Los 7 intereses cruzados de la oposición a Aragonès para aprobar los presupuestos de 2024

Con el ojo puesto en cómo avanza el calendario y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, el president Pere Aragonès vuelve a afrontar el reto de amarrar los apoyos para que también Catalunya pueda tener nuevas cuentas. Sus posibles socios son conscientes de que, esta vez, apoyarlas supone dar a ERC un espaldarazo en la recta final de la legislatura, por lo que la factura de su sí aumenta también pensando en su posición de salida en la carrera electoral. El principal hándicap para el Govern es que necesita sumar los votos de dos partidos además de los republicanos, y que coger la mano que le tienden unos puede suponer perder la otra, ya que el cruce de exigencias de los grupos de la oposición son, en algunos casos, de compleja compatibilidad, cuando no directamente antagónicas.

El calendario: ¿qué presupuestos se aprueban primero?

Aragonès ha pactado con el líder del PSC, Salvador Illa, acelerar las conversaciones para las cuentas de 2024. El objetivo del Govern es aprobarlas antes que las estatales, pero los socialistas temen que esa prisa sea para poder encarecer después el precio de su apoyo a Pedro Sánchez. Más aún ante la competición sin tregua que mantienen ERC y Junts en la negociación con el PSOE. Los republicanos, sin embargo, vinculan una aprobación con la otra para proyectar que Illa está destinado a votar que sí, una suposición de la que tratan de deshacerse también los Comuns, esta vez sin el reto de tener que sacar adelante los presupuestos de Barcelona. Los de Jéssica Albiach no se reunirán hasta finales de enero o principios de febrero para hacer balance del cumplimiento del acuerdo de 2023, mientras Junts denuncia "desinterés" por parte del Govern para reunirse con ellos y la CUP ha mantenido tres encuentros.

El sí o no al Hard Rock y otras infraestructuras

Los Comuns han sido claros y meridianos: Aragonès debe rechazar definitivamente el Hard Rock y no aprobar el plan urbanístico si quiere sus votos. Pero también ha sido inequívoco el PSC cuando ha condicionado su apoyo al cumplimiento previo de lo sellado en 2023, que era el espaldarazo definitivo al proyecto, así como la firma del convenio de la B-40 entre Sabadell y Terrassa y la comisión de estudio sobre el aeropuerto del Prat. Se trata de infraestructuras que bendicen también en Junts, pero que son un anatema tanto para el partido de Ada Colau como para la CUP. Esta situación sitúa al president entre la espada y la pared para hacer encajar las piezas del rompecabezas de los apoyos.

El eterno choque sobre la fiscalidad

El Govern plantea rebajar el IRPF a las rentas de menos de 33.000 euros, una medida vista con buenos ojos tanto por el PSC como por Junts y los Comuns. Sin embargo, los tres partidos mantienen posiciones distintas en cómo hay que abordar la carpeta de la fiscalidad. La de Illa es no tocar nada en este ámbito porque ya se están fijando nuevos tributos estatales; la de los posconvergentes, una "rebaja de la presión fiscal" -son, por ejemplo, defensores de la supresión del impuesto de sucesión y del de patrimonio-; y los de Albiach señalan que no se ha puesto en marcha ni el impuesto a los cruceros acordado ni se haya impulsado el de los ultraprocesados.

¿Qué hay que hacer en las escuelas?

No es que los grupos hagan reclamaciones contradictorias a la hora de abordar sus peticiones en el ámbito educativo, en el huracán desde el descalabro en los resultados del informe PISA, sino que cada cual pone el foco en medidas distintas que no son incompatibles entre ellas y que están a expensas de lo que dictamine la comisión de expertos pactada. El PSC reclama que el incremento de recursos en esta área sea del 10% -el Govern prevé un 9%-, los Comuns abogan por la recuperación de la sexta hora -que también apoya la CUP y que Junts circunscribe a los centros de alta complejidad- y dos o tres tardes de extraescolares gratis.

El modelo de seguridad, en el foco

La seguridad también gana terreno como eje de discusión en los presupuestos. Sobre todo porque el PSC ya ha puesto como una de las condiciones que se apruebe una batería de 10 medidas que aún no ha concretado. Los socialistas llevan toda la legislatura marcando el paso y cuestionando la gestión del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, crítica a la que se ha sumado Junts en el último año. En el caso de los posconvergentes, están agitando el debate de la inmigración vinculada a la multirreincidencia, una asociación que le está costando reproches de ERC, PSC, Comuns y la CUP.

Recursos y gestión de la sanidad

No hay negociación económica sin que la sanidad sea una de las grandes patatas calientes. El 25% del presupuesto destinado a la atención primaria continúa siendo un reto que los Comuns prometen examinar con lupa -una condición que también pone la CUP-, además de reclamar que se atienda las reclamaciones por las que las enfermeras están en huelga, como el reconocimiento profesional de sus estudios. También exigen el cumplimiento del dentista público y la incorporación de psicólogos en la sanidad pública, así como garantizar la atención del médico de cabecera en un plazo máximo de cinco días. El PSC y Junts, pese a poner esta carpeta en su lista de prioridades, no concretan por ahora sus demandas.

El gran nudo gordiano de la vivienda

La ley de acompañamiento de los presupuestos prevé como novedad que el Govern amplíe los beneficiarios de la ayuda al alquiler e incrementar la deducción de 300 a 500 euros a los ciudadanos con rendas de hasta 30.000 euros. Pero más allá de esta medida, el PSC exige ampliar en 10.000 viviendas el parque público de alquiler y la CUP 1.000 millones de inversión en este área, mientras que los Comuns, a la espera de especificar sus exigencias, también convertirán esta cuestión en caballo de batalla.

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