La fiscalía pide al juez Llarena que curse una nueva euroorden contra Puigdemont

Por si, tras las elecciones y conforme ha quedado la distribución de escaños, alguien tenía dudas sobre la situación procesal en la que se encuentra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el 'exconseller' que le acompañó en la huida Toni Comín, la Fiscalía ha querido dejar claro que ambos tienen una reclamación pendiente por los delitos de desobediencia y la malversación en su modalidad más grave. Por eso este mismo lunes, ha instado al juez Pablo Llarena que curse nuevas órdenes de detención internacional y euroórdenes en su contra para que puedan ser detenidos en Europa. La orden de arresto en España nunca ha dejado de estar en vigor.

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El propio Puigdemont no ha dejado pasar la oportunidad de destacar la proximidad de la petición fiscal con la celebración de elecciones y ha echado mano de ironía para dejar constancia en inglés de que "un día eres decisivo para formar el Gobierno de España y al siguiente piden tu arresto", en la red social que este lunes ha pasado de llamarse Twitter a ser X.

El tuit del 'expresident' obedece a que el ministerio público ha interesado este mismo lunes que se emita una orden de busca y captura internacional, por si fuera necesario tramitar una solicitud de extradición en su contra, así como una orden europea de detención y entrega respecto de los dos procesados en rebeldía a los que la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea Ç(TGUE) retiró el pasado día 5 la inmunidad al avalar el suplicatorio cursado por el juez Llarena por su responsabilidad en el 'procés'.

El 'exconseller' de Cultura Lluís Puig, procesado por los mismos delitos, al no ser eurodiputado, no tenía inmunidad alguna. El magistrado podía haber ordenado de nuevo su arresto en Europa desde que el Tribunal de Justicia de la UE se pronunció sobre las euroórdenes y le dio la razón frente a la justicia belga que había rechazado entregarlo, pero todavía no lo ha hecho.

No suspende

Aunque la sentencia del Tribunal General que retiró las inmunidades a los eurodiputados puede ser recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión, como ya han anunciado que harán Puigdemont y Comín, la impugnación no tiene efecto suspensivo, por lo que teniendo en cuenta la situación personal de ambos -huidos de la justicia y en rebeldía- el ministerio público considera procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados. La reclamación se formulará por los delitos incluidos en su contra en el auto del pasado 12 de enero de 2023, cuando se adaptó su procesamiento a la modificación legislativa que supuso la derogación de la sedición y la reforma de la malversación.

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El ministerio fiscal recuerda en su escrito de cuatro páginas que los hechos constitutivos de malversación por los que se reclama tanto a Puigdemont como a Comín son los más graves previstos en la legislación y contemplan penas de hasta 12 años de prisión por la cantidad del dinero que presuntamente malversaron para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. La malversación es uno de los delitos incluidos entre los de la corrupción y figura entre los previstos para la entrega prácticamente automática de los reclamados.

Decisión de Llarena

En cualquier caso, la última palabra sobre la petición fiscal queda ahora en manos del juez Llarena, que puede dictar las nuevas órdenes de detención inmediatamente o tomarse su tiempo como está haciendo con Lluís Puig. Fuentes del alto tribunal consultadas por este diario no ven descabellado esperar a que el TJUE resuelva, no el fondo del recurso, pero sí las medidas cautelares que previsiblemente planteará Puigdemont en su impugnación para recuperar, aunque sea de forma transitoria, su inmunidad.

De esa forma, según estas fuentes, se conjugaría el riesgo de tener que levantar las órdenes de detención, de forma cautelar, en el caso de que se estimen estas medidas, como ya ocurrió tras el arresto de Puigdemont en Cerdeña. Se calcula que el alto tribunal europeo tardará aproximadamente un mes en pronunciarse sobre estas medidas, lo que podía ocurrir en octubre. En el caso de ser rechazadas se podría ordenar el arresto del expresidente catalán antes de las próximas elecciones europeas, a las que ya ha anunciado su intención de presentarse.

La situación de ambos o de Puig es distinta de la de la tercera eurodiputada procesada por el 'procés': Clara Ponsatí, que forzó su arresto este mismo lunes al pasearse por Barcelona de nuevo, pese a la orden de detención española cursada en su contra por el juez Llarena para tomarle declaración indagatoria por el delito de desobediencia que le imputa. Dado que este delito no prevé penas de prisión, la eurodiputada quedó en libertad tras negarse a declarar. Esta diligencia era imprescindible para continuar el procedimiento en su contra.