En este contexto de no suspensión en los juzgados, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona convocaron para este martes a la ciudadanía a parar el desahucio en el portal de la mujer, en Hostafrancs; portería a la que a las 9.30 de la mañana -la comitiva estaba convocado para las 10.50- dos parejas de Mossos impedían el acceso, lo que indignó a los activistas que acudieron hasta el lugar a arropar a la familia. "No entendemos esa actitud con la ansiedad que provoca vivir une experiencia traumática como esta y sabiendo qué es vivir un desahucio en soledad", señala la portavoz del colectivo, Lucía Delgado, recordando el caso de Segundo, el hombre que se suicidó en junio en el mismo distrito cuando la comitiva judicial llamó a su puerta. Tras esa actitud inicial -denunciada en las redes-, los policía se marcharon, dejando que la cincuentena de personas que se habían acercado hasta allí para apoyar a Maribel accedieran hasta la puerta y lograran evitar, finalmente, el desahucio, por el momento sin nueva fecha.

"Queremos pedirle a Pere Aragonès que nos explique qué actuación tendrá Interior con los desahucios. La de hoy ha dejado mucho que desear, dejando aislada a una familia de su colectivo. Nos ha sorprendido mucho", prosigue la portavoz de la PAH. Ese será uno de los temas que le planteará la concejala de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, a la nueva 'consellera' de Drets Socials, Violant Cervera en la reunión que mantendrán este miércoles para hablar sobre cómo afrontar la emergencia habitacional. "Le pediremos un cambio de perspectiva. Más recursos, con más antelación y que en el momento del desahucio refuercen la mediación, en vez de mandar a los antidisturbios", resume Martín, quien valora el programa autonómico Reallotgem -que plantea que la Generalitat asuma el alquiler de las familias vulnerables para evitar un desahucio-, aunque insiste en que "hace falta mucho más". "Es una gota en océano", concluye la edila, quien apunta que desde su departamento reforzarán la unidad antidesahucios.

En cuanto a sus peticiones al Estado, a ojos de Martín una "de mínimos" es que alargue la moratoria hasta que se apruebe la ley de la vivienda, que debe incluir la obligación a los grandes propietarios de ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables antes de desahuciarlas, algo que recoge la catalana 24/2015 y que muchos grandes propietarios se saltan.

Las lagunas de la moratoria

El de Maribel, fuera de la moratoria pese a su vulnerabilidad demostrada, no es en absoluto un caso aislado, tal y como los movimientos sociales llevan evidenciando durante toda la pandemia. Este mismo miércoles en Ciutat Meridiana hay programado un desahucio de una pareja con dos niños de 8 y 11 años en un piso propiedad de otro fondo de inversión; y el jueves en Ciutat Vella hay mínimo dos desahucios para los que el vecindario lleva días organizándose. Uno, en el 3 de la calle de Riereta, en el Raval, en una vivienda que es todo un símbolo porque fue uno de los narcopisos más conflictivos del enclave, que el barrio organizado 'recuperó' y convirtió en vivienda para alegría vecinal; y otro en el Gòtic, de una mujer de 65 años muy implicada en las luchas del distrito.