Presupuesto de 20 millones
La Generalitat pagará el alquiler a familias a punto de ser desahuciadas
La Administración se convertirá en arrendataria y afrontará la deuda pendiente hasta un máximo de seis meses
Más de 1.500 familias al borde del desahucio podrán pedir esta ayuda a través de una web o en las oficinas locales de Habitatge u Ofideute
El Periódico
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La Generalitat de Catalunya pagará el alquiler de las familias con vulnerabilidad social acreditada que estén a punto de ser desahuciadas por impago de alquiler, según ha anunciado la 'consellera' de Drets Socials, Violant Cervera. Se trata de una ayuda ofrecida a todos los inquilinos que no puedan seguir pagando su alquiler y que vivan en viviendas que no están en manos de grandes tenedores. En Catalunya hay más de 1.500 familias a la espera de ser realojados en un piso con un alquiler social y que cumplen con los criterios de vulnerabilidad.
La Generalitat teme una oleada de desahucios a partir del mes de septiembre y más teniendo en cuenta que, hasta el momento, el Consejo de Ministros no ha anunciado ninguna ampliación de la moratoria antidesahucios. "La vivienda es un reto de país y, ante la urgencia por la no ampliación de la moratoria por parte del Estado, trataremos de ayudar a las familias que se encuentran en esta situación tan grave", ha dicho la 'consellera'. El objetivo de este plan, según el secretario de Habitatge del Govern, Carles Sala, es el de "terminar con la angustia de las familias".
El problema con los desahucios no está causado solo por el elevado precio de los alquileres, la falta de empleo o la creciente crisis social debido a la pandemia del coronavirus. El drama se arrastra desde hace décadas porque ni el Govern ni los ayuntamientos disponen de pisos de alquiler social para los hogares más vulnerables.
Aumentar el parque
En este sentido, la Conselleria de Drets Socials, hoy responsable también de Habitatge, quiere aumentar el parque de vivienda pública lo antes posible. Y, para ello, propone pagar el alquiler a todas las familias vulnerables que estén al borde del desahucio. El Govern firmará un nuevo contrato de alquiler a 5 o 7 años con el propietario del piso y, a su vez, firmará otro con la familia para que pague una pequeña cantidad como si de un alquiler social se tratara, afrontándolo con el 20% de sus ingresos. Estas ayudas también asumirán deudas pasadas de hasta seis meses. En total el Govern destinará 20 millones de euros a estas ayudas, aunque Sala ha explicado que esta cantidad puede ser ampliada en caso que sea necesario.
Las primeras familias que se podrán beneficiar de la medida son las 185 familias con fecha señalada de ejecución de vivienda entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre. Sin embargo, hay más de 1.500 que están en la misma situación: 900 en distintas localidades de Catalunya y 600 solo en la ciudad de Barcelona que están esperando un piso de emergencia social al que tienen derecho por su condición de vulnerabilidad. Si cumplen con estos criterios (estar aún en el piso, ser inquilinos y que los propietarios no sean grandes tenedores de vivienda) podrán acceder a estos fondos, a través de una página web, en las oficinas de Ofideute, los servicios socials municipales, las oficinas de Habitatge o mandando un correo electrónico a actuacionsurgenciahabitatge@gencat.cat.
Aquellas familias vulnerables que viven en pensiones o en pisos okupas no podrán acceder a ello. Tampoco los que residen en viviendas de grandes tenedores porque la ley catalana ya les obliga a ofrecer vivienda alternativa en caso de desahuciar a familias pobres. Sin embargo, algunos movimientos sociales denuncian que no siempre lo hacen.
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