La causa del 'procés'
El juez deja en libertad a Clara Ponsatí tras su arresto en Barcelona
El juez Llarena ordenó su arresto si entraba en España al no haber comparecido a las citaciones judiciales
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Posantí / @ClaraPonsati


Ángeles Vázquez
Ángeles VázquezPeriodista
Periodista especializada en tribunales desde 1996. Primero en Europa Press, donde fui jefa de la sección de tribunales hasta que me incorporé a 'Público'. El cierre de su edición en papel me llevó a pasar al 'otro lado' e incorporarme a prensa del Ministerio de Justicia. Acabada esa etapa colaboré con el 'Ara' hasta que me incorporé a la redacción de 'El Mundo'. Llegué a 'El Periódico' en 2016 y desde entonces vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
Como estaba previsto, la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí quedó en libertad, tras comparecer ante el juez de guardia de Barcelona y negarse en su presencia a prestar declaración indagatoria por su responsabilidad en el 1-O. El juez Pablo Llarena renunció a que fuera trasladada al Tribunal Supremo, tras su arresto este lunes en Barcelona por los Mossos d'Esquadra, para no prolongar más de lo estrictamente necesario su detención, que solo se ha producido por la negativa de la 'exconsellera' a comparecer en el alto tribunal que juzgó a los líderes del 'procés'.
La propia Ponsatí había anunciado vía Twitter que estaba en España, pese a la orden de detención que tenía pendiente en España por no presentarse en el Supremo el pasado 24 de abril, y después, por la misma vía, hizo lo propio con la detención, que calificaba de "ilegal". En un auto Llarena había acordado que fuera conducida al juzgado de guardia de Barcelona y que allí se le tomara declaración indagatoria por el delito de desobediencia por el que está procesada. Para realizar la diligencia, imprescindible para que la causa siga su contra, el magistrado había enviado por exhorto las preguntas que tenía preparadas para ella. Ponsatí se ha negado a responderlas.
El juez Llarena explica su decisión en “la renuncia de la acusada a someterse a la ineludible declaración indagatoria", lo que, dice, "invalida cualquier intento de citación que pretenda alcanzar su comparecencia en libertad“. Y para extremar la pulcritud hacia ella, renuncia a que sea conducida al Supremo, porque eso supondría una extensión de su privación de libertad por el mero desplazamiento de Barcelona a Madrid, cuando su procesamiento es por un delito para el que no están previstas penas de esta naturaleza.
Llarena se vio obligado a dictar una orden de detención nacional contra ella después de que no compareciera en el alto tribunal el pasado 24 de abril, cuando había sido citada. El juez entendió que la eurodiputada había desatendido "voluntaria e injustificadamente la citación judicial" sin ofrecer ninguna explicación, ni entregar la agenda del Parlamento Europeo, que habría sido tenida en cuanta en fijar la fecha definitiva de la diligencia.
Declaración indagatoria
Tras la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, Ponsatí solo está procesada por desobediencia, como es un delito castigado con multa e inhabilitación en ningún caso puede servir para decretar su prisión. De hecho, si la eurodiputada hubiera comparecido voluntariamente en el alto tribunal nunca se habría vuelto a ordenar su arresto. Cuando Meritxell Serret y Anna Gabriel volvieron a España se personaron directamente en el Supremo para regularizar su situación judicial y fueron citadas a declarar unas semanas después.
Ponsatí perdió su inmunidad con la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que rechazó la demanda que presentó contra el Parlamento Europeo, junto al expresidente catalán Carles Puigdemont y Toni Comín, por haber autorizado el suplicatorio cursado por Llarena para continuar el procedimiento penal abierto contra los tres antes de que adquirieran el escaño.
Pero esa pérdida de inmunidad no afecta a la situación de la 'exconsellera d'Ensenyament', porque como solo está procesada por desobediencia en ningún caso corre el riesgo de que se curse una euroorden en su contra. Además, a diferencia de sus compañeros, una vez regularizada su situación en España, puede desplazarse con total libertad, sin traba alguna. En cambio, tanto Puigdemont como Comín serían arrestados en el caso de que regresaran a España, aunque no se reactiven las euroórdenes en su contra, como ha solicitado este lunes la fiscalía.
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