Investigación judicial
El fiscal reclama 16 años de cárcel para un excargo de la Generalitat por corrupción
El exjefe de los servicios de carreteras en Lleida está acusado de aceptar regalos y dinero a cambio de favorecer a una empresa, cuyos directivos también están imputados, al igual que su hija y otro funcionario
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Adjudicaciones de servicios de carreteras presuntamente irregulares a cambio de dinero en metálico, regalos o dádivas. Con esta hipótesis la Fiscalía de Lleida reclama 16 años de cárcel para el exjefe de servicios territoriales de carreteras de la Generalitat en esa provincia, Jordi Benet Llobera, según el escrito entregado en el juzgado que instruye la causa y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La acusación también solicita 13 años de prisión para los directivos de la empresa MYJ Gruas, Jose Maria Gruas Paüls y Miguel Turmo Gruas. Los otros dos imputados son el exresponsable de área de conservación de la delegación de la Generalitat, Baltasar Carlos Rullan Marqués, que se enfrenta a cuatro años de prisión, y la hija de Benet, para quien se pide esta misma pena. Se les atribuye la comisión de diferentes delitos a cada uno, desde cohecho y fraude por gestión desleal, hasta tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental.
La fiscalía vinculó en su día esta sociedad con el 'caso Triacom' de presunta financiación ilegal de CDC que se instruye en la Audiencia Nacional. De la investigación sobre esta presunta trama de Lleida se ha encargado la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos. Este proceso nació a raíz de las pesquisas del 'caso Boreas' sobre supuesta corrupción de funcionarios y miembros de CDC en la concesión de servicios por parte de la diputación ilerdense en la época del dirigente convergente Joan Reñé.
La fiscalía sostiene que Grúas y Turmo utilizaron durante los últimos años sus contactos personales y profesionales" con funcionarios del departamento de carreteras de la Generalitat en Lleida, en concreto Jordi Benet y Baltasar Carlos Rullán, para "beneficiar" a la empresa que gestionaban, tanto en la adjudicación de contratos de conservación de vías públicas al permitir una posición de preferencia, como en "favorecer" el cobro de las facturas de MYJ Gruas "sin hacer las comprobaciones pertinentes". Y todo ello, a cambio, a su entender, de trabajos y dinero en metálico recibidos por Benet desde la citada compañía. Las adjudicaciones bajo sospechas se remontan a 2014 y abarcan trabajos de conservación en dos tramos de carretera en la provincia de Lleida.
Trabajos en una finca y regalos
La acusación precisa que MYJ Gruas realizó trabajos sin facturar y sobre los que "nunca cobró nada" en una finca propiedad del exjefe del servicio de carreteras en Lleida, Jordi Benet, en la localidad de Torrefarrera, en mayo de 2016, para lo que se necesitaron varias horas de operarios y máquinas de desescombros.
Los directivos de esta empresa imputados, incide, también enviaba a este cargo regalos en fechas señaladas ("aguinaldos" en Navidad durante años) o en la boda de los dos hijos del funcionario, por valor de 6.000 euros en cada enlace. Además, siempre según el fiscal, los acusados le entregaban sobre con dinero en metálico. Los investigadores destacan el importante patrimonio forjado por Benet, que era funcionario desde los años 80, consistente en seis plazas de aparcamiento, cinco inmuebles y fondos de pensiones.
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