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¿Carles Puigdemont puede ser indultado sin que regrese a España?

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L'expresident Carles Puigdemont intervé telemàticament en un acte de campanya de Junts a Amer

L'expresident Carles Puigdemont intervé telemàticament en un acte de campanya de Junts a Amer / Nico Tomás / ACN

Ángeles Vázquez

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Que los resultados electorales hayan situado en una posición de privilegio a los siete diputados logrados por Junts en las urnas, de cara a las negociaciones de investidura, no supone que el panorama judicial que tiene ante sí su líder, el 'expresident' Carles Puigdemont, se haya despejado. Sigue pendiente de juicio ante el Tribunal Supremo por su responsabilidad en el 'procés', por hechos por los que su vicepresidente, Oriol Junqueras, fue condenado a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, que sigue cumpliendo, porque solo fue indultado de la pena de prisión y los jueces no han considerado que se le pueda aplicar la reforma del delito de malversación pactada entre el Gobierno y ERC. También tiene pendiente el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable por el dinero público presuntamente malgastado en el 1-O y con la acción exterior del Govern.

El propio Puigdemont lleva meses alimentando que desde el PSOE se le ha hecho llegar que si se entrega y pasa un tiempo en prisión será indultado, como los ya condenados del 'procés'. La condición de ponerse a disposición de la justicia española de la que lleva huido desde octubre de 2017 es imprescindible para poder optar a una medida de gracia, según establece el artículo 2 de la ley de indultos, de 1870.

Esa norma de 1870, establece en su primer artículo que "los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta ley, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido". El siguiente artículo exceptúa de ello a "los procesados criminalmente que no hubieren sido aún condenados por sentencia firme; los que no estuvieren a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena, y los reincidentes condenados por sentencia firme".

Puigdemont cumple los dos primeros preceptos del artículo 2 para hacer imposible que se le conceda un indulto: no ha sido condenado en sentencia firme y no está a disposición del tribunal, porque huyó. En el tercero, el de la reincidencia, la norma incluye una excepción para aquellos a los que "el tribunal sentenciador o el Consejo de Estado" considere que "hubiera razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia".

Hasta 12 años

Vetado el indulto por anticipado que uno de los abogados que lo solicitó para los condenados del 'procés' dice haberse ofrecido a negociar para el 'expresident', las acusaciones en contra de este pueden suponerle hasta 12 años de prisión, que es como está penado el delito de malversación en su modalidad más grave por el que está procesado. La desobediencia solo está castigada con multa e inhabilitación, así que por él no habría tanto problema.

Además, se da la circunstancia de que la malversación es uno de los delitos de los incluidos en el ámbito de la corrupción que por algunos gobiernos se ha excluido de la medida de gracia, por el mismo motivo por el que se supone que hay entrega prácticamente automática para los reclamados por él, cuando se tramita una euroorden como la que ha solicitado la fiscalía que se vuelva a cursar para tratar de lograr su entrega a la justicia española.

El otro procedimiento que tiene pendiente del 'expresident' es el que se sigue en el Tribunal de Cuentas por el 1-O y la acción exterior del Govern, cuyo juicio se ha fijado para el 17 de noviembre y en el que los 35 encausados han tenido que aportar una fianza de más de cuatro millones de euros para cubrir el dinero público presuntamente malgastado y que, en caso de condena, se reintegrará en las arcas de la Generalitat.

Puigdemont ha intentado parar el procedimiento en su contra alegando que se le persigue penalmente y por responsabilidad contable por los mismos hechos, lo que vulneraría el principio que impidie juzgar a alguien dos veces por lo mismo. También intentó paralizar la tramitación apelando a la inmunidad que tenía como europarlamentario, prerrogativa que le fue retirada por el Tribunal General de la UE (TGUE) el pasado 5 de julio.

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