Jaume Collboni promete aplicar la ley para desahuciar pisos a partir del primer mes

Es objetivo del PSC atraer el voto moderado. Aquel que vive con desasosiego el naufragio de Ciutadans y aquel que duda de que Xavier Trias, en nombre de Junts, pueda ser sinónimo de orden. Una palabra, "orden", que junto a la de "seguridad" forma parte del corpus discursivo de Jaume Collboni. Este martes, el alcaldable socialista ha lanzado su propuesta sobre una de las carpetas estrella de la derecha en estas elecciones: las ocupaciones, cuestión por la que intentaron incendiar el inicio de la campaña a tenor de las dos casas ocupadas en la Bonanova.

El candidato del PSC ha prometido que si él es alcalde aplicará con diligencia la ley que el Parlament aprobó hace tres meses y que permite a los ayuntamientos recurrir a la justicia pasados los 30 primeros días para que se desahucien viviendas de grandes tenedores -más de 10 propiedades, aunque la ley estatal prevé que sean 5 cuando entre en vigor- ocupadas por inquilinos que generen conflictos en el caso que la propiedad no inicie acciones judiciales. Todos los partidos aprobaron la medida, a excepción de los Comuns y la CUP, si bien ERC lo hizo arrastrando los pies y tras constatar que, ya que perdería la votación, la negociación podía servir para suavizar el planteamiento inicial.

"Las ocupaciones es una de las preocupaciones legítimas que tiene mucha gente en la ciudad, un problema importante del que se está hablando con dosis de demagogia y simplificación. Tolerancia cero con las ocupaciones delictivas", ha asegurado Collboni flanqueado por el concejal de seguridad, Albert Batlle, y la número dos de la candidatura, Maria Eugènia Gay, desde el parque de Les Tres Xemeneies, ante las instalaciones del futuro Centre d'Emergències Metropolità.

Oficina de prevención de la Guardia Urbana

Su propuesta, ha desgranado, pasa por resolver "de forma estructural" el fenómeno con una oficina de prevención de las ocupaciones de la Guardia Urbana a la que se podrán dirigir los propietarios y comunidades de vecinos que se encuentren con un caso llamando al 112, donde se activará un protocolo específico de nueva creación en el que se coordinarán servicios sociales, cuerpos policiales y asesoramiento jurídico. Cabe decir que se trata de un teléfono que es competencia de la Generalitat y que, pese a tratarse de una oficina "de prevención", la llamada se producirá cuando la ocupación se ha hecho ya efectiva. Eso sí, con un margen para actuar por parte del ayuntamiento si el propietario es un gran tenedor.

Collboni defiende que con esta oficina se podrá "acompañar" tanto a los vecinos como a los propietarios afectados y será también una especie de radar para, por un lado, activar la petición de desahucio desde el consistorio en caso de tratarse de un piso de un gran tenedor, y, por el otro, detectar las familias que están en situación vulnerable y derivarlos a los servicios sociales para garantizarles "protección social". Con esta combinación de medidas, ha defendido Collboni, habrá "un antes y un después" con un fenómeno que el propio Batlle ha admitido que los datos apuntan que ha ido en descenso.

Durante el último trimestre de 2022 cayeron un 22% respecto a 2019, según un informe del Ayuntamiento de Barcelona a partir de los datos de los Mossos. El concejal de seguridad ha defendido que es justo ahora que los datos apuntan que hay menos casos cuando hay que incidir para consolidar esta tendencia a la baja.

"Ocupaciones delictivas"

Pese a que Collboni ha utilizado el concepto de "ocupaciones delictivas" para referirse a los casos que serán atendidos por la oficina. Preguntado por cuáles se consideran como tal y cuáles no, ya que son los vecinos los primeros en activar el mecanismo con una llamada y las casuísticas pueden ser muchas, Batlle ha asegurado que "todas son ilegales" y que la justicia debe decidir si son de carácter administrativo o penal. El candidato socialista ha puntualizado que "cualquier ocupación puede ser presuntamente un delito". Sin embargo, ha defendido que se debe distinguir los casos y derivar a los servicios sociales cuando detrás hay una emergencia habitacional.

"Aquí nadie se va a tomar la justicia por su mano", ha respondido Batlle sobre si se puede producir arbitrariedad. Collboni ha lamentado que la derecha esté haciendo un "uso radicalizado" de esta cuestión solo con "ruido", "sin propuestas" y con "mensajes sesgados". Pero lo que tampoco puede pasar, ha dicho, es que haya impunidad y no ha sido hasta la aprobación de la ley que los ayuntamientos "pueden actuar".