Sant Adrià estudia imponer una multa millonaria por la contaminación en su playa cancerígena

A finales de mayo hará dos años que el principal trecho de costa de Sant Adrià de Besòs está cerrado al público. Al margen de los intrusos que se obstinan en burlar el vallado para colarse, la playa del Litoral sigue siendo inaccesible en la ciudad de casi 37.000 habitantes, pegada a Barcelona. El litoral permanece cercado desde que se detectaron sustancias contaminantes potencialmente cancerígenas a nivel superficial en una proporción “inadmisible”, según el informe que precipitó la clausura en 2021. El municipio encadena la tercera temporada de baño consecutiva con la orilla blindada a la espera de que, retraso sobre retraso, se comience de una vez a descontaminar el tramo y se reabra antes de que el verano acabe. En paralelo, la localidad se propone ahora reclamar compensación por el estropicio.

El Ayuntamiento de Sant Adrià ha dado esta semana el primer paso para tramitar un expediente sancionador. De prosperar, podría acabar con una abultada multa contra la empresa que efectuó las obras en la playa para extender unos cables de fibra óptica. Tras remover la arena para acondicionar el subsuelo, afloraron rastros de ocho metales pesados -como plomo, cobalto y cobre- y un tipo de hidrocarburo. 

La Generalitat rechaza salvar playas con más arena y da por hecho que algunas desaparecerán

La comisión creada en el consistorio para investigar los hechos señala como “presunto responsable” a AFR-IX Telecom, propietario de la estación de telecomunicaciones de alcance internacional afincada junto a la central clausurada de las Tres Xemeneies. La compañía se enfrenta a una amonestación por dos supuestas infracciones que, de resolverse que las cometió, acarrearía que el consistorio le exija hasta 2,4 millones de euros.  

El dictamen que firma la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, señala a la empresa como potencial autor de dos vulneraciones “muy graves”. Por un lado, apunta que pudo cometer un presunto “vertido de residuos”, que han causado “riesgos o daños al medio ambiente” o “ponen en peligro grave la salud de las personas”; por otro, le atribuye un supuesto “incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones y licencias”. Concreta que cada una de las posibles faltas puede conllevar una penalización de 150.001 euros a 1,2 millones. 

Vestigios industriales

El informe concluye que AFR-IX Telecom “no actuó con la debida diligencia” para evitar que emergieran las sustancias tóxicas. Aún más, afirma que la empresa “tenía conocimiento de la contaminación” enterrada bajo la arena. El documento añade que el permiso que el servicio de Costas de la Generalitat concedió para revolver la playa no hacía referencia al peligro latente en el subsuelo ni daba indicaciones al respecto. 

Cargos municipales que comparecieron en la comisión declararon que la compañía recibió informes que alertaban de la existencia de componentes peligrosos a más de 80 centímetros de profundidad. En cambio, el gerente de construcción de la firma dijo que no fueron informados hasta que las obras, ya iniciadas, se replantearon.  

AFR-IX destaca en respuesta a EL PERIÓDICO que “la contaminación de la playa ya existía antes del inicio de las obras”. Apostilla que “ha actuado siempre con máxima responsabilidad, con todos los permisos requeridos y siguiendo las directrices de las autoridades competentes”.

Es sencillo deducir que los restos insalubres son parte del legado de las fábricas que se asentaron en la franja costera al norte de Barcelona, que acabaron marchándose sin limpiar antes los terrenos que ocuparon durante décadas. La resolución del ayuntamiento deja claro que el hallazgo de desperdicios nocivos no se puede entender sin reparar en el “pasado industrial” de la fachada marítima de Sant Adrià y Badalona. El informe menciona algunas de las “empresas industriales de gran envergadura y relevancia” que se avecindaron allí, como la central térmica de Fecsa-Endesa, la fábrica de pinturas Procolor y la química Cros. 

Base estratégica

El dictamen del consistorio sostiene que AFR-IX no encargó un estudio del estado del suelo a una entidad habilitada al efecto “ni siguió la metodología de análisis correcta”. Aún más, asegura que la compañía “amontonó la arena contaminada en la playa y la tuvo apilada a la intemperie durante semanas”. “Finalmente, rellenó las zanjas con la misma arena no tratada convenientemente”, se lee en el documento, que sentencia que AFR-IX “produjo una contaminación significativa de la playa del Litoral”. 

Fuentes municipales explican que el caso ya está en manos de un técnico. Agregan que la sanción que se imponga será una “propuesta técnica basada en criterios objetivos”. Asimismo, el ayuntamiento no renuncia a emprender acciones penales. AFR-IX dice que no ha recibido notificación por ahora. 

La construcción de la base de telecomunicaciones por la que se excavó en la playa de Sant Adrià entre 2020 y 2021 contó con la complacencia tanto del ayuntamiento como de la Generalitat. Las instalaciones forman parte de una red intercontinental de conexiones de internet que enlazan con África, Oriente Medio y Asia. 

El Govern juzgó que el nodo de cables es estratégico: estimó que puede provocar un aumento del 4% del PIB catalán, equivalentes a unos 8,5 millones de euros. AFR-IX Telecom volvió a perforar en la playa el otoño pasado para empalmar dos de los ocho cables que deben enlazar con Sant Adrià. La ciudad aguarda ahora que el Ministerio de Transición Ecológica acometa las tareas de descontaminación. Las previsiones han ido dando bandazos. A finales del año pasado, se dijo que la playa podría recibir de nuevo bañistas esta pasada Semana Santa. Luego se anunció que la limpieza arrancaría a finales de abril, pero las casetas de los operarios no han llegado aún. El ayuntamiento espera que, ahora sí, los trabajos comiencen la semana que viene.

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