El Govern blinda que sus nuevas ZBE se aprueben justo después de las elecciones catalanas

El Govern de la Generalitat ultima estas semanas la tramitación de su nueva regulación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que tras las alegaciones críticas de grandes ciudades del área de Barcelona se flexibilizó, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. El Departament d'Acció Climàtica ha blindado la aprobación de la nueva normativa, la cual prevé para justo después de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo debido al mes y medio en que se dilatará la tramitación, además del retraso que ya acarrea.

El decreto del 'Pla de Qualitat de l'Aire, horitzó 2027', nomenclatura de la regulación sobre ZBE que impulsa el ejecutivo catalán, pasó este mismo martes 2 de abril a manos del Consell Tècnic del Govern, el órgano que analiza y estudia los asuntos que los 'consellers' aprobarán posteriormente. El próximo paso es que la norma pase a manos del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que deberá realizar un informe durante el próximo mes y medio, plazo en el que se prolongará la tramitación, según ha confirmado este miércoles 3 de abril el 'conseller' David Mascort (ERC).

El Govern flexibiliza las Zonas de Bajas Emisiones para recoger las críticas de grandes ciudades de Catalunya

La previsión de Acció Climàtica es que, tras pasar por el CTESC, el Consell Executiu liderado por el 'president' Pere Aragonés (ERC) apruebe la nueva regulación, algo que no se proyecta que sea posible hasta justo después de las elecciones catalanas, cuando se cumplirá el plazo del mes y medio en que la normativa permanecerá en manos del CTESC.

Pese a que por entonces liderará la Generalitat un Govern en funciones, desde el Departament d'Acció Climàtica aseguran que la aprobación de la normativa está blindada, ya que que el inicio de su tramitación ha sido preelectoral. El propósito —fallido— del Govern era sacarlo adelante durante el primer trimestre de este 2024, algo que han dificultado las tensiones con los ayuntamientos.

El epílogo de la tramitación de las nuevas ZBE catalanas transcurre después de que la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament d'Acció Climàtica, Mireia Boya, se reuniera durante el mes de marzo tanto con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como con el Arc Metropolità de Barcelona, las dos entidades supramunicipales que vertebraron las alegaciones críticas de las grandes ciudades del entorno de la capital catalana.

Pese a las evidentes tensiones entre algunos municipios, especialmente los del Vallès (Sabadell, Terrassa, Rubí o Granollers), y el ejecutivo catalán, de los citados encuentros no han trascendido detalles más allá de la aceptación de buena parte de las alegaciones que ya avanzó este diario. De dicha asunción resultaron el retraso de un año a las restricciones en las ZBE a vehículos con 'etiqueta B' o la relajación de la superficie de suelo urbano residencial afecta a restricciones ante la posibilidad de configurar ZBE supramunicipales.

La aprobación de una moción sobre ZBE en el Parlament

Sí hay, sin embargo, un gesto que permite presuponer el entendimiento político del que las nuevas ZBE catalanas han carecido durante el primer trimestre del año, llegando las tiranteces incluso al seno interno del propio AMB, donde PSC, Comuns y ERC comparten gobierno pero se reparten respectivamente las vicepresidencias de Movilidad, Acción Climática y Metrópolis Digital, aunque los socialistas gozan de mayoría absoluta en el Consejo Metropolitano y ostentan la presidencia y vicepresidencia ejecutiva.

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El citado gesto es una moción impulsada por el PSC sobre las ZBE que, pese a enmiendas de ERC y Junts, salió adelante en el Parlament el pasado 7 de marzo. En el Govern entienden esta aprobación como un aval ímplicito de los socialistas —que lideran los grandes ayuntamientos críticos— a la nueva regulación de las ZBE catalanas.

Fuentes de Acció Climàtica han explicitado durante toda la tramitación de las nuevas ZBE la intención de "buscar el máximo consenso de las ciudades para reducir al 50% la contaminación en ocho años". Al tratarse de un decreto, la norma no necesita pasar por el Parlament para aprobarse y basta con que prospere en el Consell Executiu. Cuando ocurra, Catalunya tendrá vigente un nuevo marco normativo para implementar acciones para mejorar la calidad de su aire, un corpus normativo que han exigido tanto el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya como la justicia europea en tres misivas dirigidas al ejecutivo catalán.

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