El PNV pide derogar el veto previo del TC que frena los referéndums sobre los estatutos de autonomía

La partida ha comenzado y los jugadores empiezan a poner sus cartas sobre la mesa. Con casi un mes por delante de idas y venidas en torno a la más que probable investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, los socios del Gobierno de coalición empiezan a posicionarse para la negociación con Pedro Sánchez. Hay quien hará públicas sus posiciones en los próximos días -Carles Puigdemont ha escogido el martes para dar a conocer sus intenciones- y quienes ya lo han hecho de manera más discreta. El PNV registró este martes media decena de proposiciones de ley que, a nadie se le escapa, son parte de sus condiciones al presidente del Gobierno en funciones. Una de ellas es derogar el recurso previo de inconstitucionalidad de los estatutos de autonomía para blindar el derecho de los ciudadanos a votar en referéndum la norma base que regirá su territorio.

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Actualmente, cincuenta diputados o senadores pueden paralizar durante meses la entrada en vigor de cualquier reforma de un estatuto de autonomía. Pero las implicaciones no se quedan ahí, sino que el Tribunal Constitucional (TC) puede vetar artículos antes de que estos sean de aplicación, algo que no ocurre con ningún otro tipo de norma. Además, en aquellas comunidades que se requiere la celebración de un referéndum, el texto que pueden acabar votando los ciudadanos estaría pasado por el filtro del TC y no sería el mismo que emanó en un principio de sus representantes políticos.

El PNV quiere acabar con esta figura porque considera que "supone un apaño jurídico a aquello que la política parece incapaz de resolver". En este sentido, una de las aristas de su crítica es la sustracción del derecho de los ciudadanos a votar la reforma de los Estatutos de Autonomía aprobado por los parlamentos territoriales y las Cortes en su integridad, dado que el texto final puede haber sido mutilado por el TC.

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Los antecedentes

Para entender esta exigencia es necesario remontarse al año 2006, cuando las Cortes Generales aprobaron la reforma del Estatut de Catalunya. Días después de recibir el visto bueno del Senado, se celebró un referéndum, un trámite obligado por el propio Estatut. Así, el 18 de junio se instalaron las urnas y el 74% de los ciudadanos que acudieron a votar en el referéndum consultivo ratificaron la norma. Sin embargo, el PP presentó un recurso ante el TC que tardó cuatro años en resolverse. En 2010 se declararon inconstitucionales 14 artículos. El PP se agarró a aquel retraso para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad, derogado en 1985, para que los Estatutos de Autonomía pudieran ser frenados antes de entrar en vigor.

Aquel cambio legislativo, que contó con el 'sí' del PSOE, permite presentar un recurso de inconstitucionalidad en los tres días siguientes a ser aprobado por las Cortes, antes de que sea sancionado y promulgado. El procedimiento se pausa en este punto y no se permite la celebración de referéndums, en el caso de que sea necesario. El Constitucional tiene seis meses para señalar si considera inconstitucional algún apartado o no. En el caso de que sea así, las Cortes deben modificar dichos aspectos para poder continuar con la tramitación.

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"En el control previo lo que se busca [...] es que determinadas voluntades democráticas no se puedan expresar por los instrumentos democráticos previstos en la Constitución, que no son otros que la culminación de la tramitación parlamentaria de un Estatuto de Autonomía y su ratificación ciudadana por medio del referéndum", denuncia ahora el PNV en la exposición de motivos de la proposición de ley que ya presentó en 2019. En otro punto añaden que se "impide la manifestación de una voluntad democrática por el cauce previsto legalmente, que no es otro que el refrendo del texto estatutario".

Los siguientes movimientos

La reforma de los Estatutos de Autonomía en un principio solo debía ser refrendada por la ciudadanía en el País Vasco, en Galicia, en Catalunya y en Andalucía. Sin embargo, en distintos momentos también lo han incluido la Comunitat Valenciana, Aragón y Canarias. En 2004, el dirigente del PNV y exlehendakari, Juan José Ibarretxe, impulsó una reforma del Estatuto que fracasó. Ahora, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de renovar el Estatuto de Guernika: "Es una carpeta que hay que abrir". La cuestión es, que si se abre, los jeltzales quieren llegar hasta el final y que la ciudadanía vasca de su opinión. Después ya será el turno del Constitucional.

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