El TSJC fija en abril el juicio a Jové y Salvadó por organizar el 1-O, pendiente de la amnistía

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha señalado para el próximo 10 de abril el juicio contra los ex altos cargos de ERC Josep María Jové y Lluís Salvadó, ambos pendientes de que la aprobación de la ley de amnistía borre sus delitos por la organización del 1-O.

En un auto, la sala civil y penal del alto tribunal catalán ha programado el juicio en 21 sesiones, que está previsto que se prolonguen hasta el próximo 29 de mayo, con la incógnita de si la entrada en vigor de la ley de amnistía impulsada por el PSOE impedirá su celebración.

Jové y Salvadó, que fueron altos cargos de la consellería de vicepresidencia y Economía que lideró Oriol Junqueras, y la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, se cuentan entre los políticos independentistas que sin duda alguna se beneficiarán de la medida de gracia, puesto que están acusados de la planificación del referéndum unilateral del 1-O.

En concreto, la Fiscalía pide siete años de cárcel para el diputado de ERC Josep Maria Jové y 6 y 3 meses para Lluís Salvadó, actual presidente del puerto de Barcelona, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia.

Jové, quien fue secretario de Vicepresidencia con Oriol Junqueras, se expone también a una pena de 32 años de inhabilitación y 30.000 de multa, mientras que Salvadó, exsecretario de Hacienda, afronta 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000.

La Fiscalía también pide un año de inhabilitación para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien el TSJC procesó por un delito de desobediencia grave por su papel en los preparativos del referéndum del 1-O desde el cargo que ocupaba en el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.

Por su parte, la Abogacía del Estado pide una condena de tres años y medio de cárcel para Jové, al que atribuye los delitos de desobediencia y malversación atenuada, mientras descarta acusar al presidente del puerto de Barcelona, por el referéndum.

La Abogacía solicita además una condena de un año de inhabilitación para Natàlia Garriga, únicamente por un delito de desobediencia.

De acuerdo con el guion establecido por el TSJC, el juicio se iniciará el próximo 10 de abril con las cuestiones previas y el interrogatorio y proseguirá los días 11, 12, 17, 18, 19, 22, 24 y 25 del mismo mes y 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27 y 29 de mayo.

Los tres políticos de ERC están acusados de dirigir la logística del referéndum del 1-O desde la consellería de Economía, en colaboración con la treintena de cargos del Govern y empresarios que están procesados por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona por participar en los preparativos de la consulta.

La reacción de ERC

ERC ha mostrado su rechazo al hecho "nada casual" de que el TSJC haya fijado para abril el juicio. En un comunicado, el partido ha trasladado todo su "apoyo" a los tres dirigentes y su rechazo a la decisión de juzgarlos por el referéndum, lamentando así que "se persigan vías democráticas como el referéndum de 2017".

Para los republicanos, este anuncio del TSJC "es una muestra más de la causa abierta desde hace años contra el independentismo", motivo por el que la formación insiste en que la amnistía es "la mejor herramienta para poner el contador a cero e iniciar una segunda fase hacia la resolución del conflicto político".

De hecho, en un mensaje en la red social X, Jové ha reaccionado a esta decisión, que ha considerado que "no es casual", ya que llega 15 días después del acuerdo para la ley de amnistía, que "lleva una semana de tramitación", ha recordado. "De nuevo, nos tendrán de cara para denunciar su ignominia", ha avisado.

"Nos seguiremos defendiendo ante quien haga falta, porque no cometimos ningún delito, porque el conflicto político solo se resolverá políticamente, porque ser independentista es un derecho y casi una obligación, y para que nadie más sufra investigaciones ilegales y ataques como el de Pegasus", ha afirmado el líder de la bancada republicana en el Parlamento catalán.