Arc Metropolità

La segunda corona metropolitana teme que su ZBE se vea perjudicada por un decreto uniformizador de la Generalitat

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Los ayuntamientos que rebajen las ZBE deberán devolver dinero

Los ayuntamientos que rebajen las ZBE deberán devolver dinero / AMB

Clàudia Mas

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Los nueve municipios de la asociación Arc Metropolità (Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, Rubí, Mollet, Vilanova i la Geltrú, Martorell y Vilafranca del Penedès) han presentado los criterios comunes para la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con múltiples excepciones y moratorias que tienen la voluntad de "no dejar a nadie atrás", tal como ha insistido la presidenta del Arc y alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés ante los medios de comunicación.

Algo que ha "sorprendido" a Farrés es que la Generalitat esté trabajando en un decreto de bajas emisiones que afectaría de manera uniforme a todo el territorio catalán "sin tener en cuenta las particularidades del territorio", enfatizando el potencial perjuicio para las ciudades de la conocida como 'segunda corona metropolitana', las cuales forman parte de la asociación Arc Metropolità. Según fuentes del Govern, el citado decreto forma parte del Plan de Actuación por la Mejora de la Calidad del Aire, cuya aprobación se prevé para antes de que finalice este 2023.

Los nueve ayuntamientos denuncian que la normativa "es unilateral y dejaría en papel mojado los esfuerzos realizados para crear ZBE en cada localidad", es decir, dicen que dejaría sin efecto la propuesta de la propia ZBE presentada este martes 24 de octubre por el Arc Metropolità. 

Farrés ha detallado que mantuvieron una reunión con la Generalitat este mismo lunes (donde estaban convocadas todas las ciudades del territorio catalán de más de 50.000 habitantes, según apuntan desde el Govern) para explicar "la letra pequeña" del citado decreto.

La presidenta del Arc ha lamentado que este no cuente con "la complejidad del país" ni con la participación de los municipios. Por este motivo, ha remachado que "la postura del Arc es de absoluto rechazo a la nueva normativa, ya que deja de lado el mundo local".

Sin embargo, desde la 'conselleria' de Acció Climàtica de la Generalitat manifiestan que el decreto tramitado pasó por una fase de participación ciudadana y tuvo un período de 45 días de información pública: "En este momento, todos los ayuntamientos tienen la posibilidad de presentar sus alegaciones", han replicado a consulta de este diario desde el ejecutivo catalán a las declaraciones del Arc Metropolità. Por su parte, fuentes del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), administración que gestiona las ZBE metropolitanas, aseguran no haber sido convocadas a la reunión con los municipios a cargo del departament de Acció Climática.

"Falta de infraestructuras"

"No disponemos de la amplia red de transporte público como la de las ciudades más cercanas a Barcelona". Con estas palabras, Farrés ha marcado distancias con el decreto, alegando que es inviable unificar criterios, ya que "cada ciudad vive su propia realidad" y denunciado, así, la homogeneidad de la normativa planteada por la Generalitat, quien a su juicio no "tiene en cuenta el mundo local".

Así, la presidenta del Arc también ha manifestado que la propuesta de Acció Climàtica no contempla las necesidades detectadas por los ayuntamientos. A modo de ejemplo, explica que la 'futura ZBE catalana' no considera "ni medidas para reducir el impacto social ni ayudas para los residentes de las zonas afectadas", algo por lo que sí defiende haber apostado en la propuesta del Arc a partir de excepciones y moratorias. "No se puede limitar de forma indiscriminada el acceso de los vecinos a sus domicilios", ha concluido la edil.

Por su parte, la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Mireia Boya, ha manifestado que "los ayuntamientos que han salido este martes a decir que no se ven capaces de aplicar una normativa que llevamos tres años trabajando conjuntamente con ellos deberán dar explicación a sus ciudadanos".

Así, Boya ha concluido que "las actitudes políticas del Arc Metropolità o la negativa del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a aplicar la Zona de Bajas Emisiones, no responden a la necesidad de proteger la salud de las personas y asegurar que respiran un aire limpio".