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PEDERASTIA EN LAS ESCUELAS

El 'caso Benítez' ronda el pacto y el 'caso Maristas' se cierra en falso

Antes del inicio de la primera jornada contra el profesor de gimnasia las partes tratarán de alcanzar un acuerdo que evitará la celebración del juicio

Las autoridades siguen sin investigar la responsabilidad de la orden religiosa ni promover la reparación de las víctimas con delitos prescritos

Guillem Sànchez / J. G. Albalat

Las claves del juicio Maristas explicadas por los periodistas de El Periódico / ZML / Miriam Lázaro

El juicio contra Joaquim Benítez, el profesor de Educación física que abusó durante décadas de alumnos del colegio marista de Sants-Les Corts de Barcelona, tal vez no llegue a celebrarse. Todas las partes implicadas en el proceso judicial han confirmado a EL PERIÓDICO que se está debatiendo seriamente un pacto y que los contactos pueden prolongarse hasta el mismo día en que se inicie la vista, es decir, este lunes 25 de marzo. Las prescripciones han impedido que la justicia pueda sentar en el banquillo a más implicados en el 'caso Maristas'.

El acuerdo implicaría rebajar en algunos años la condena al pederasta Benítez, que se enfrenta a una petición del fiscal de 22 años de cárcel. Si hay pacto, descenderían hasta situarse alrededor de los 15 años de privación de libertad. Evitar la celebración de un juicio convencional no significaría renunciar a la declaración de Benítez. Las acusaciones particulares tienen interés en preservarla, de modo que el profesor dé su versión acerca de si existió o no encubrimiento por parte de la institución de los Maristas.

Benítez ya afirmó en la segunda entrevista con EL PERIÓDICO que los responsables del colegio sabían que él tenía "este problema". En otra conversación con Manuel Barbero, padre de una víctima e impulsor del 'caso Maristas', Benítez se comprometió a decir toda la verdad acerca del grado de conocimiento que tenía la escuela sobre sus abusos. No es una cuestión menor: al contrario de las presentadas por las cuatro víctimas que han llevado a juicio a Benítez, el resto de denuncias contra él -otras 13 en total- están prescritas, no forman parte del proceso y sucedieron después de que saltaran algunas alarmas. Según el pederasta confeso, una familia se quejó de sus abusos alrededor de 1990 y él admitió los hechos en la escuela: "Los Maristas sí conocían esta debilidad".

Si la rebaja de la pena de cárcel no supondría un problema para alcanzar el pacto, las indemnizaciones tal vez lo sean. Por dos motivos: existen discrepancias sobre la cantidad más justa y Benítez se declarará insolvente para pagarla. Este segundo punto deja la posibilidad de zanjar el pacto en manos del responsable subsidiario, la Fundación Champagnat -dueña del colegio concertado por la Generalitat-, o de su aseguradora. De lograrse el acuerdo, finalizaría así el 'caso Benítez'. El 'caso Maristas', en realidad, habrá pasado fugazmente para la justicia española.

Caducidad aliada de la pederastia

Benítez ejerció de profesor en Sants-Les Corts entre 1980 y 2011 y durante ese periodo no dejó de encerrarse a solas con alumnos en un despacho que tenía junto a la piscina del centro. Barbero, cuyo hijo fue agredido sexualmente por Benítez, encontró a otras cuatro víctimas del pederasta colgando carteles en la escuela. EL PERIÓDICO publicó su historia y aquel fue el primer episodio del que acabaría convirtiéndose en el 'caso Maristas'.

Tras la noticia de Barbero, este diario localizó a Benítez, desaparecido desde que en el 2011 otra familia se quejó de sus abusos a la dirección del centro y esta lo invitó a marcharse, y en la primera entrevista con EL PERIÓDICO confesó que el hijo de Barbero decía la verdad. Durante los dos meses siguientes, aparecieron decenas de víctimas que revelaron abusos perpetrados por una docena de profesores, la mayoría hermanos religiosos maristas. El balance final fue de 43 denuncias contra docentes de los colegios de Sants-Les Corts y la Inmaculada, en Barcelona, y del Champagnat de Badalona. Tres de los docentes acusados de pederastia -entre ellos Benítez- confesaron sus abusos a este periódico.

Afloró de este modo una trama de ocultación de la pederastia por parte de la institución marista. La misma que actualmente comienza a emerger en el seno de los Jesuitas, los Claretianos, los Capuchinos o los Benedictinos de la Abadia de Montserrat. La misma que asoma en diócesis como la de Tarragona, con sacerdotes denunciados en Constantí y Sant Jaume dels Domenys.

Sin embargo, la prescripción de los delitos sexuales continúa aliándose con los pederastas y, sobre todo, con las organizaciones religiosas. Por eso el 'caso Maristas', judicialmente, ha sido solo el 'caso Benítez'. 

La inacción de las autoridades

El Ayuntamiento de Barcelona presentó su acusación contra Benítez al poco tiempo de arrancar el proceso, hace ahora tres años. El Govern de la Generalitat, entonces en manos de Junts pel Sí, titubeó y no lo hizo hasta que estaba a punto de acabar. Estas dos acusaciones han sido meras espectadoras de la instrucción y no han apuntado en modo alguno a la responsabilidad de los Maristas en el asunto, un colegio que funciona con dinero público, tanto de la Generalitat como del ayuntamiento.

Las autoridades españolas, a diferencia de las chilenas, (el Papa aceptó ayer la renuncia del arzobispo) tampoco han promovido en modo alguno la reparación de todas las víctimas de abusos sexuales ocurridos en el seno de colegios maristas cuyos delitos están prescritos. Más de 30 personas que denunciaron a los Mossos a sus exprofesores han visto como sus causas quedaban archivadas.  En España sigue sin aprobarse una reforma del Código Penal que dé más tiempo a las víctimas para enjuiciar a sus agresores.

Negociación entre Maristas y Mans Petites

Manuel Barbero, el padre que comenzó a destapar el 'caso Maristas', ha impulsado desde la Fundació Mans Petites una negociación con los Maristas para lograr la reparación pendientes de la mayoría de víctimas con delitos prescritos. Junto a 'Jota'víctima del profesor Arnaldo Farré en el colegio de Sants-Les Corts, se han reunido con representantes de la Fundació Champagnat en un proceso tutelado por la Generalitat.

Actualmente, lamenta Barbero, la negociación está en una vía muerta. Fundamentalmente porque los Maristas no aceptan pactar una indemnización mínima para todos los casos. Un embrollo que no desatasca la Generalitat, que en lugar de liderar esta comisión bilateral -y hacer un llamamiento a todas las víctimas existentes- ha mantenido un papel "de árbitro neutral", critica Barbero, que entiende que debería mostrar un mayor interés en una negociación que afecta a alumnos escolarizados en centros concertados por Ensenyament.