El Gobierno desoye al PP y rechaza acudir al Senado para debatir la amnistía

El Gobierno no piensa acudir el jueves a la cita aprobada por el PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para que los presidentes autonómicos debatan la amnistía del ‘procés’ que los colaboradores de Pedro Sánchez negocian con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura. La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada de anunciar el plante a la convocatoria, que ha definido como un intento por parte de los conservadores de “aumentar la crispación”. 

Los tres mandatarios socialistas (el asturiano Adrián Barbón, el castellano-manchego Emiliano García-Page y la navarra María Chivite) tampoco acudirán a esa cita. Lo mismo hará el lendakari, Iñigo Urkullu. En cambio, sí participará en el encuentro el ‘president’, Pere Aragonès, según ha anunciado el Govern este martes. 

Preguntada por la presencia por sorpresa de Aragonès, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha optado por denunciar la "anomalía democrática" que a su juicio supone que los presidentes autonómicos del PSOE hayan declinado la invitación, informa Pilar Santos. "Es el reflejo de la sumisión a Pedro Sánchez; solo pueden estar en silencio porque no pueden defender la igualdad", ha señalado.

Feijóo no tiene previsto acudir

“El Gobierno no va a participar de lo que a todas luces está haciendo el PP, que es una instrumentalización de una comisión importante. Habiendo sido el señor Alberto Núñez Feijóo presidente autonómico, parece mentira que la reduzca a una simple tarea de contribución a esa crispación en la que está asentado”, ha justificado tras el Consejo de Ministros Rodríguez, que ha pedido al líder del PP que se “calme” y “aprenda a gestionar su frustración”. 

En todo caso, fuentes parlamentarias de los populares y del equipo del presidente informaron de que Feijóo no tiene previsto asistir al debate en el Senado por dos razones principales: para que "no parezca que usa la Cámara alta de forma partidista" y para evitar que alguien pueda pensar que va "a supervisar a sus presidentes autonómicos". El líder del PP no podría hablar en esa sesión.

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En este sentido, la portavoz del Ejecutivo ha subrayado que hasta el 27 de noviembre, día en el que se convocarán de nuevo elecciones generales si Sánchez no ha sido reelegido por el Congreso, hay tiempo. para sellar la investidura. Pero Rodríguez, en la misma línea que el resto de altos cargos socialistas, no ha dado ninguna pista sobre las negociaciones con el independentismo catalán, especialmente con Junts, la pieza más difícil de encajar. Dos semanas después de que su líder fuese nombrado por el Rey candidato a la Presidencia del Gobierno, el PSOE continúa instalado en el silencio. 

La Cámara alta como ariete contra el Ejecutivo

El PP, mientras tanto, se mueve en el Senado. Gracias a su control absoluto de la Cámara alta, los conservadores convocaron la pasada semana una sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para debatir un único punto: la “aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles y de solidaridad entre las comunidades autónomas”. Bajo este título, el partido de Núñez Feijóo abre la puerta a tratar cualquier asunto. En especial, la negociación entre Sánchez y los partidos independentistas catalanes de una amnistía del proceso independentista vivido en Catalunya en otoño de 2017.

El PSOE, mientras tanto, aún no ha decidido si sus senadores intervendrán en esta convocatoria. Dependerá, explican fuentes del partido, de cómo se desarrolle la cita. Si los socialistas optan finalmente por participar, los encargados de tomar la palabra serán Juan Espadas, exalcalde de Sevilla, y Ximo Puig, expresidente de la Comunidad Valenciana.

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Los conservadores han dejado claro que quieren convertir la Cámara Alta en un ariete contra el Ejecutivo. Hace dos semanas aprobaron una moción para reprobar a Sánchez por su negociación con los independentistas. Este martes han vuelto a repetir esa misma maniobra al impulsar otra iniciativa en la que se manifiesta que "la convivencia democrática y la consecución de un orden económico y social justo" no se podrá alcanzar "nunca" mediante la negociación con formaciones políticas lideradas por "personas acusadas y huidas de la justicia o condenadas por actos de extrema gravedad contra el orden constitucional", en referencia a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros.