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LA PEDERASTIA EN LA IGLESIA

El antes y el después del 'caso Maristas'

La Generalitat ha mejorado los protocolos de detección de abusos y el Gobierno central prevé alargar el periodo de prescripción

La consecuencia más relevante ha sido social: cada vez más víctimas alzan su voz sin miedo a denunciar

J. G. Albalat / Guillem Sànchez

Manuel Barbero, en febrero del 2018.

Manuel Barbero, en febrero del 2018. / JOAN PUIG

Hay un antes y un después a raíz del ‘caso Maristas’. Al salir a la luz en febrero del 2016 el escándalo de los abusos sexuales a alumnos de diferentes colegios de la congregación religiosa, los actores vinculados a esta lacra tuvieron que mover ficha. Para algunos sectores de la sociedad, sobre todo los relacionados con las víctimas, los pasos dados para conseguir una mayor protección de los menores han sido ínfimos. En tres años se han mejorado los protocolos oficiales de detección de maltrato infantil, como las agresiones sexuales en las escuelas, el Gobierno central ha aprobado un anteproyecto de ley para ampliar el plazo de prescripción de estos delitos y las víctimas han perdido el miedo a denunciar. En el 'caso de Montserrat', la abadía ha creado un comisión externa para esclarecer lo sucedido.

Los protocolos

En la época en que empezaron las denuncias contra el exprofesor de gimnasia del colegio marista de Sants-Les Corts Joaquim Benítezel protocolo oficial lo decía muy claro: cualquier situación de malos tratos de carácter grave que haya sufrido un menor en el ámbito educativo deberá ser comunicada por los responsables del centro docente a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat, además de a la fiscalía o al juzgado de guardia. La Fundación Champagnat, la entidad titular del colegio donde ejerció Benítez, se saltó esa primera parte del protocolo, suscrito en el 2006 entre las ‘conselleries’ de Benestar Social y Ensenyament. A la DGAIA no le constaba haber recibido comunicación oficial. Ni siquiera les notificó lo ocurrido en el 2011, cuando los Maristas sí presentaron una primera denuncia ante la Fiscalía de Menores contra Benítez -omitiendo su confesión-, que acabó siendo despedido. Tampoco informaron a la Generalitat en el 2013 del caso de los abusos al hijo de Manuel Barbero. En junio del 2016, el Gobierno catalán aprobó la ampliación de dicho protocolo y estableció un mecanismo de derivación y coordinación y unos circuitos administrativos y técnicos más ágiles entre el ámbito educativo y en de la protección del menor.

La prescripción

Solo cuatro de la cuarentena de denuncias presentadas ante los Mossos contra 12 exdocentes de colegios de los Maristas han llegado finalmente a juicio. Y esas cuatro están dirigidas todas contra Benítez, que recibió un total de 17. La mayoría de casos fueron archivados en los juzgados por la prescripción del delito y las víctimas no tuvieron ni la oportunidad de explicar lo sucedido a un magistrado.

A raíz de la publicación en EL PERIÓDICO del ‘caso Maristas’, el entonces ‘conseller’ de Justícia, Carles Mundó, encargó un informe jurídico. En este se proponía ampliar el periodo en el que empieza la prescripción de los delitos de pederastia de los 18 años a los 30, como ocurre en Alemania. "Debe fijarse cuándo la víctima ha digerido esa vivencia personal y alcanza la madurez para enfrentarse a esta situación y denunciar. Este delito no se puede tratar de forma genérica como cualquier otro", razonaba.

Tiempo más tarde, a finales del 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el anteproyecto de la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entre otras medidas ampliará el plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual cometidos contra menores: empezará a contar a partir de los 30 años.

Romper el silencio

La valentía de los primeros denunciantes del ‘caso Maristas’ al revelar experiencias traumáticas ha abierto los ojos a muchas otras víctimas de abusos sexuales cometidos en centros escolares, muchos de ellos vinculados a la enseñanza religiosa católica. Así, han ido emergiendo casos nuevos de otras órdenes religiosas, como los Jesuitas, los Claretianos, los Capuchinos y los Benedictinos de la Abadía de Montserrat. Y no solo han salpicado a docentes, sino también a religiosos o párrocos de determinadas poblaciones, como Constantí, Sant Jaume dels Domenys y Vilobí. El que fuera rector de la parroquia de Constantí, por ejemplo, mosén Pere Llagostera, ya fallecido, abusó de niños durante décadas. En Montserrat, todas las miradas se dirigieron al monje Andreu Soler, que estuvo en contacto con menores durante cuatro décadas tras fundar el grupo de escolta de Els Nois de Servei. En este caso, que empezó con la denuncia de Miguel Hurtado, la abadía ha creado una comisión externa de expertos, entre los que se encuentra una abogada, para aclarar lo sucedido.