La amnistía abre otra brecha entre los jueces: adiós a los bloques en el CGPJ y enfrentamiento entre asociaciones

El acuerdo entre el Gobierno de coalición y los independentistas para aprobar una ley de amnistía ha supuesto el enésimo factor de división tanto en el seno del Consejo General del Poder Judicial -situado en una anomalía institucional sin precedentes, a punto de cumplir cinco años en funciones y con las competencias limitadas- como entre las asociaciones de jueces, que esta semana han evidenciado un enfrentamiento insólito a cuenta de lo que la denominada 'derecha judicial' ha llegado a calificar de "principio del fin de nuestra democracia". 

Los conservadores del CGPJ imponen un pleno sobre la amnistía el próximo lunes

La división se evidenciará este lunes en el pleno que el presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, se ha visto forzado a convocar a cuenta de ocho vocales de los designados en su día a propuesta del PP, los mismos, curiosamente, que bloquearon durante semanas la designación de dos magistrados para el Tribunal Constitucional que ahora, con amplia mayoría progresista, tendrá en su mano analizar un más que previsible recurso contra la futura ley de amnistía. 

Estos ocho vocales pretenden que el Consejo apruebe una declaración institucional que exprese la "intensa preocupación y desolación" del órgano por la ley de amnistía que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno. El sector más progresista de la judicatura, asociado en Juezas y Jueces para la Democracia, considera que esta postura "servilista" con la oposición no contribuye más que a "embarrar la judicatura".

Para que la declaración propuesta salga adelante los vocales proponentes necesitarían de al menos uno de sus dos compañeros del bloque conservador que no han suscrito la propuesta: el propio Guilarte o el vocal y también magistrado del Supremo Wenceslao Olea, que no siempre se alinea con este grupo en las votaciones que se vienen produciendo desde la dimisión en octubre de 2022 de Carlos Lesmes.

Jueces conservadores dicen que la amnistía es "el principio del fin de nuestra democracia"

Una muestra más de que los bloques conservador y progresista ya no existen como tal en el seno del órgano de gobierno de los jueces, porque hace tiempo que ninguna de las dos sensibilidades vota al unísono ninguno de los asuntos sobre los que deben pronunciarse.

La soledad de Cuesta

Tampoco las posturas de los seis progresistas, si bien se sitúan en contra de la declaración institucional, son del todo coincidentes. El más cercano al Gobierno es el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, que ha anunciado que no acudirá a la reunión convocada con carácter extraordinario, algo que no secunda ninguno de sus compañeros de sector, según las fuentes consultadas por este diario. Se repite así la soledad que ya vivió en marzo tras plantear una renuncia conjunta.

Cuesta considera que con el pleno de este lunes se incumple la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, al tratar un asunto que no es de su competencia. "El Parlamento me merece más respeto sobre su lealtad constitucional que este consejo caducado, transgresor y demasiado cómplice de los que han bloqueado su renovación", afirma en declaraciones a este diario. En un escrito remitido este domingo al presidente en funciones, llega a manifestar que la reunión coloca a los vocales como "sublevados" frente al Parlamento y recuerda que el Consejo no tiene el "monopolio de la defensa del Estado de derecho".

También se refiere a sus compañeros del sector progresista: "Algunos son demasiado permeables a las tesis conservadoras, en su día apoyaron con los conservadores comunicados contra proposiciones de ley, descalificando a Gobierno y al Congreso, exigiendo al parlamento capacidad de informar, cuando el CGPJ solo puede informar anteproyectos, no inmiscuirse en la autonomía del parlamento", defiende.

Un párrafo de la sentencia del TC sobre el CGPJ enciende a los jueces conservadores

Postura de las asociaciones

El enfrentamiento se ha trasladado a las asociaciones profesionales de jueces, que representan a quienes serán, en último término, los encargados de aplicar la amnistía a los procedimientos que se vean afectados. Si bien en ocasiones suelen redactar comunicados conjuntos sobre asuntos que trascienden su función jurisdiccional, la postura adoptada por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura sobre la eventual ley de Amnistía ha sorprendido por su contundencia y su carácter político, porque llega a cargar contra Sánchez por argumentar que la amnistía se adoptará en "interés de España" y admitir que es para "impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral".

Al otro lado, Juezas y Jueces para la democracia, en un claro reproche a los miembros de la APM que forman parte del Consejo, considera que estos y los vocales que les secundan incurren en "un abuso de las atribuciones legales que ostentan y una desviación de la legítima función de ese órgano", así como "una invasión clara de la función jurisdiccional" y del juicio de constitucionalidad que solo corresponde al Tribunal Constitucional. 

Otras asociaciones profesionales se sitúan, de momento, fuera del combate. Es el caso del minoritario Foro Judicial Independiente, cuyo portavoz, Fernando Portillo, señala a este diario que han decidido esperar a ver el texto que se presente finalmente. "No va a cambiar la apreciación que ya tenemos sobre la gravedad del asunto, pero creemos que merece una repuesta técnica a una realidad legislativa ya materializada, para evitar embarrarnos políticamente", agrega. En una situación similar se encuentra la segunda asociación de jueces en número de afiliados, Francisco de Vitoria.

Un TC cuestionado

Superado el trámite del CGPJ, que a priori no parece que vaya a ser capaz de sacar adelante una declaración institucional contra la amnistía, al no contar con más apoyos que los proponentes del pleno, el horizonte final del perdón del procés se sitúa en el Tribunal Constitucional, donde la actual mayoría progresista ha sido capaz de resolver recursos enquistados años en un tiempo récord, como el interpuesto 13 años antes contra la ley del aborto.

El tribunal de garantías es también víctima de una fragmentación que ha hecho que la mayoría de las sentencias dictadas bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido hayan salido adelante por siete votos a cuatro, los de la mayoría progresista frente a los de los magistrados conservadores. Una situación que está marcando la imagen el alto tribunal, algo que ahora se acentúa al ser el lugar al que acudirán todos los que quieran recurrir la amnistía, como el PP, aunque paradójicamente sea uno de los que más cuestiona sus resoluciones. Los jueces y tribunales que duden de la constitucionalidad de la nueva ley también podrán plantearle una cuestión de inconstitucionalidad.