Aragonès mira ya a 2025 tras salvar sus presupuestos más costosos

Más de medio año de proceso de elaboración, negociación y pacto. Dos escenarios políticos bien distintos entre el antes y el después. Contradicciones programáticas e ideológicas. Este es el balance después de la batalla presupuestaria que ha vivido Catalunya desde finales del pasado verano hasta este 10 de marzo en que el Parlament ha aprobado finalmente las cuentas para 2023, según lo anunciado. Es decir, con los votos a favor de ERC, PSC y Comuns, lo que supone la definitiva ruptura de los bloques parlamentarios nacidos al abrigo del 'procés'.

Son estos los presupuestos más costosos para Pere Aragonès, aunque quizá porque el premio era asimismo cuantioso, nada menos que lograr el oxígeno suficiente, vía prórroga si fuera necesario de estas cuentas en 2024, para llevar a este Govern monocolor hasta el final de la legislatura, en 2025. Aunque haya que boquear en los últimos meses. Y a la luz de los avisos de Salvador Illa, en el sentido que su apoyo a las cuentas no supone "apuntalar nada" y de su portavoz, Alícia Romero, que reclamó a los republicanos que, a la hora de legislar, tengan presente su minoría absoluta de 33 diputados, se da por descontado. De hecho, lograron, Junto a Junts, tumbar el plan piloto de la renta básica universal, aunque el Govern asegura que lo sacará igualmente adelante.

Unos presupuestos que nacieron de la mano del ‘conseller’ de Junts Jaume Giró, por encargo de Aragonès, y que la fractura del Govern del 7 de octubre alcanzó de pleno. De la noche a la mañana, aunque el tiempo de cocción del cisma fue largo, el Govern de 65 diputados de apoyo que precisaba solo de tres diputados para aprobar las cuentas se convirtió en uno con un manto de apenas 33 escaños y la necesidad de pactar con, al menos, uno de los otros dos grandes grupos del Parlament. O bien con quien se acababa de divorciar tempestuosamente (Junts) o bien con aquellos contra quien compite ERC en todas las elecciones y se hallan en el otro lado de la trinchera política, en cuanto al conflicto político se supone, el PSC.

Trató entonces Aragonès una jugada maestra consistente en crear una envolvente, ya fuera a Junts, ya fuera al PSC, ambos en plena sintonía ahora con las patronales catalanas y, siempre en el caso de los socialistas, con los sindicatos. El Executiu pactó las cuentas con los agentes sociales, dejando sin terreno de negociación ni reivindicación, sobre todo, al PSC, por cuanto Junts siempre fue transparente en cuanto a sus nulas opciones de votar las cuentas.

El socio más fiable

Con un pacto con los Comuns, el socio más fiable de Aragonès desde que este llegó a la vicepresidencia, primero, y a la presidencia, después, y con los agentes sociales, el ‘president’ se sentó a negociar con el PSC. Y este, sin armas presupuestarias en la mano, recurrió a cuestiones que nada tienen que ver, en cuanto a partidas económicas, con las cuentas. E, incluso, con la propia Generalitat, como el aeropuerto, el Hard Rock del Camp de Tarragona y la B-40.

El PSC apostó fuerte en su voluntad de demostrar que es el primer grupo en el Parlament y, para ello, no dudó en hacer bandera de cuestiones bastante alejadas de su electorado tradicional y poner en peligro, con ellas, futuras partidas que sí impactan de lleno en lo que comúnmente se entiende como votante de izquierdas.

El objetivo, logrado ampliamente, era forzar a ERC a abandonar posiciones programáticas e ideológicas creando unas contradicciones que repercuten directamente en varios territorios de aquellos que en el mes de mayo ERC y PSC se disputarán, como el Vallés Occidental (por la B-40).

Balance y premio

Pero para los republicanos todo esto, en su balance, es inferior al premio. En un momento en que las encuestas elevan al PSC a la victoria clara en unas eventuales elecciones, los republicanos se valen de los propios socialistas para conseguir 24 meses más en el paraíso, es decir, en un Executiu íntegramente en sus manos y con unos presupuestos expansivos, de fuerte impacto social con que, en unos meses, poder presumir de obra hecha.

“El Govern, hace”. Esta es la máxima que se repite en los pasillos del Palau de la Generalitat. Y es que la obsesión de ERC, cuando en mayo de 2021 llegó a la plaza de Sant Jaume, es que no hubiera punto de comparación con la inacción vivida bajo el mandato del 'expresident' Quim Torra. 

La larga negociación, con todo, ha producido otro daño colateral al Govern Aragonès. En su calendario, el fin de la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez, por la tensión electoral de este 2023, iba a ser sustituida por el proceso de elaboración de una propuesta catalana para un eventual referéndum. El acuerdo de claridad. 

Doble pausa

Y no es solo que ERC siga absolutamente sola enarbolando esa bandera, ante la indiferencia de Junts y la CUP, sino que, además, lo que tenía que haberse propulsado en enero tendrá que esperar, como mínimo, a las puertas de abril para salir a escena. En tanto, los republicanos se hallan inquietos ante la eventualidad de que la parálisis --por la pausa a la espera de la aprobación de los presupuestos-- se junte a esa ‘nada’ que ha seguido al fin de la mesa de diálogo. En su breve intervención para agradecer a los grupos la aprobación de las cuentas, Aragonès tendió la mano "a aquellos grupos con los que el acuerdo aun no ha sido posible" para alcanzar pactos en el desarrollo de estos presupuestos, una muestra más de que, con la nueva etapa que se abre este mismo viernes, el 'president' vuelve a tener entre sus prioridades recuperar un mínimo de sintonía con la CUP y, sobre todo, Junts.

Previamente, los posconvergentes habían tildado la sesión plenaria de momento inicial de "un nuevo tripartito" y los anticapitalistas dijeron entender que estos presupuestos como la moción de confianza que pactaron con ERC a cambio de la investidura. Es decir, ambas fuerzas independentistas subrayaron el cambio de mayoría que se deriva de las cuentas.

Dicho todo esto, la aprobación de las cuentas abre ya de manera oficial el periodo de precampaña cara a las municipales. El PSC, tras facilitar el balón de oxígeno, retomo sus labores de oposición firme, tumbando con mayoría el plan piloto de la renta básica y la propuesta de tarificación del agua en el área metropolitana. La ley de medidas establece que sea la Agència Catalana de l'Aigua quien determine el precio en las ciudades de esta zona, mientras que los socialistas, y también Junts, consideran que eso invadiría competencias municipales de los ayuntamientos.

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