Nueva normativa
Catalunya retrasa un año las restricciones en Zonas de Bajas Emisiones a los vehículos con etiqueta B
El Departament d'Acció Climàtica accede a flexibilizar la regulación tras las críticas de grandes ciudades del área de Barcelona
CONTEXTO | Lluvia de alegaciones de grandes ciudades del área de BCN contra la norma catalana de Zonas de Bajas Emisiones: "Es un despropósito"
MULTIMEDIA | La mitad de los vehículos del área de Barcelona no podrán ir por las ZBE si prospera el decreto del Govern
Manuel Arenas
Redactor y coordinador del equipo de información del área metropolitana de Barcelona
Periodista de información y audiencias locales del área metropolitana de Barcelona. Antes trabajé en la productora audiovisual Clack, donde investigué y desarrollé guiones de documentales, y colaboré con EL PERIÓDICO firmando la contraportada del diario y publicando reportajes en las secciones Gran Barcelona, Sociedad y Entre Todos. Empecé en la prensa local de mi ciudad, Santa Coloma de Gramenet, concretamente en el Diari de Santa Coloma.
Guillem Costa
La flexibilización del proyecto de regulación catalana de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que el Govern de la Generalitat ha asumido contempla el retraso de los plazos, concretamente de un año, para que se activen las restricciones a los vehículos con etiqueta ambiental B (amarilla).
Este margen de maniobra había sido solicitado por diversas ciudades críticas con la norma catalana, desde Badalona (que pedía dos años) hasta los municipios de la asociación Arc Metropolità (Terrassa, Sabadell o Mataró, entre ellos). Según datos de matriculaciones de 2022 de la Dirección General de Tráfico (DGT), estas ciudades son las que tienen mayor proporción de automóviles con etiqueta B, cuya circulación se verá limitada con la nueva normativa.
Tras la fase de alegaciones, fuentes del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat confirman a EL PERIÓDICO que el decreto de ZBE finalmente estipulará que las restricciones a los vehículos con etiqueta B comenzarán el año 2027. Si hasta la fecha la previsión era que el inicio de las restricciones a los 'etiqueta B' comenzara el 1 de enero de 2026, ahora se proyecta que empiece el 1 de enero de 2027.
Es en esa fecha cuando se empezará a prohibir la circulación en las ZBE a los vehículos diésel de categoría Euro 4 (modelos entre 2006 y 2013), mientras que la circulación de la totalidad de los vehículos con etiqueta B quedará restringida a partir del 1 de enero de 2028 (antes de las alegaciones era el 1 de enero de 2027). Es decir, el plazo para limitar la circulación de vehículos con etiqueta amarilla se retrasará un año.
Las últimas negociaciones sobre el texto definitivo del decreto se desarrollarán en los próximos días. El Govern prevé aprobar la norma antes de que acabe el mes de marzo.
Solución intermedia
Posponer un año la activación de las restricciones es una solución intermedia entre lo que el Govern proponía de entrada y lo que pedían algunas ciudades como Badalona (retrasarlo dos años).
También habían solicitado flexibilizar el cerco a los 'etiqueta B' desde el Arc Metropolità, agrupación que integra a las ciudades (Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Granollers, Mataró y Sabadell) que tienen mayor proporción de vehículos (sumando los 'sin etiqueta' y los 'etiqueta B') que quedarán afectados por las ZBE: en torno al 50%, tal y como publicó este diario.
Desde el Govern, sin embargo, limitan el impacto justificándolo con el dato del parque automóvil circulante en las ciudades (los vehículos que circulan, no los matriculados). Según fuentes de Acció Climàtica, este indicador arroja que la proporción de vehículos con etiqueta B que quedará afectada por las ZBE es de un 14%. Esta cifra no incluye los vehículos sin etiqueta mediambiental.
Además de retrasar la restricción de circulación a los vehículos con el distintivo ambiental amarillo, el Govern también ha relajado sus medidas en otras reglas. Por ejemplo, la regulación catalana permitirá configurar otras ZBE supramunicipales que tomen como modelo de referencia la ZBE Rondes Barcelona, hecho que rebajará la exigencia del 25% de superficie mínima de suelo urbano residencial, que hasta ahora se exigía localmente y ahora podrá computarse en el global del área supramunicipal que se conforme.
En total, desde Acció Climàtica aseguran haber aceptado el 72% (el 43% de forma total y el 29% de forma parcial) de las alegaciones formuladas por el Arc Metropolità y el 83% (el 48% de forma total y el 35% de forma parcial) de las esgrimidas por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
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