El Parlament valora impulsar una reforma para que Laura Borràs no cobre si es condenada

El Parlament sigue esperando con cierta tensión la resolución judicial del caso contra Laura Borràs, después que la semana pasada el juicio quedara visto para sentencia. No se espera el fallo hasta el mes que viene, como mínimo, pero los grupos ya empiezan a prepararse ante posibles escenarios. Si hay condena, lo más urgente será decidir quién ocupa su silla, lo que puede dar pie a unas difíciles negociaciones políticas. Pero más allá de su sustitución, hay otros detalles que no son menores y que ya empiezan a estar sobre la mesa. Por ejemplo, cómo quedan los derechos económicos de Borràs.

Con la ley actual en la mano, los expresidentes de la Cámara pueden cobrar un 80% de su sueldo –de más de 150.000 euros anuales– como mínimo durante los cuatro años posteriores a su cese. También tienen derecho a cobrar una pensión vitalicia del 60% una vez jubilados, siempre que hayan ejercido la presidencia durante más de dos años. Borràs cumpliría los dos años el domingo que viene, pero al haber sido suspendida en julio del año pasado, difícilmente podría optar a esta pensión vitalicia –aunque podría haber un debate jurídico–. A lo que seguro que tiene derecho a día de hoy es a la indemnización del 80%. Lo que se traduciría en más 120.000 anuales hasta 2027.

Por este motivo, algunos grupos ya han empezado a valorar cómo evitar que pueda recibir esta compensación en caso de condena. Borràs ha sido juzgada por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. La Fiscalía la acusa de prevaricación y falsedad documental y ha pedido para ella hasta 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación.

¿Quién está a favor y quién en contra?

Los Comuns son los más beligerantes contra Borràs y, de hecho, han pedido que sea sustituida inmediatamente, antes incluso de la sentencia. Además, aseguran que ya han empezado a estudiar posibles propuestas para evitar su compensación económica. Consideran que sería del todo "intolerable" que la tuviera en caso de ser condenada por unos delitos relacionados con la corrupción. También en el PSC se abren a valorar una reforma para "acabar con los privilegios", pero fuentes del partido consultadas por EL PERIÓDICO avisan que quieren evitar una "iniciativa ad hoc" para la líder de Junts.

Desde Ciudadanos también aseguran que se sumarían a la propuesta, porque consideran "evidente" que una persona "condenada por corrupción no puede disfrutar de estos beneficios", aunque apuestan por acabar con todos lo "privilegios". También el PP apuesta por eliminar directamente la ley que regula las asignaciones y pensiones para todos los presidentes del Parlament. De hecho, es una de las enmiendas que los populares han presentado a la ley de medidas presupuestarias que se vota este viernes. "Si quieren que Borràs no cobre la pensión tienen la opción de votar a nuestra enmienda", aseguran desde el partido.

Por su parte, la CUP ve una "buena señal" que los grupos parlamentarios se "preocupen por combatir la corrupción y los privilegios de los cargos políticos", pero lamentan el oportunismo. En este sentido, recuerdan que los diputados aún no han regularizado sus dietas y que tienen un sueldo "elevado" en relación a la mayoría de la población. "Se necesita un replanteamiento de pies a cabeza", espetan los anticapitalistas.

En cambio, en las sedes de ERC y Junts impera la prudencia. Los republicanos piden "no avanzar escenarios", mientras que el partido de Borràs opta por pedir respeto a la presunción de inocencia, así que no se pronunciarán hasta que haya sentencia.

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