¿Quién puede llevar al Tribunal Constitucional la amnistía de Puigdemont? 3 claves

Durante la instrucción del 'procés' han sido frecuentes los diálogos por escrito, a través de autos y de recursos, protagonizados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El último episodio se ha vivido a cuenta de la recusación presentada por este último contra el instructor del 'procés' en el alto tribunal y su rechazo de plano en una resolución en la que el magistrado explicaba que no será él quien se dirija al Tribunal Constitucional para valorar la constitucionalidad de una eventual amnistía, argumento del que la defensa discrepaba.

Estas son las claves para saber quién puede acudir al órgano de garantías y bajo qué condiciones:

Puigdemont recusa a Llarena por haberse pronunciado sobre la amnistía

¿Quién puede elevar una cuestión de inconstitucionalidad?

Tanto el juez Llarena como el abogado Gonzalo Boye, en nombre de Carles Puigdemont y de los 'exconsellers' que le acompañaron en la huida de España y que también son eurodiputados, Toni Comín y Clara Ponsatí, se remiten al artículo 35 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para defender su posición. Ese precepto prevé que los jueces o tribunales, "de oficio o a instancia de parte", eleven una cuestión de inconstitucionalidad si consideran que "una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución".

La cuestión solo se podrá plantear "una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión".

Elevar la cuestión "originará la suspensión de las actuaciones" hasta su resolución

¿Cómo se aplica al 'procés'?

En el sumario, que es el tipo de procedimiento abierto para investigar el 'procés', el juez instructor concluye el sumario, pero no puede archivarlo o abrir juicio oral porque esas decisiones dependen de la Sala de lo Penal. Es decir, que será la sala presidida por Manuel Marchena la que en su caso eleve una cuestión de inconstitucionalidad al TC para que revise la amnistía, no solo a la hora de aplicársela al presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de condenados en octubre de 2019 por el 1-O, sino también a Puigdemont y los procesados en rebeldía.

En el procedimiento abreviado, previsto para delitos con penas inferiores, sí es el juez instructor el que dicta el sobreseimiento o abre juicio oral. Esto significa que en las causas relativas al 'procés' que se puedan ver afectadas por la amnistía, investigadas en un procedimiento abreviado, como pueden ser las relativas a desórdenes públicos, será el juez instructor el que podrá dirigirse al TC si cuestiona la constitucionalidad de la medida que debe aplicar. En los sumarios, el magistrado concluirá el procedimiento y lo remitirá a la Audiencia Provincial correspondiente para que aplique la nueva ley o, si duda de su constitucionalidad, eleve una cuestión al TC.

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¿Tiene el juez que consultar a acusaciones y defensas?

La ley reguladora del TC explica que, para adoptar una decisión definitiva en relación con el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, "el órgano judicial oirá a las partes y al fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia" de plantearla, o "sobre el fondo de esta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase".

Elevar esa cuestión "originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el TC se pronuncie sobre su admisión. Producida esta, el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que resuelva definitivamente sobre la cuestión". De esta forma, según la ley del tribunal, la aprobación de una ley de amnistía no significará la vuelta inmediata de Puigdemont a España sin temor a ser arrestado ni la rehabilitación de los condenados.

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