Meritxell Serret, condenada a un año de inhabilitación por el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros a la 'consellera' de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad pública por la organización y la celebración del referéndum del 1-O en 2017, cuando encabezaba la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el Govern de Carles Puigdemont. Es la misma pena que reclamó durante el juicio la fiscalía.

La sentencia destaca que la misma Serret reconoció directamente y "sin negación alguna" que desobedeció "por su convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán". Subraya que la "culpabilidad" está "fuera de toda duda", no solo por la aceptación "expresa" de los hechos, sino "por haber desatendido de manera clara, reiterativa y flagrante" los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC).

Serret fue juzgada el 29 de marzo, y en el juicio, en concreto, reclamó su absolución, declaró que actuó obedeciendo el "mandato democrático" de la mayoría independentista del Parlament favorable al 1-O, y sostuvo que el referéndum no fue un delito. Tras la declaración unilateral de independencia fallida, Serret se marchó a Bélgica y regreso a España en marzo de 2021 para comparecer ante el Tribunal Supremo y regularizar su situación para ser juzgada en el TSJC.

En un comunicado, Serret ha afirmado que se seguirá defendiendo "hasta donde haga falta", ya que tiene la opción de presentar recurso porque el fallo no es firme: "Seguiremos confrontando al Estado y al sistema judicial. También denunciando la persecución contra el independentismo. Continuaremos plantando cara a la represión", ha insistido. Así, ha mantenido que la consulta de 2017 "no fue un delito", sino "una expresión democrática masiva".

Las razones

El tribunal considera probado que, cuando Serret no había sido nombrada miembro del Govern, se inició "un proceso de independencia y de creación de una República catalana de acuerdo con las formaciones políticas surgidas de dichas elecciones (27 de septiembre de 2015) y en cuyo programa llevaban dicho ideario y finalidad". En 2016 y en 2017, cuando ya estaba en el cargo, el TC le advirtió "personalmente" su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material" que supusiera ignorar sus resoluciones sobre la creación de un Estado catalán independiente y la celebración de un referéndum unilateral. También se les notificó que se abstuvieran "especialmente de licitar, ejecutar o fiscalizar contratos administrativos licitados por la Generalitat instrumentales para la preparación del referéndum". Fue requerida hasta en cinco ocasiones.

La sentencia constata que el 9 de junio de 2017, Puigdemont anunció, en compañía de su gobierno, la fecha y pregunta del 1-O: '¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de República?'. Meses después, el 6 de septiembre, Serret, junto a los otros miembros del Ejecutivo catalán que han sido objeto de enjuiciamiento en otra causa ante el Tribunal Supremo (TS), "desatendió de forma consciente el requerimiento del TC" y firmó el decreto de convocatoria de la consulta soberanista, aunque el TC había anulado la resolución que impulsaba el referéndum y el decreto sobre su organización.

"La acusada era perfecta conocedora de la ilegalidad de todas las decisiones que le fueron objeto de notificación y requerimiento por parte del TC, ignorando de forma consciente y deliberada lo ordenado por dicho TC, decidiendo, por ello, no llevar a cabo actuación alguna para dejar sin efecto las normas impugnadas", añaden los magistrados.

"El 1-O no fue delito"

El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que la 'consellera' continuará en el cargo ya que la sentencia no es firme y ha subrayado que la decisión del TSJC tiene como objetivo perseguir "una actividad política". Así, ha destacado que la consellera continuará en las mismas funciones que lleva a cabo hasta la fecha, "con la confianza redoblada", a la vez que ha destacado que llevarán "la batalla jurídica hasta los tribunales internacionales".

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado de "profundamente injusta" la condena, ya que "votar no es un delito y el referéndum del 1 de octubre no fue un delito". "Cualquier condena es una condena profundamente injusta, porque es contra todos, contra los derechos de la ciudadanía de Catalunya, contra nuestros derechos de manifestación, reunión, expresión o voto. Y es un ataque contra el derecho de la sociedad a decidir su futuro votando", ha afirmado.

El dirigente republicano ha dicho que ERC se siente "profundamente orgullosa" de haber "contribuido a la victoria democrática del 1-O", ante la que el Estado "sólo ha sabido responder con represión". Y tras agradecer a Serret su trabajo y expresar su solidaridad con ella, ha sentenciado: "Reiteramos nuestra convicción de que democráticamente ganaremos la independencia de Catalunya".

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha manifestado su apoyo a la 'consellera' y ha defendido que el 1-O "no merece ni un minuto de inhabilitación".  "De nuevo la justicia española interfiere en la política catalana. En el Estado, la política la marcan las togas y no las urnas. El referéndum del 1-O no fue ningún delito y por eso no merece ni un minuto de inhabilitación, prisión o exilio para nadie", ha aseverado. Por su parte, el 'expresident' Carles Puigdemont, en un tuit, ha calificado de "injusta" la condena y la causa judicial. "Cada condena y cada inhabilitación busca condenarnos e inhabilitarnos a todos. No pararán nunca. Toda la solidaridad con la 'consellera' Meritxell Serret", ha escrito Puigdemont. El Consell de la República también ha expresado su solidaridad con la 'consellera' al tiempo que ha insistido en que el 1-O "no es un delito, es un mandato democrático que tenemos que cumplir".

La CUP ha expresado su "solidaridad" con Serret y ha sostenido que "la represión no cesa, el Estado continua buscando venganza contra el independentismo".

Por su parte, la viceprimera secretaria del Área de Organización y Acción Electoral del PSC, Lluïsa Moret, ha manifestado "todo el apoyo a nivel personal" a la 'consellera', aunque ha defendido que hay que "respetar" y "cumplir" con las sentencias judiciales. En todo caso, teniendo en cuenta que la sentencia aún no es firme, ha emplazado a esperar cómo se resuelve su caso de forma definitiva.