Las cuentas de 2024
Govern y PSC liquidan deudas de 2023 para pactar ya los presupuestos de este año
Gobierno y Generalitat pactan la B-40 entre Sabadell y Terrassa sin aclarar cuántos carriles tendrá
Los Comuns negocian ya las cuentas de 2024 pero mantienen el pulso por el Hard Rock
Las 5 condiciones de Junts para aprobar los presupuestos de Aragonès para 2024
El Govern defiende haber cumplido el 70% del pacto presupuestario con el PSC y los Comuns
Sara González
Periodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
Quim Bertomeu
Periodista
Licenciado en Periodismo y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Sigue la actualidad política del Govern, del Parlament de Catalunya y el día a día de los partidos catalanes, sobre todo de ERC.
Con un ojo puesto en si se desencalla o no la ley de amnistía y se apuntala la continuidad de legislatura de Pedro Sánchez, Govern y PSC van liquidando deudas pendientes de 2023 para acelerar la reedición de la alianza para los presupuestos de 2024. Unos avances en los que se prioriza la necesidad mutua por encima de la rivalidad electoral por muchos aspavientos discursivos que ambas partes hagan ante los focos. Prueba de ello es el pacto de la B-40 sellado el viernes, que se suma a la puesta en marcha de la comisión de estudio del aeropuerto de El Prat hace un mes y la reunión entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consellera de Territori, Ester Capella, para el desarrollo del traspaso de Rodalies este lunes.
De los tres grandes acuerdos sellados en el pacto presupuestario de 2023, falta resolver qué pasa finalmente con el plan urbanístico del Hard Rock, aunque socialistas y republicanos acumulan semanas de múltiples contactos para hacer balance y preparar el terreno ante sus respectivas parroquias. Todo a expensas del efecto dominó que tendrá que se despeje el embrollo del Congreso y el tablero del Ayuntamiento de Barcelona, que justo la semana que viene se dispone a renegociar las cuentas municipales. La fecha del pacto económico está inevitablemente marcada por lo que pase, principalmente, en Madrid.
Sometidos al efecto dominó
El president Pere Aragonès quiere que los nuevos presupuestos sean su carta de presentación en las elecciones que se celebrarán, como muy tarde, en un año; y el PSC no puede precipitar su apoyo sin tener garantías de que Junts no dejará caer a Sánchez o de que ERC no eleve la factura de su apoyo a las cuentas estatales. Aún hay un tercer actor imprescindible en juego: los Comuns. Difícilmente podrán dar su 'sí' a Aragonès si ERC los veta para estar en el gobierno de Jaume Collboni. De momento, los de Jéssica Albiach ya se han reposicionado esta semana para no quedar atrás en la negociación, que dan por inaugurada tras semanas enfriando las expectativas.
Así que con estas interdependencias sobre la mesa pese a que todos repitan como un mantra que no habrá "intercambio de cromos", el president y Salvador Illa aguardan el escenario propicio para la foto. Hace dos semanas que ambos se conjuraron en una llamada telefónica a acelerar la interlocución ante el golpe producido por el veto de Junts a la amnistía y la entrada en emergencia por la sequía, dos cuestiones que la semana que viene volverán a debatirse en la comisión de Justicia del Congreso, por un lado, y en un pleno específico en el Parlament, por el otro. Los Comuns se encargarán de que la defensa del Hard Rock en medio de las restricciones de agua impuestas a agricultores y empresas incomode tanto a socialistas como republicanos.
Las inversiones por la sequía
Conscientes de que el calendario puede volver a trastocarse si no hay aún entente con Junts, los socialistas catalanes esgrimen un abanico de motivos para echar el freno. Advierten de que si no hay acuerdo para los presupuestos de 2024 no solo se debe a la no aprobación del plan urbanístico del Hard Rock, a la que recuerdan que Aragonès se comprometió de puño y letra. Hay, insisten, otros asuntos pendientes del pacto de 2023, algunos de ellos relacionados con la gestión de la sequía.
Fuentes del PSC apuntan que, por ejemplo, no se han ejecutado los 5 millones de un total de 120 para aumentar la producción de agua regenerada. Tampoco el medio millón de euros para la potabilizadora del Besòs, además de denunciar que no se han licitado las nuevas desalinizadoras de la Tordera y del Foix. Añaden que quedan 7 millones de euros por ejecutar de los 22 pactados para mejorar el riego agrícola. Entrando en otras carpetas, los socialistas tienen apuntado en su balance que no se ha reducido en un 50% la lista de espera de las valoraciones del grado de dependencia y que se ha dejado en el tintero escuelas como la de la Llagosta o el instituto de Cappont de Lleida.
Los teléfonos entre socialistas y republicanos volverán a echar humo en estos días. También el intercambio de reproches públicos sobre quién demora la aprobación, mientras ambos aguardan que la Moncloa y Carles Puigdemont desbrocen un camino que incomoda, que conviene a partes iguales y que está por encima de la premisa 'Hard Rock sí o Hard Rock no'.
El Govern se defiende
Previendo los reproches que llegarían tanto del PSC como de los Comuns, el Govern presentó la semana pasada su informe sobre el cumplimiento del pacto presupuestario que sellaron el año pasado. Según sus cifras, que no reconocen ni los socialistas ni los morados, aquel acuerdo está casi todo cumplido y, por lo tanto, ya se puede firmar uno nuevo. Sin embargo, en el Palau de la Generalitat saben que necesitarán tiempo y trabajo para convencer de nuevo a estos dos partidos. Eso sí, fuentes del Govern avisan de que, si hay un "exceso de táctica" en estas dos formaciones, tendrán que poner encima de la mesa su carta comodín: si no hay presupuestos catalanes, Esquerra tampoco votará en el Congreso los presupuestos estatales.
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