¿Qué es el 'lawfare' al que se refiere Puigdemont y qué causas enmarca Junts en él?

Junts estaba a punto de cerrar el pacto con el PSOE el pasado jueves. En el hotel donde estaba reunida la permanente de los posconvergentes, se llegó a montar un atril para que el expresident Carles Puigdemont lo diera a conocer después de rubricarlo. Pero las dudas sobre el perímetro de la amnistía lo torcieron. Según Junts, el hecho de que algunos casos que ellos consideran como 'lawfare' pudieran quedar fuera con una interpretación restrictiva de los tribunales obligó a frenar el acuerdo, aunque tampoco ayudó la coincidencia del pacto de los socialistas con ERC. Después de un fin de semana intentando acercar posiciones, el pacto parece, ahora sí, encarrilado. Pero, ¿qué se considera 'lawfare'? ¿A qué casos del 'procés' opina Junts que afectaría?

Lo explicaba el mismo Puigdemont en un mensaje en las redes este pasado fin de semana: se trata del "uso estratégico de las leyes para perjudicar disidentes o rivales políticos". No es algo que se haya inventado ahora, ni que pueda afectar solo a los independentistas catalanes. De hecho, las primeras denuncias de 'lawfare' tienen sus orígenes en Latinoamérica. Uno de los casos que se suele poner como ejemplo es el de Lula da Silva, que fue condenado a 12 años de prisión por corrupción e inhabilitado para la reelección presidencial, hecho que allanó el terreno para el triunfo de Jair Bolsonaro que, una vez en el poder, nombró ministro al juez que había condenado a su rival político. Finalmente, la sentencia fue anulada y Lula da Silva recuperó la presidencia.

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Junts considera que esta técnica también se ha usado con algunos políticos independentistas. Y no solo con los que están en primera línea política, sino también con algunos de los considerados fontaneros del 'procés'. Por ello, creen que la amnistía no solo puede beneficiar a los dirigentes que impulsaron las consultas del 1-O y el 9-N, sino también a otros dirigentes soberanistas con causas abiertas por vías indirectas no estrictamente ligadas a estas dos fechas. Un ejemplo que pone Junts de ello es el caso Volhov, una causa judicial que contiene varias piezas -algunas ya archivadas- en las que se investiga un supuesto desvío de fondos y si aprovecharon sus contactos con altos cargos políticos para sus negocios privados, unos asuntos que no tienen que ver con el 'procés' pero que sí afectan al 'estado mayor' que dirigió la organización y la logística del referéndum de 2017.

Estos son algunos de los casos que Junts considera 'lawfare':

Josep Lluís Alay

Uno de los casos más mediático es el que afecta Josep Lluís Alay. El juez de instrucción archivó la trama rusa que afectaba al jefe de la oficina de Puigdemont, pero Alay tiene aún pendiente un juicio en febrero del año que viene por asistir en 2018 al referéndum de Nueva Caledonia en representación del exjefe del Govern. Se le acusa de malversación, por lo que se le pide tres años de cárcel y 17 de inhabilitación. El viaje costó 4.580 euros.

Miquel Buch

Otro de los casos que según Junts debe entrar en la amnistía -aunque ERC asegura que ya estaba blindado desde el principio- es el que afecta al exconseller Miquel Buch y al agente de los Mossos Lluís Escolà. La Audiencia de Barcelona condenó a Buch a cuatro años y medio de cárcel y a 20 de inhabilitación por proporcionar un escolta a Puigdemont en Bélgica. Escolà también fue condenado a cuatro años de cárcel y a otros 19 sin poder ejercer.

Gonzalo Boye

Tanto el caso de Alay como de Buch no están relacionados explícitamente con la preparación del 1-O, pero sí con el 'procés', por lo que todo apunta que quedaran blindados en la futura ley de amnistía. En cambio, el caso del abogado de Puigdemont parece más difícil de incluir. Gonzalo Boye está siendo investigado por presunto blanqueo de capitales de la red de narcotráfico de Sito Miñanco, de quién también fue abogado. El caso no tiene vinculación alguna con el 'procés', pero Junts considera que no se le perseguiría, o por lo menos no de la misma forma, si no defendiera legalmente a Puigdemont.

Laura Borràs

Es el mismo argumento que usa el círculo de la presidenta de Junts, Laura Borràs. Ella misma ha usado el término de 'lawfare' desde el inicio de su causa. Sin embargo, una gran parte del independentismo, que va desde ERC, la CUP o Òmnium -y hasta una parte de Junts-, no lo considera 'lawfare'. Borràs fue condenada a cuatro años y medio de prisión y a 13 años de inhabilitación por fraccionar contratos para favorecer a un amigo, el informático Isaías Herrero, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un órgano dependiente de la Conselleria de Cultura. Borràs y su círculo consideran que el caso no habría llegado tan lejos si no hubiera sido una de las principales dirigentes de Junts.

Jordi Pujol

Algunos sectores de la órbita de Junts -aunque Puigdemont nunca ha hablado de ello- también apuntan que el caso que afecta el expresident Jordi Pujol debería quedar recogido por la amnistía, al considerarlo víctima de la 'operación Cataluña'. Se acogen a los audios del excomisario Villarejo y acusan a las cloacas policiales de haber intentado sacar a la luz corruptelas del expresidente y su familia, aunque la Audiencia Nacional ya descartó que la investigación tuviera motivaciones políticas. Pujol confesó en 2014 haber defraudado dinero -con una supuesta herencia en Andorra- y está pendiente de un juicio por corrupción en la Audiencia Nacional. La Fiscalía le pide nueve años de cárcel.

Xavier Vendrell

También quedaría fuera el caso del exconseller de ERC Xavier Vendrell -detenido en el marco de la operación 'Volhov'-, y que está siendo investigado por una operación urbanística en la finca de Villa Bugatti en Cabrera de Mar. Los republicanos no han pedido que se le incluya dentro de la ley. Tampoco Junts.

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