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La Moncloa avisa a Junts: "En Catalunya solo cabe el marco constitucional"

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez durante un acto electoral del PSOE, en el Kursaal, a 18 de julio de 2023, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España).

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez durante un acto electoral del PSOE, en el Kursaal, a 18 de julio de 2023, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). / Unanue - Europa Press

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

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La misma noche electoral todas las miradas se volvieron hacia los siete escaños obtenidos por Junts per Catalunya para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. La candidata de la formación, Míriam Nogueras, valoró los resultados y detalló en dos palabras lo que reclaman para hacerlo posible: "amnistía y autodeterminación". EL PERIÓDICO DE CATALUNYA ha consultado a magistrados y a tres catedráticos, uno de Penal, otro de Constitucional y un tercero de Procesal, para conocer la viabilidad de la exigencia "dentro del marco constitucional", que el Gobierno ya ha dicho que es lo único que cabe en Catalunya.

Todos ellos coinciden en el difícil encaje que las dos pretensiones tienen en la Constitución, aunque admiten que algún sector académico minoritario, "muy sesgado", defiende que es posible. Este grupo argumenta, señalan, que el texto constitucional veta expresamente "los indultos generales", pero no la amnistía, lo que podría entenderse como una puerta abierta a poder hacer uso de esta figura, al ser uno de los principios del derecho que lo que lo que no está prohibido está permitido. Uno de los magistrados consultados ironiza con esta explicación: "La Constitución tampoco menciona la esclavitud, ¿quiere eso decir que está permitida?".

Tanto el catedrático de Penal de la Carlos III Javier Álvarez como el de Constitucional de la Universidad de Valladolid Juan María Bilbao coinciden en que la amnistía es imposible en nuestro ordenamiento por dos razones. La primera es que si están prohibidos los indultos generales, cómo no lo va a estar la amnistía, y la segunda es que, según Álvarez, supone "una impugnación" al sistema y "una excepción al mandato constitucional de los jueces a dictar y ejecutar las sentencias" que puede "poner en cuestión el ordenamiento".

El catedrático de Procesal de la Pablo de Olavide Vicente Guzmán Fluja completa la argumentación con las dificultades que plantearía el cómo se haría una amnistía, porque no hay regulación alguna al respecto. "El indulto es un acto del poder ejecutivo y la amnistía, del legislativo", explica antes de recordar que el "indulto borra la pena y la amnistía el delito entero".

Su tercera objeción es el de cuál sería la razón para llevarla adelante, porque es una figura utilizada "después de un problema político en el país, como una dictadura, para perdonar a quien ha podido cometer delitos en esa situación y se está en un momento de refundación política", lo que no ocurre en España.

Guzmán insiste, además, en que se supone que "serviría para cerrar una herida" cuando se produce ese contexto de conflicto político y los amnistiados no tienen voluntad de repetir la actuación perdonada, lo que no coincide con lo ocurrido en Catalunya, donde los líderes independentistas tanto condenados como huidos de la justicia española han manifestado su intención de volverlo a hacer.

Cambio constitucional

En cuanto a la segunda condición planteada, la de la autodeterminación, Álvarez es tajante: "Se lleva por delante el artículo 2 de la Constitución", que dice que "se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Añade que "pocos países" incluyen esta posibilidad en textos constitucionales por la dificultad que tuvieron para formarse como tales.

Juan Ramón Bilbao, por su parte, añade que no cabría "ni con carácter consultivo, porque no tiene sentido ir en contra de la voluntad popular" y luego no aplicar lo votado, porque estas consultas se realizan en términos disyuntivos y fracturan a la sociedad. En su opinión, solo sería posible con una reforma constitucional, porque "la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido muy clara" al respecto. Guzmán agrega que con ella habría que pasar, en su caso, de un Estado de las autonomías a un Estado federal, en el que cada uno decida su situación.

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