El perímetro de la amnistía inquieta al independentismo

"En política, nada es imposible", recordaba esta semana un alto cargo socialista. La necesidad aritmética tiene el arte de normalizar lo aparentemente increíble. Años atrás, la amnistía del 'procés' era inconcebible. Sin ir más lejos, en 2021, el PSOE, junto a PP y Vox, impidió su tramitación en el Congreso, y ahora la negocia con ERC y Junts.

Todo lleva su tiempo. Miquel Iceta se anticipó a los indultos en la campaña electoral de 2017 y el panorama político se le echó encima. Hace 26 meses, se convirtieron en realidad y Pedro Sánchez salió indemne. Tanto, que aspira ahora a una reelección al frente del Gobierno.

Los juristas, al encargo de la triangulación PSOE-ERC-Junts, trabajan ya en un redactado para facilitar la reelección de Sánchez como presidente y la rehabilitación de Carles Puigdemont. La amnistía será una ley en la que no habrá ni rastro de la literalidad de la palabra.

Los policías del 1-O se dan por exonerados, aunque ninguno de ellos haya sido hasta la fecha condenado. Hay quien apunta incluso que habría que contar a los investigados por la 'operación Cataluña'.

El PSOE necesita que los agentes que intervinieron la jornada del 1-O queden incluidos en la ley para evitar que Puigdemont venda la medida como una asunción de que la culpa fue del Estado. A la vez, necesita eliminar cualquier reminiscencia a 1977, para que tampoco pueda alimentar el relato de que España es una dictadura.

Eso es asumible para Junts siempre que Puigdemont sea visto como el líder que ganó el pulso al Estado, que supo esperar y negociar, regresando a Catalunya sin pisar prisión. En definitiva, blandir que tenía más sentido marcharse y librar batalla en Europa, que ser detenido y encarcelado en España a la espera de la medida de gracia. El perdón ya lo trajeron los indultos, así que la amnistía debe reconocer que en la consulta no hubo delito y que fue el Estado el que se excedió, opinan en JxCat. Sería una doble victoria: al Estado y a ERC.

No será fácil, pero "en política, nada es imposible". Las peticiones de Puigdemont pueden ser complacidas por el PSOE, pero aquello de 'cobrar por adelantado' complica el margen de maniobra y obliga a pisar el acelerador en el Congreso para que la amnistía quede aprobada antes de la sesión de investidura del candidato socialista. 

Hay consenso en que lo amnistiable debe comenzar en 2014, para recoger la consulta del 9-N, pero en el frente independentista hay inquietud por el perímetro de la amnistía. Públicamente, solo por los policías; pero en privado, también por los manifestantes. Los políticos del 1-O se dan por descontado y Laura Borràs no está entre ellos.

Los indultos únicamente favorecieron a la cúpula del referéndum que fue juzgada, pero solo la amnistía podría exonerar a las masas que salieron en su nombre. Se acotará a la violencia, un concepto que genera una amplia discusión académica y que el redactado deberá traducir en delitos. Algo mucho más complejo si se tiene en cuenta que la mayoría de procesamientos por la sentencia del 'procés' tienen que ver con delitos como atentado a agentes de la autoridad, lesiones o desórdenes públicos a ojos de tribunales que han sido denostados por el independentismo que ahora podría validarlo. Una línea roja puede ser la afectación a personas físicas, dejando fuera los daños a infraestructuras o bienes.

Xavier Antich (Òmnium): "Amnistía no puede suponer impunidad; la violencia debe quedar fuera"

Si triunfa la investidura, Sánchez tendrá cuatro años para hacer olvidar la amnistía. Las calles catalanas ya no arden, la 'desinflamación' funciona y el PSC crece a cada contienda electoral. Pero la legislatura será compleja, por la dependencia de Junts. Y ahí se reivindica ERC, aferrada a la mesa de diálogo con el fin de dar comienza a la segunda fase, la más ardua, la de la autodeterminación.

ERC y Junts pugnan por liderar la amnistía en su batalla por ser el referente independentista del PSOE

Pero, ¿quién la liderará? La amnistía podría devolver a Puigdemont y Junqueras la oportunidad de ajustar cuentas en las urnas. Por eso Junts acalla las almas internas y da un giro a su estrategia política apostando por el pactismo que tanto ha afeado a sus exsocios.

Las elecciones catalanas serán, a más tardar, en febrero de 2025. Por eso no hay ni estrategia unitaria ni coordinación independentista ante el PSOE. La posconvergencia desdeña pactar ahora las condiciones, pese a haber criticado que ERC no hiciera lo propio en 2019 e incluso tras haber usado la falta de coordinación en Madrid para abandonar el Govern. Esquerra se reivindica para hacerse hueco dibujando una escalera de avances: diálogo, indultos, reforma del Código Penal y amnistía. ¿A quién abucheará la ANC esta Diada?

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