Barcelona reserva casi 32 millones de euros para devolver multas si el Supremo anula la Zona de Bajas Emisiones

La incertidumbre planea sobre el remedio al que Barcelona se encomienda para revertir el exceso de contaminación atmosférica. Las restricciones a los vehículos carentes de las etiquetas ambientales exigidas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) están vigentes desde enero de 2020, extendidas sobre 95 kilómetros cuadrados de la capital y sus aledaños. No obstante, permanecen a la expectativa de que el Tribunal Supremo despeje el interrogante que se dibuja sobre las limitaciones a los modelos de mayor antigüedad. En todo caso, el Ayuntamiento reserva ya casi 32 millones de euros ante la posibilidad de tener que reintegrar las multas impuestas. Es la merma que se vislumbra para las cuentas del gobierno del alcalde Jaume Collboni si se materializa el vaticinio de los servicios jurídicos municipales, que creen “probable” una sentencia que derogue la ordenanza que prohíbe la circulación en horario laboral para los prototipos con más años de matriculación.  

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Hace casi año y medio que se aguarda que se resuelvan los recursos que el gobierno de la exalcaldesa Ada Colau, la Generalitat y el Área Metropolitana de Barcelona interpusieron a las seis resoluciones que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dictó en marzo de 2022. El varapalo dejó el reglamento al borde de ser anulado y, a la postre, de que se levanten los vetos para proteger el medio ambiente. El consistorio aguarda con pesimismo que se dirima la suerte de la ZBE. La contabilidad municipal lo plasma sin paliativos.

El pronóstico de la repercusión contable para el Ayuntamiento está sepultado dentro de uno de los informes de la cuenta general del último ejercicio cerrado, el de 2022. “La Dirección de Servicios Jurídicos considera probable una resolución contraria a los intereses municipales”, se lee en el documento. El dictamen agrega que “el riesgo para el Ayuntamiento, ante esta situación, sería hacer frente a las posibles reclamaciones que realicen los ciudadanos sancionados por infracciones a la ordenanza de la ZBE”. 

El Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona ha cuantificado cuál podría ser el daño para las finanzas del consistorio de confirmarse el estacazo del Supremo. El organismo tasa un impacto económico de 31.818.000 euros sobre las cuentas municipales. Califica de “riesgo probable” que el Ayuntamiento tenga que sufragar dicha cantidad.

Segundo aviso

No es la primera vez que los servicios municipales alertan del lance que Barcelona encara de no prosperar las apelaciones a los fallos del TSJC. Hace un año, la anterior cuenta general ya avanzaba que, en base a una estimación a 7 de septiembre de 2021, se deducía que el consistorio podía dejar de ingresar 12,7 millones de euros por las multas pendientes de cobro no provisionadas y reembolsar 5,6 millones por las sanciones recaudadas susceptibles de reintegro. En total, una eventual pérdida de 18,3 millones.

El Ayuntamiento responde que la nueva valoración eleva el hipotético perjuicio en 13,5 millones de euros respecto al de 2021 al incluir las amonestaciones de la ZBE cursadas en 2022 al cómputo total desde que las limitaciones a la circulación se implantaron. A finales del año pasado, Barcelona acopiaba 23,37 millones de euros en provisiones para pagos a corto plazo ante la presunción de que el Supremo se pronuncie contra la ZBE.

El consistorio señala que la cuantía se deduce del “cálculo más prudente” ante un escenario adverso para su contabilidad. “La provisión es de máximos y, por lo tanto, conservadora”, afirma. Puntualiza que “el riesgo final podría ser bastante menor y las cantidades a devolver, también”. Apunta que, aun con una sentencia contraria, los supuestos que conlleven retornar el desembolso a los infractores no tendrían por qué alcanzar a todos los castigos, “sino solo a las sanciones no firmes y a las que no estén totalmente cobradas cuando se dicte la sentencia”. 

Hasta finales de 2022, el Ayuntamiento registraba 8,44 millones de euros como provisiones por insolvencias, para cubrir casos de morosidad en penalizaciones de la ZBE que se adeudan, y 23,37 millones como provisiones por responsabilidades, para las multas abonadas que se podrían reclamar. En cuanto a los malos augurios de los servicios jurídicos, el consistorio explica que se desprenden de que el Supremo “estima pocos recursos de casación”. Matiza que “se hace difícil hacer una previsión cierta”, porque la disputa se tiende sobre sentencias de “contenido casi idéntico”, que "anulan una disposición general por considerar que existen deficiencias en las memorias justificativas". Es “materia interpretable”, concluye.

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