Serret defiende que cumplió el "mandato" del Parlament sobre el 1-O y la fiscala da por probada su desobediencia al TC

La fiscala Neus Pujal no tardó ni un segundo en contestar el alegato de la 'consellera' d'Acció Exterior, Meritxell Serret, sobre el proyecto independentista durante el juicio celebrado este miércoles contra ella por desobediencia grave al Tribunal Constitucional al facilitar el referéndum del 1-O. La que fuera en 2017 'consellera' de Agricultura del Govern del 'expresident' Carles Puigdemont, rechazó contestar a la fiscalía, a las acusaciones y hasta a su propio abogado, Iñigo Iruin, pero ante una pregunta generalista de este letrado hizo una única manifestación y aseguró que "organizar un referéndum no es un crimen en el Código Penal español" y que siempre actuó de "forma coherente" al mandato del Parlament de instar la celebración de la consulta soberanista. La acusación pública replicó: "No voy a hacer electoralismo. No se están criminalizando ideas. No se ha sentado en el banquillo ningún votante del 1-O. El fiscal solo acusa por hechos [...] El pensamiento no delinque, no vamos a acusar a nadie por sus pensamientos".

Han pasado un poco más de dos años desde que Serret regresó por sorpresa a Catalunya, en marzo de 2021, y compareció ante el Tribunal Supremo después de que viajara a Bruselas tras la fallida declaración unilateral de independencia. La vista se celebró un día después de la llegada de otra 'exconsellera' que se marchó en el extranjero, Clara Ponsatí, que quedó en libertad tras ser arrestada por los Mossos d'Esquadra al volver a Catalunya porque no se personó ante el Supremo. Serret, para quien la fiscalía reclama un año de inhabilitación para cargo público y una multa de 12.000 euros, fue arropada hasta la puerta de la sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por el 'president' Pere Aragonès, así como miembros del Ejecutivo catalán y dirigentes de ERC, como Oriol Junqueras; de Junts, Laura Borràs y Jordi Turull, y de la CUP.

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El juicio a Serret fue atípico. No se citó a ningún testigo y en las cuestiones previas el único debate fue si debía apartarse del proceso a la Abogacía del Estado. El tribunal acordó que resolverá en sentencia. A reglón seguido, le tocaba declarar a la 'consellera', pero sostuvo que no contestaría a ninguna de las partes y que solo quería hacer unas manifestaciones. Tras un tiro y afloja con los magistrados sobre cuándo podía tomar la palabra, el letrado de la dirigente de ERC se vio obligado a preguntar: "¿Nos puede decir en qué decisiones del Govern tuvo usted intervención para la convocatoria referéndum?".

En defensa del diálogo

Durante unos minutos, la 'consellera' desplegó un discurso en el que defendió a capa y espada las decisiones que el Govern de Puigdemont realizó para propiciar el referéndum unilateral, pero, sobre todo, recalcó su derecho a apostar por un "proyecto que es legítimo" como es la independencia de Catalunya y la creación de una República Catalana. "Hay una mayoría social sostenida en el tiempo que ha expresado esta voluntad de poder decidir mediante el voto el futuro político de Catalunya", aseguró. "El referéndum 1-O es una expresión del principio de soberanía democrática y del derecho a decidir" que, subrayó, tiene mayoría parlamentaria. "Como miembros del Ejecutivo y al tomar mis decisiones, miré de ser siempre coherente en el deber de ser leal al Parlament y dar respuesta a la mayoría", espetó.

A su entender, "estamos viviendo un conflicto político de raíces democráticas", que vivió una escalada con la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés'. Un "conflicto político que solo se puede resolver a través de la política, la negociación y la democracia. He vivido como se ha judicializar este conflicto. Se ha querido criminalizar un proyecto legítimo que es el independentismo y el republicanismo [...] Votar no fue un delito". Su abogado, apostilló que Serret "no oculta lo que hizo", ni "ha venido a disimular", pero "otra cosa es que esto sea un delito de desobediencia" que, según él, no se cometió.

En su informe final, la fiscala fue contundente con esas aseveraciones de Serret y rechazó de plano que se juzgaran ideas, reafirmando su tesis de que los mandatos del Tribunal Constitucional son de obligado cumplimiento: "Desobedeció de forma contumaz", a pesar de las advertencias del alto tribunal, argumentó. Insistió en que no se juzgan los programas electorales de los partidos independentistas que apuestan por la independencia de Catalunya, ni proyectos políticos. "Si se canaliza por las vías legales, nadie se sentará en el banquillo", apostilló. "No hay dudas de que las resoluciones del Tribunal Constitucional han de ser cumplidas, son imperativas", inquirió, agregando que "ningún representante político" puede anteponer sus intereses o someterlos a "deliberación interna", pues "imagínense el caso, volveríamos a la época anterior al contrato social".

Según la fiscalía, la 'consellera' conocía "perfectamente la ilegalidad" de las decisiones que se tomaron durante el otoño de 2017, tras ser notificada de varias advertencias del alto tribunal. El fiscal apunta que había una "estrategia perfectamente planificada, concertada y organizada" para la desconexión de Catalunya y que el Govern de Puigdemont, del que Serret formaba parte, tenía la misión de convocar y celebrar el referéndum "ilegal" para "legitimar internacionalmente su proyecto de segregación territorial, así como la creación de estructuras de Estado paralelas que pudieran sustituir los órganos estatales legalmente constituidos". El juicio quedó visto para sentencia.