El Supremo anula la ordenanza de Barcelona para la Zona de Bajas Emisiones, que seguirá vigente

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anuló la ordenanza del consistorio de 2019 que regulaba la Zona de Bajas Emisiones. De esta forma, se confirma esta anulación, pero el consistorio ya actualizó el texto y volvió a aprobar una ordenanza después de la resolución del TSJC en 2022. El alto tribunal catalán argumentaba que la ordenanza de 2019 se aprobó con deficiencias en su elaboración, falta de informes determinantes y un exceso en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de vehículos excluidos.

La ZBE fue recurrida por la plataforma de afectados por las restricciones circulatorias, la asociación de familias numerosas de Cataluña y los gremios de talleres de reparación de vehículos y transportistas. Fuentes municipales remarcan que esta sentencia del Supremo no modifica la normativa, que actualmente se rige por la ordenanza municipal aprobada por el pleno del Ayuntamiento en enero de 2023.

Las mismas fuentes insisten en que la normativa "no está cuestionada". Subrayan que la ley del cambio climático obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a disponer de una zona de bajas emisiones para proteger la calidad del aire.

Por otro lado, también añaden que el fallo del Supremo no afecta a las multas firmes interpuestas con la antigua ordenanza. En cambio, sí se abre una grieta por la que pueden anularse las sanciones no firmes por haber sido recurridas. El Ayuntamiento tiene reservados 32 millones de euros desde finales de 2022, ante los malos augurios de los servicios jurídicos y la posibilidad de tener que devolver el importe de parte de los castigos impuestos.