España encarga un estudio sobre el coste de la oficialidad del catalán a la Comisión Europea

La propuesta española de revisión del régimen lingüístico de la UE, para reconocer oficialmente al catalán, euskera y gallego, ha regresado este martes al debate europeo sin mucho éxito. Aunque el tiempo corre y se acerca la fecha de la investidura, persisten las dudas entre los Estados miembros hacia una de las medidas exigidas por Carles Puigdemont para investir a Pedro Sánchez. El debate, de nuevo breve, se ha saldado, tal y como se esperaba, sin decisión. Una docena de Estados miembros, según fuentes europeas, han tomado la palabra y la presidencia española de la UE ha informado que ha encargado a la Comisión Europea un "estudio de impacto presupuestario y material" sobre la inclusión de las tres lenguas en el régimen de lenguas de la UE.

"Los informes de impacto material y presupuestario los ha solicitado la presidencia del Consejo de la UE (el martes de la semana pasada) y tan pronto como los órganos de la Comisión evacúen ese informe formalizaremos lo que España ha indicado", ha anunciado el ministro de exteriores en funciones, José Manuel Albares, sobre el compromiso español de asumir el coste de traducción e interpretación de catalán, euskera y gallego. El jefe de la diplomacia española ha explicado que Bruselas es la mejor posicionada para cuantificar "el coste exacto" pero ha asegurado que por las "estimaciones" de que disponen "son perfectamente asumibles por España".

“Varios Estados miembros han reiterado que están dispuestos a continuar trabajando en esto, pero han pedido un análisis más detallado y un trabajo para examinar todas las implicaciones”, han confirmado fuentes europeas sobre las conclusiones de una discusión que se ha prolongado una media hora. Es el caso de Suecia, Finlandia, Alemania, pero también Francia, cuya ministra, Catherine Colonna, ha dicho abordar la petición con "mentalidad abierta". España, según las mismas fuentes, ha tomado nota de los comentarios realizados y los tendrá en cuenta de cara a elaborar una "propuesta adaptada".

Letonia no lo ve prioritario

Uno de los países más críticos públicamente este martes ha sido Letonia cuyo ministro de exteriores, Krisjanis Karins, ha dejado claro que incorporar el catalán, euskera y gallego no es la prioridad "número uno" en estos momentos y que hay otros asuntos geopolíticos más importantes aunque posteriormente se ha limitado a señalar que la "propuesta que está siendo evaluada". Lituania, un país que teme que la idea de alas a las minorías lingüística rusa del país, y que ha estado representado por su viceministra de exteriores, ha apoyado la postura de Letonia en la reunión, según fuentes europeas.

Pese a estos pronunciamientos, Albares ha calificado el debate de "constructivo" y de "positivo" el ambiente. "Hoy hemos avanzado para que la propuesta española sea la propuesta de los Veintisiete. Hoy hemos logrado que la inclusión del catalán, el euskera y gallego en el régimen lingüístico de la UE esté más cerca", ha dicho ante la prensa. Es más, "varios países han manifestado explícitamente su apoyo a nuestros planteamientos", ha destacado el ministro que ha subrayado que "ningún Estado se ha opuesto a seguir avanzando" en la senda marcada por "España porque, no olvidemos que esta decisión, se tiene que tomar por unanimidad y cuando se trata de unanimidad no importan los votos, importan los vetos, y no hay vetos", ha subrayado. Hasta ahora el aliado más firme en defensa de la propuesta española ha sido Eslovenia. Pero hay otros países que también secundan la propuesta como es el caso de Chipre.

Segundo debate político

Se trata de la segunda vez que los ministros de asuntos generales (CAG) debaten la iniciativa española tras la presentación de la propuesta el pasado 19 de septiembre. Como en aquella ocasión, de nuevo ha sido Albares quien ha presentado el informe oral de progresos a partir de dos elementos: el coste y la especificidad del caso español. En primer lugar, ha reiterado que España asumirá “integralmente” la financiación de la iniciativa y, en segundo, que la reforma se circunscribe “exclusivamente a España" por unas circunstancias y unas condiciones "muy específicas" que convierten las lenguas españolas "en un caso único dentro de la UE” de forma que "otras lenguas no puedan ampararse en la reforma (española) si el Estado miembro afectado no lo desea".

El Gobierno ha vuelto a esgrimir, como ya hiciera en septiembre, que las tres lenguas están reconocidas “como oficiales” en la Constitución, que se utilizan en el Parlamento, tanto en el Congreso como en el Senado, y que existen acuerdos administrativos con prácticamente todas las instituciones europeas -salvo con el Parlamento Europeo- desde hace décadas. Además, “España introdujo copias certificadas de los Tratados de las tres lenguas y tienen un amplísimo uso, que en el caso del catalán supera los 10 millones de hablantes, lo cual las hace muy relevantes, con un número de hablantes muy superiores a la mayoría de los idiomas que van a estar hoy representados a la mesa del Consejo”, ha explicado Albares. Todo esto, hace a juicio de España, un caso único y no trasladable a otras situaciones.

Albares, que ha insistido en que el objetivo es que la reforma se apruebe "lo antes posible" no ha aclarado si la propuesta, que requiere de la unanimidad para salir adelantes, podría ser aprobada en la reunión del CAG del 15 de noviembre, la última posibilidad antes del pleno de investidura. "Ahora estamos a la espera de los informes. Empiezan a ser pasos muy definitivos para poder formalizar esa propuesta adaptada", se ha limitado a señalar. Tampoco el Ejecutivo comunitario ha aclarado si el análisis solicitado estará listo antes de esa fecha. "La Comisión está lista para coordinar el trabajo que todas las instituciones van a tener que hacer para elaborar una nota financiera sobre los costes. En este momento no puedo decir si vamos a ver finalizado el trabajo antes del 15 de noviembre o no. Pero la CE está ahí para coordinar ese esfuerzo", ha prometido la comisaria Duvravka Suica.

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