Lluvia de alegaciones de grandes ciudades del área de BCN contra la norma catalana de Zonas de Bajas Emisiones: "Es un despropósito"

El proyecto de nueva regulación catalana de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), aderezado con el contexto de incertidumbre que generó la anulación de la ZBE de Barcelona -en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que posteriormente confirmó el Tribunal Supremo-, sigue levantando ampollas entre las grandes ciudades de más de 50.000 habitantes de la región metropolitana de Barcelona que deberán aterrizar localmente sus medidas y presentárselas a su ciudadanía.

Después del primer rechazo expresado a finales del pasado 2023 por los ayuntamientos de la asociación Arc Metropolità, integrada por importantes municipios catalanes como Sabadell, Terrassa, Mataró o Rubí, estas mismas urbes redoblan ahora sus críticas y a ellos se suman otras grandes ciudades de la conurbación barcelonesa que tampoco consideran asumibles ciertas exigencias previstas en el proyecto de decreto del 'Pla de Qualitat de l'Aire, horitzó 2027', cuya aprobación durante el primer trimestre del 2024 proyecta el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.

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Esta vez, sin embargo, las ciudades no únicamente enarbolan la bandera del malestar en el simbólico terreno político, sino que han vertebrado sus objeciones a través de una lluvia de alegaciones formales contra la regulación catalana -el plazo culminó este pasado lunes 29 de enero- a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La argumentación de estas críticas se dirige eminentemente contra dos cuestiones: por un lado, contra la exigencia de que las ZBE locales deban contar con una superficie mínima del 25% del suelo urbano residencial del municipio; por otro, contra las restricciones a vehículos con 'etiqueta B' (amarilla) a partir del 1 de enero del 2026, restricción hasta la fecha inédita en la ZBE Barcelona, que únicamente barra el paso a los vehículos sin etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT). Como denominador común, las ciudades que han alegado entienden que el nuevo decreto catalán supone una injerencia competencial en la autonomía local de los ayuntamientos a la hora de regular las ZBE.

"El decreto es un despropósito y desde el Arc Metropolità manifestamos nuestro contundente rechazo, ya que se está impulsando sin tener en cuenta al municipalismo y con medidas de dudosa eficacia", clama Ana María Martínez (PSC), alcaldesa de Rubí y presidenta de la asociación de localidades de la segunda corona metropolitana.

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Entre los grandes municipios que han presentado formalmente alegaciones propias, además de los del Arc Metropolità, constan también la Badalona del alcalde Xavier Garcia Albiol (PP), que desde un primer momento ya optó por retrasar la imposición de sanciones vinculadas a la ZBE hasta enero del 2027, y el Castelldefels del también alcalde popular Manu Reyes. También el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), como administración que coordina las ZBE del ámbito metropolitano, ha alegado e incluso ha reprochado por carta al Govern de la Generalitat que su proyecto de decreto suponga un "riesgo" ante futuros contenciosos judiciales.

Fuentes de Acció Climàtica consultadas aseguran a este diario que el estudio de las alegaciones comenzará próximamente y "trataremos de darles respuesta a todas".

Contra el "indiscriminado" 25% de superficie local de las ZBE

El escrito formal de Badalona, consultado por este diario, en primer lugar se opone a la exigencia (artículo 13) de que las ZBE locales deban contar con "una superficie mínima del 25% del suelo urbano residencial del municipio" en un plazo máximo de cuatro años sin que la superficie inicial pueda suponer una proporción inferior al 10%.

"Es una medida indiscriminada: ¿a qué criterio científico o estudio responde? Nadie de la Generalitat nos lo ha dicho", se pregunta el teniente de Alcaldía de Sostenibilidad de Badalona, Daniel Gracia (PP), quien precisa que la porción de suelo incluida en la ZBE badalonesa la determinarán las memorias técnicas en elaboración que el consistorio encargó al Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, tilda la medida de "arbitraria".

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Secunda asimismo la visión de Gracia la presidenta del Arc Metropolità: "¿Cuál es el criterio objetivo para determinar esa superficie mínima del 25%?", apunta Martínez. La también alcaldesa de Rubí pone sobre la mesa el hecho de que algunas ordenanzas locales de ZBE ya estén aprobadas "y este decreto nos acabaría obligando a reformularlas en tres años".

A título de ejemplo, Terrassa tiene actualmente aprobada una ZBE local con superficie del 13% de suelo urbano residencial, de manera que, en caso de salir adelante el texto provisional del decreto, el consistorio vallesano liderado por el alcalde Jordi Ballart (Tot per Terrassa) quedaría obligado a incrementarla en un 13% más durante los próximos cuatro años. Otro ejemplo: la ZBE de Rubí prevé ocupar un 18,9% del suelo residencial, un 6% menos de lo que prescribe por el momento la normativa catalana. La ZBE de Sabadell, por su parte, abastecerá un 18% del suelo residencial inicialmente "con una previsión de crecimiento a medio plazo del 9%, que representará un 27% en 2028", apuntan fuentes desde el Arc Metropolità.

"Nos preocupa el trato a los residentes de las ciudades"

Otra de las inquietudes primordiales que esgrimen los ayuntamientos es la de no penalizar a los vecinos con pocos recursos económicos con dificultades agravadas para cambiar de vehículo. Lo cierto es que la realidad socioeconómica de algunas ciudades metropolitanas es delicada: Badalona (Sant Roc o La Pau), Sabadell (Can Puiggener) o Mataró (Rocafonda, Cerdanyola Sud) tienen algunas de las secciones censales más pobres de Catalunya, según los últimos datos (2020) del Institut d'Estadística de Catalunya.

Es en este punto donde entran en juego las críticas a las restricciones a vehículos con 'etiqueta B' que prevé el proyecto de decreto catalán (artículo 15): a vehículos diésel Euro 4 (modelos entre 2006 y 2013) "antes del 1 de enero del 2026", reza el texto legal para municipios de más de 50.000 habitantes, y a todos los vehículos con 'etiqueta B' "antes del 1 de enero del 2028".

Las alegaciones de Badalona solicitan retrasar los citados plazos dos años, es decir, cambiar "2026" por "2028" y "2028" por "2030", respectivamente. Castelldefels tampoco está de acuerdo con los plazos. Según datos del Ayuntamiento de Badalona que a su vez maneja datos del 2022 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), del total de 78.932 turismos que circulan por la ciudad del Barcelonès, unos 25.121 tienen 'etiqueta B' y otros 17.160 no tienen etiqueta. Entre ambas categorías suman más de la mitad (53%) de turismos que circulan por el municipio.

"Nos preocupa el trato a los residentes de las ciudades y que el decreto no tenga en cuenta las particularidades de cada municipio", reivindica la alcaldesa Martínez. En este sentido, desde Acció Climàtica advierten a los consistorios de que "se deben evitar las exenciones generalizadas para personas residentes, las restricciones deben afectar tanto a personas visitantes como a residentes".

Desde el Arc Metropolità estiman que, de prosperar la normativa catalana, en algunas ciudades alrededor de un 35% de los conductores deberían cambiar de vehículo. "Nos gustaría la retirada inmediata del documento y una nueva redacción que tenga en cuenta la voz de las ciudades: no se puede combatir el cambio climático sin consenso", concluye la presidenta Martínez.

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