Crece la tensión en Junts sobre el alcance real del pacto inminente con el PSOE

Nervios, muchos nervios en el seno de Junts per Catalunya. Por un lado, los directamente conocedores de las negociaciones con el PSOE para el pacto de investidura siguen absolutamente convencidos del acuerdo, y el secretario general Jordi Turull está en Bruselas para seguir negociando junto a Puigdemont. Por otro, entre los más radicales y que desde el inicio han sido escépticos con la idea de apoyar a Pedro Sánchez, cunde el interrogante de si se podrá vender ese acuerdo a una militancia a la que desde hace años se le está diciendo que JxCat es el partido de la confrontación inteligente, la vigencia del referéndum y la idea de volver a proclamar la independencia en base al referéndum del 1-O. Mientras, en el PSOE se mantiene la esperanza en una resolución inminente y positiva de las negociaciones.

Tanto es así, que los socialistas ya no descartan del todo volver a su deseo inicial: celebrar el debate de investidura la próxima semana, el 8 y 9 de noviembre, miércoles y jueves, para que Pedro Sánchez sea reelegido presidente del Gobierno en primera votación. Fuentes de la cúpula del partido explican que las conversaciones progresaron durante la jornada del sábado, pese a que su número tres, Santos Cerdán, había decidido abandonar Bruselas y volver a Madrid ante el parón del viernes.

Este domingo se han retomado las conversaciones. “Se avanza. Lento, porque se trata de aspectos muy técnicos. Pero se avanza”, señala el PSOE. Para este lunes está convocada reunión de la comisión permanente de Junts en Bruselas para abordar el estado de la negociación y decidir sobre el apoyo a Sánchez.

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"Si hay acuerdo, este tiene que ser un acuerdo histórico, un compromiso histórico como el que ningún régimen ni gobierno español no ha sido capaz de hacer realidad desde la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714", afirmó con solemnidad el 'expresident' Carles Puigdemont. Algunos en Junts se peguntan ahora, a la vista de lo que ya recoge el pacto del PSOE con ERC, dónde estará el contenido histórico en el documento que están cerrando los negociadores del PSOE y JxCat.

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Los mensajes internos están teñidos de incertidumbre, cerrazón informativa -incluso entre los dirigentes- y recelos sobre filtraciones. La información no fluye y los defensores de la vía radical y unilateral creen que en la consulta interna a los militantes para validar el acuerdo al que se llegue puede haber un porcentaje significativo de votos contrarios. Formalmente, no hay discrepancias. Internamente, se formulan preguntas y se mantiene una calma tensa.

La amnistía y Laura Borràs

En este sentido es muy significativo el silencio de la presidenta del partido, Laura Borràs, que no se quedó el viernes en Bruselas para mantener los contactos, que siguen en manos de un núcleo muy reducido capitaneado por Puigdemont. Borràs guarda silencio -como el resto del partido- a la espera de conocer el desarrollo final de los acontecimientos. Su posición es especialmente delicada porque ha reclamado que su caso -una condena de 4 años del TSJC por amañar contratos- se considere 'lawfare' (persecución política por vías judiciales) y entre en la amnistía que se está negociando. Cualquier declaración pública que ella haga puede ser leída no como una posición política sino como un interés personal.Justamente sobre 'lawfare' puede estar negociándose entre PSOE y Junts para perimetrar el alcance de la amnistía. Puigdemont ha tuiteado este domingo que "el uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sioo conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial".

Mirando a ERC de reojo

Es un secreto a voces que el contenido del pacto entre el PSOE y ERC es una de las causas por las que se desmontó, literalmente, la inminencia del acuerdo con Junts. Se desmontó el atril en el que Puigdemont debía comparecer para explicar el alcance de sus negociaciones. Junts se mantiene en todo caso firme y niega que el acuerdo con los de Oriol Junqueras sea determinante porque es una evidencia que si se sigue negociando es para mejorar el alcance y contenido de la amnistía. Una vez se logre el pacto definitivo, es más que probable que se vayan destapando cuestiones internas relacionadas con la diabólica triangulación entre PSOE, ERC y Junts en estas negociaciones en las que los dos actores independentistas no solo no se han coordinado sino que se han mirado de reojo permanentemente.

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El PSOE profundiza en la misma tesis. Los colaboradores de Sánchez admiten que una parte de la dificultad de terminar de sellar el pacto con los posconvergentes tiene que ver con la propia ley de amnistía. En concreto, con el llamado ‘caso Voloh’, el supuesto desvío de fondos a Tsunami Democràtic, por el que está procesado uno de los estrechos colaboradores de Puigdemont, Josep Lluís Alay. Otros nombres que han surgido en distintas informaciones durante los últimos días (la familia de Jordi Pujol, Gonzalo Boye, abogado del expresident, y la propia Borràs) están descartados, porque su situación ante la Justicia no está relacionada con el proceso independentista, explican los socialistas. 

Pero los colaboradores de Sánchez, aunque evitan poner mucho énfasis para no hacer peligrar un pacto que se presume inminente, también señalan que el acuerdo con ERC, el jueves pasado, alejó el entendimiento con Junts. La impresión en el PSOE es que Puigdemont vivió con incomodidad el entendimiento con los republicanos (por su contenido y por la propia ceremonia) y que quiso ponerlo más difícil para demostrar que, en el fondo, la investidura de Sánchez depende de él.

El reconocimiento nacional

¿Qué dirá Puigdemont si hay acuerdo? La clave sigue pasando por su conferencia del 5 de septiembre. Y las tres condiciones que allí se marcaron: amnistía, mediador y reconocimiento nacional de Catalunya. Estas tres condiciones, insiste Junts, se están a punto de cerrar. Y es entonces cuando se cierra un pacto de investidura, no de legislatura. Para lograr la carga histórica antes mencionada se deberá esperar a que den sus frutos, o no, las dos mesas de trabajo durante los próximos cuatro años -una sobre cuestiones de autogobierno y competencias, otra sobre el núcleo del conflicto político y la demanda de autodeterminación de JxCat.

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Lo cierto también es que -y la hemeroteca es muy reciente- Junts exigió que la amnistía estuviera aprobada antes de la investidura y que el catalán se hubiera convertido ya en lengua oficial de la UE. Quería, como dijo en el pacto para la Mesa del Congreso, "cobrar por adelantado". Ahora no lo logrará. Y Puigdemont deberá subrayar que pese a ello ha logrado un pacto de más calado que el de ERC.

Las posibilidades de que Puigdemont actúe como el día 26 de octubre del 2017, cuando dejó vacante el atril gris con el logotipo de la Generalitat y las banderas catalana y europea en las galerías gótics del Palau de la Generalitat, cuando iba a convocar elecciones autonómicas y decidió emprender la vía de la independencia en un giro de última hora. Esta vez no, está todo a punto para que los negociadores y sobre todo sus juristas den el visto bueno al redactado de la exposición de motivos y el articulado de la ley de amnistía.

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