Frustración entre los activistas

El suicida del desahucio de Sants estaba solo y llevaba 3 años sin empleo

  • Segundo estaba atendido por Cáritas y por los servicios sociales de Barcelona pero no había contactado con la PAH y su pareja vive a miles de kilómetros

  • Para pagar un alquiler de 800 euros había realquilado habitaciones a inquilinos como una mujer que este martes ha sabido por la prensa lo ocurrido

 Patio interior de la vivienda en Sants por el que se suicidó Segundo.

Patio interior de la vivienda en Sants por el que se suicidó Segundo. / GUILLEM SÁNCHEZ

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

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Guillem Sánchez
Guillem Sánchez

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Especialista en Sucesos, tribunales, asuntos policiales y de cuerpos de emergencias

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En la alfombrilla de la entrada del piso del hombre que ayer lunes se suicidó cuando iba a ser desahuciado hay una inscripción. Pone 'home'. Un día después, la palabra cobra un significado extraño: Segundo Fuentes, un ecuatoriano de 58 años que llevaba más de veinte en España, se quitó la vida porque estaba a punto de quedarse sin casa. Vivía junto a su perro y llevaba tres años en el paro. Su mujer residía en su Ecuador natal y no tenía ganas de regresar a Barcelona. Y cuando comenzó el proceso judicial que acabó ordenando que se devolviera el piso a su propietario, una pareja de vecinos de Sants que se había mudado a otro domicilio cercano y que había denunciado a Segundo porque no pagaba el alquiler, no dijo nada. No acudió a ningún grupo de apoyo de activistas antidesahucios. "Nos sentimos frustrados", reconoce Lucía Delgado, portavoz de la PAH de Barcelona. "Participar en plataformas de apoyo con personas que han pasado por lo mismo es clave. Si no, el sentimiento de soledad y desesperación puede derivar en conductas autodestructivas, como desgraciadamente ha ocurrido", explica Laia Farràs, psicóloga especializada. Ayer, Segundo, cuando la comitiva judicial llamó a su puerta, pidió "un momento" antes de abrir y se lanzó por el patio de luces.

En el piso de debajo, una cuidadora que estaba curando los pies a un matrimonio de ancianos se asomó por la ventana para ver a qué se debía aquel estruendo. Descubrió el cadáver de Segundo. Y les pidió que no se asomaran.

El alquiler

Segundo perdió su empleo en 2018 como mozo de almacén en un Mercadona. En Cáritas Barcelona lo conocieron en febrero del 2020, poco antes de que estallara la pandemia del coronavirus. Ya llevaba dos años en el paro y había agotado la prestación por desempleo. Segundo había realquilado habitaciones a varios inquilinos. Uno de ellos, una mujer, esta mañana ha sabido por la prensa lo ocurrido. Contactada por este diario, ha rechazado pronunciarse y ha asegurado que la familia de Segundo, desde Ecuador, pide "respeto".

Los servicios sociales del barrio de Sants le consiguieron ayudas puntuales para ir pagando el alquiler y la compra del supermercado. También participó del proyecto 'Feina amb Cor' hasta noviembre del 2020, un servicio de la entidad para personas que buscan un trabajo. "Se presentó a ocho ofertas distintas, pero, a pesar de sus esfuerzos, ninguna fructificó", subrayan. Ese mes de junio, tres meses después del estallido de la pandemia, Segundo dejó de pagar el alquiler al matrimonio de vecinos de Sants. A finales de 2020, la pareja propietaria del piso denunció el impago y, un mes después, arrancó el proceso de desahucio por parte del juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona.

La Unidad Anti Desahucios de Barcelona acreditó en un informe que Segundo debía recibir la consideración de "vulnerable" dado que no tenía dinero para pagar los 800 euros de alquiler ni tampoco otra vivienda alternativa donde cobijarse. El juzgado, sin embargo, estimó que Segundo no cumplía los requisitos que marca la ley para recibir tal consideración.

"Muerte evitable"

"Era una muerte evitable", repiten una y otra vez las entidades sociales y los movimientos antidesahucios. Desde el Ayuntamiento de Barcelona se acusa al juez de hacer "una lectura restrictiva de la moratoria de los desahucios". "Debería haber sido más garantista", critica Lucía Martín, concejala de vivienda. "Les llamamos el pasado viernes y no quiso explicarnos por qué no se le consideró vulnerable porque no somos parte implicada en el procedimiento judicial", lamenta Martín. La concejala añade que habitualmente los jueces acostumbran a darles más tiempo para encontrar una solución.

Llama la atención que Segundo no cobrara ninguna renta social regular, como son el Ingreso Mínimo Vital o la renta Garantizada de Ciudadanía. Cáritas confirma que tenía permiso de trabajo y de residencia legal en España y que, por lo tanto, tenía derecho a percibirla. El Ayuntamiento no ha querido concretar si era beneficiario de tal renta.

Desahucios que provocan depresiones

Angustia, trastornos de ansiedad, ataques de pánico o incluso pensamientos suicidas. Estos son algunos de los síntomas que experimentan los que afrontan un desalojo de su casa. Lo explica Laia Farràs, doctora en psicología que, desde el colectivo Sísifo, atiende de forma gratuita a familias al límite de ser expulsadas. "Es muy habitual que, en cuanto llega la orden de desahucio, empiecen a agudizarse problemas de salud mental de tipo depresivo. Algunos llegan a verbalizar que no podrán salir de ello y fantasean mucho con la idea de la muerte, que sería más fácil quitarse este peso de encima", añade la doctora. Es por ello que esta unidad, presente en los barrios más deprimidos del norte de Barcelona, intenta suspender lanzamientos y, si no lo logran, se presentan en casa de se sus pacientes. "Al menos conseguimos que se sientan acompañados, que sepan que estamos con ellos, que no están solos ante esta situación", agrega. Un apoyo que Segundo no tuvo.

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La PAH ha convocado una concentración en el barrio de Sants para denunciar la "situación límite" que viven miles de familias. Imploran, además, una Ley de vivienda estatal que garantice el derecho a la vivienda, limite los precios del alquiler y evite más muertes por culpa de un sistema injusto". "Nadie analiza lo que ha pasado. Vivienda, salud mental, vulnerabilidad... todo se mezcla y cuando explota nos salpica a todos", razona una trabajadora social de Barcelona, afectada por lo ocurrido. "Casos como este muestran el grado de sufrimiento de las personas que no tienen trabajo ni pueden pagar los gastos de vivienda ni alimentación", se quejan desde Cáritas Barcelona, que recuerdan que el 67% de las personas que atienden no tienen una vivienda digna, que el 25% de los hogares no perciben ningún ingreso y que casi la mitad de sus usuarios han sufrido uno o más ataques de ansiedad o pánico. Todo ello, cifras récord que incluso superan las de la crisis financiera. "Insistimos en un plan de rescate estructural, desde la solidaridad no lo podemos solucionar", concluye la oenegé.

Cruce de reproches entre Colau y los jueces

El suicidio de Segundo, el vecino de Sants que iba a ser desahuciado, ha desatado un cruce de reproches entre el Ayuntamiento y las entidades sociales, por un lado, y el Gobierno y los jueces, por el otro. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido a los jueces que revisen los criterios para desahuciar a personas vulnerables y al PSOE que "desbloquee ya" la propuesta de una nueva ley de vivienda.

Según la alcaldesa, en estos casos, "la moratoria permite evitar el desahucio, por lo que la abogada del afectado solicitó en dos ocasiones el aplazamiento adjuntando el informe municipal que acreditaba la vulnerabilidad". "Sin embargo, el juez decidió no aplicar la moratoria y seguir adelante con el desalojo", ha lamentado.

En sentido contrario, el magistrado Roberto García Cenicero, coordinador de los juzgados de primera instancia de Barcelona, ha replicado y cree "absolutamente injusto" que se les culpe de los desahucios de personas vulnerables cuando hay una "incapacidad manifiesta de todos los servicios sociales" para garantizar una vivienda en esos casos. "Todos lo podríamos haber hecho mejor", admite. Pero, a diferencia de la versión de Colau, García señala que la abogada de Segundo no aportó documentación para acreditar cuestiones relativas a su nivel de ingresos y su situación laboral o patrimonial.

García asegura que la moratoria a los desahucios aprobada por el Gobierno raíz de la pandemia "se está aplicando como toca". Según el magistrado, los jueces están haciendo un "análisis ponderado" de cada uno de los casos, lo que les obliga a estar permanentemente "casi de guardia", y están aplicando suspensiones "de forma generalizada" a inquilinos que no pueden pagar el alquiler si los informes concluyen que están en situación vulnerable. También ha reconocido que a los jueces les "molesta" que "ciertos líderes políticos estén recriminando la actuación de los juzgados" cuando son el legislativo y el ejecutivo los que deben garantizar los medios para una solución habitacional a los afectados. García Cenicero cree que cualquier mejora que se incorpore al protocolo antidesahucios sería "bienvenida", pero que la solución al problema de vivienda no puede ser la "moratoria perpetua", por lo que avisa: "Si no hay respuesta final, se va a generar un problema social que ya se nos está viniendo encima".